Por Carlos Samayoa

Usando la temporada navideña como momento clave de distracción general, una vez más el Gobierno del Estado de México recurre a este decadente artificio político para aumentar repentinamente la tarifa del transporte público, sin que ello genere un compromiso de realizar verdaderos cambios para mejorar uno de los peores y más contaminantes sistemas de movilidad del país.

Lejos de implementar un plan de movilidad para el mediano y largo plazo que incluya la formación de corredores profesionalizados, o la creación de redes de infraestructura ciclista de alta seguridad, el aumento a la tarifa deja en claro que la administración de Alfredo del Mazo continúa favoreciendo intereses de una minoría, en un panorama de concesiones irregulares de transporte, de un servicio nada eficiente y de pésima calidad que le ha costado la vida a muchas personas.

Transformar la infraestructura y el sistema de movilidad en el Estado de México es un factor fundamental para resolver problemas tan complejos como la inseguridad en el transporte, la desigualdad existente entre quienes se trasladan en la comodidad de un auto y el hacinamiento de una vagoneta o camión, para disminuir la alta tasa de accidentes viales a causa del mal funcionamiento del transporte público, y por supuesto, para atender la alarmante situación de contaminación ambiental, ante la cual es indispensable reducir el uso del automóvil y favorecer otras alternativas menos contaminantes, como ya está sucediendo en otras ciudades del mundo.

Tanto el Gobernador del Mazo y su secretario de movilidad Raymundo Martínez Carbajal lo saben, pero se doblegan por completo ante la presión de un sector transportista que les ha dado apoyo político, por lo que únicamente se atreven a implementar medidas superficiales.

Según el secretario Martínez Carbajal, el aumento de tarifas obedece a la necesidad de financiar la sustitución de unidades. Y aunque oficialmente el Estado de México no cuenta con un registro preciso de cuántos operadores, ramales o rutas existen, o no lo quieren transparentar, el secretario precisó en una declaración pública que se trata de 42 mil unidades involucradas en este proceso.

Sin embargo, esas unidades continuarán operando sin organización, compitiendo encarnizadamente entre sí para ganar el pasaje, y contribuyendo a generar el caos vial que tanto caracteriza a las calles de Toluca y la zona conurbada del Valle de México. De ahí la exigencia de conformar corredores estructurados y profesionalizados, como el metrobús, al que se niegan a acceder. Más aún, la tecnología de los camiones que se está considerando implementar no contribuye a ofrecer un servicio de alta calidad, en especial porque son unidades inaccesibles para personas discapacitadas o para quienes tienen una movilidad limitada. Tampoco son unidades que hagan frente a la crisis climática ambiental, pues siguen siendo contaminantes. Y mientras el Gobierno argumenta la imposibilidad de hacer cambios profundos, ciudades como Medellín, Colombia, que tiene un tamaño y población similares a Toluca, están respondiendo al cambio climático con una ampliación y transición a unidades eléctricas y de accesibilidad universal. ¿De verdad cree el secretario que con el transporte público que se ofrece, la gente dejará de usar el auto?

Otro de los motivos que argumenta el secretario de movilidad para aumentar la tarifa, fue que servirá para profesionalizar y certificar a los operadores del transporte a través del CONALEP, aleccionando entre 10 y 15 operadores mensualmente. Haciendo un cálculo rápido, si se consideran las 42 mil unidades señaladas, y un promedio de 1.5 conductores por cada una, pues regularmente operan entre 5 am y 11 pm, tendríamos conservadoramente a 63 mil conductores por capacitar. Al ritmo que se indica, la profesionalización de conductores terminaría de efectuarse dentro de 350 años. Algo lento para las necesidades tan apremiantes que existen, especialmente en temas de seguridad vial.

Por otro lado, se señaló el compromiso de implementar kits de seguridad. Sin embargo, es completamente cuestionable que se anuncie con bombo y platillo tal medida como forma de resolver el problema de la inseguridad, considerando que los hechos delictivos son alarmantes y que en los últimos cinco años han ocurrido 474 muertes a bordo del transporte público. Esto sucede regularmente en rutas que no cuentan con infraestructura de estaciones vigiladas y que operan de forma no organizada. Al contrario, basta con advertir que el caso de corredores profesionalizados como el Mexibus ha sido exitoso para reducir totalmente delitos a mano armada. La pregunta es ¿por qué no están haciendo nada para aumentar este tipo de infraestructura en Toluca y el resto de la zona conurbada del Valle de México?

Ciertamente, los argumentos esgrimidos para aumentar la tarifa del transporte público, contienen a todas luces falsas premisas para justificar un abuso. Si el Gobierno del Estado de México se jacta de escuchar a la gente, entonces debería iniciar un diálogo que oriente a generar compromisos serios y de fondo al problema del transporte público, dejando de lado decisiones tomadas en las sombras. Mejorar el transporte en el Estado de México es un asunto de justicia social en el que la ciudadanía tiene que ser considerada y en el que debe participar cada vez más.

*Carlos Samayoa es responsable de los temas de Movilidad y calidad del aire en Greenpeace México

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