En febrero de 2013, cuando arrancó el primer año del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, cientos de civiles de las comunidades de La Ruana y Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente, Michoacán, hicieron público su movimiento armado de autodefensa, hartos de las extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones y otros abusos de los cárteles que se disputaban entonces la zona [Los Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación], y a los que las autoridades locales e incluso las del gobierno estatal, protegían para desplegar su actividad delincuencial.

El levantamiento civil, conformado principalmente por comerciantes, agricultores y ganaderos, ganó de inmediato la simpatía de los michoacanos de esa zona limítrofe con Jalisco, y un año después más de 30 poblaciones de 20 municipios habían conformado sus grupos de autodefensa.

Las balaceras, los muertos y la anarquía, producto de un gobierno local sin control, entonces en manos del priista Fausto Vallejo Figueroa, pusieron en alerta al país, y Michoacán se convirtió en el primer reto de la administración de Peña Nieto para mostrar que su estrategia de seguridad, a diferencia de la que el 11 de diciembre de 2006 inició el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa al sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para combatir al narcotráfico, sí daría resultados.

El 13 de enero de enero de 2014, siete años, un mes y dos días después de que Calderón Hinojosa lanzara su plan de combate al crimen, justo en Michoacán, su tierra natal, un nuevo acuerdo por la seguridad de esa entidad, ahora encabezado por la administración peñista, dio inicio en esa entidad.

Como antecedente, las cifras del sexenio de Calderón Hinojosa en el combate al crimen organizado en esa entidad mostraron que su estrategia contra los criminales, basada en el despliegue de miles de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF), no dio resultados, esto sin mencionar las cientos de denuncias por violación a los derechos humanos cometidas por los integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.

En 2006 se registraron mil 349 homicidios, de los que 661 fueron dolosos y 688 culposos; en 2007 creció a mil 484 homicidios, 527 fueron dolosos y 957 culposos; en 2008 los asesinatos aumentaron a mil 906, de éstos 565 fueron dolosos y mil 341 culposos; en 2009 se dispararon a 2 mil 265, 728 dolosos y mil 537 culposos; en 2010 se registraron 2 mil 29 asesinatos, 661 dolosos y 368 culposos; en 2011 aumentaron a 2 mil 272 homicidios, 773 fueron dolosos y mil 499 culposos, y en 2012 los homicidios bajaron levemente a 2 mil 287, 755 fueron dolosos y mil 532 culposos.

Aun así, y ante la “debilidad institucional” en Michoacán, el gobierno de Peña Nieto activó una Comisión encargada del “restablecimiento” de la seguridad en la entidad, con un enfoque “integral” que buscaba hacer frente al crimen organizado y a la aparición de grupos de autodefensa. Para ello, el Presidente creó por decreto la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, y puso a uno de sus hombres de mayor confianza al frente de la misma: Alfredo Castillo Cervantes.

El Comisionado Castillo Cervantes fue dotado de poderes y de un presupuesto económico que rebasaban por mucho los del propio Gobernador de la entidad Vallejo Figueroa, quien para junio renunciaría al cargo; un mes después, su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fue evidenciado en un video durante una reunión con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, el líder de Los Caballeros Templarios y considerado el enemigo número uno del gobierno federal en la entidad. Actualmente, Vallejo Mora está preso en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, acusado de encubrimiento.

Sin embargo, en un año, el Comisionado Castillo no pudo cumplir la encomienda de pacificar Michoacán y, mucho menos, lograr reactivar la economía de la entidad y dotar de bienestar a sus habitantes.

Los asesinatos y los enfrentamientos entre los grupos comunitarios, convertidos oficialmente en Fuerza Rural, además de la presencia de nuevos grupos del crimen organizado, mostraron que esa estrategia no daba para más. Durante sus 12 meses en el cargo, Alfredo Castillo acumuló críticas y exigencias de renuncia por parte de políticos de oposición, empresarios y ciudadanos que lo acusaron de reactivar aún más la violencia y la desconfianza en el gobierno federal, con decisiones prepotentes, incluidas la acusación y el arresto de inocentes, sus contradicciones e incluso mentiras sobre diversos enfrentamientos violentos, y su incapacidad para detener a los cabecillas del crimen organizado.

Durante el paso de Castillo Cervantes por Michoacán, la tasa de homicidios dolosos mostró un aumento de casi 10 por ciento, comparada con las cifras de 2013, y aun con la presencia de más elementos militares y federales en la entidad.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes ­­–hasta septiembre de 2014–colocó al estado por arriba de la media nacional que es de 42.75 víctimas, tras reportar 84.

Mientras que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que el delito de homicidio doloso pasó de 805 casos en 2013, a 882 en noviembre de 2014.

El 22 de enero de 2015, Alfredo Castillo Cervantes y su Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se fueron de ese estado. Sin reconocer el fracaso, el gobierno de Peña Nieto anunció una nueva estrategia que, esta vez, será conducida por un militar: el general Felipe Gurrola Ramírez, quien queda a cargo de la coordinación de seis mil elementos federales.

Y mientras la estrategia para combatir el crimen sigue siendo prácticamente la misma desde diciembre de 2006, los michoacanos se mantienen con sus mismas preocupaciones y exigencias: frenar la inseguridad que los agobia y detonar el empleo para tener, algún día, una vida digna.

¡Feliz fin de semana!