Redes en favor de los derechos humanos de los migrantes condenaron la violencia ejercida por elementos de las fuerzas armadas mexicanas y del Instituto Nacional de Migración (INM) para contener a la caravana, conformada en su mayoría por personas originarias de El Salvador, que busca cruzar la frontera sur de México con el fin de llegar a Estados Unidos.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- Mientras organizaciones de la sociedad civil denuncian la violencia ejercida por autoridades mexicanas para tratar de frenar el avance de la caravana migrante que busca cruzar el límite entre México y Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos, en la frontera opuesta, en el norte, miles de centroamericanos deportados esperan su audiencia de asilo.

Redes en favor de los derechos humanos de los migrantes condenaron la violencia ejercida por elementos de las fuerzas armadas mexicanas y del Instituto Nacional de Migración (INM) para contener a la caravana, conformada en su mayoría por personas originarias de El Salvador, que busca cruzar la frontera sur de México con el fin de llegar a Estados Unidos.

En tanto, decenas de miles de migrantes, originarios de países del sur del continente, esperan desde hace meses en la peligrosa frontera entre México y Estados Unidos a que el Gobierno estadounidense evalúe su solicitud de asilo, esto al cumplirse un año del programa “Remain in México” (Permanecer en México).

A través de un comunicado firmado por diversas organizaciones de la sociedad civil, denunciaron que la víspera unos 2 mil migrantes que lograron ingresar a territorio mexicano fueron víctimas de actos de intimidación, hostigamiento y persuasión durante varios kilómetros por parte de elementos y vehículos del Ejército y la guardia Nacional

“Los abusos de la Guardia Nacional como estrategia de contención y disuasión del Estado mexicano han quedado registrados por organizaciones de la sociedad civil y periodistas. La evidencia sustenta lo que hemos afirmado: la Guardia Nacional no debe estar involucrada en acciones de control migratorio”, acusaron.

La denuncia señala que, luego de caminar diez kilómetros sobre la carretera Ciudad Hidalgo, al llegar al municipio de Frontera Hidalgo los migrantes se encontraron con un operativo encabezado por la Guardia Nacional que tenía el objetivo de contener y detener a todos los integrantes de la caravana “omitiendo las obligaciones del Estado de identificar a las personas con necesidad de protección internacional y violando el principio de interés superior de la niñez”.

“Personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas fueron testigos de la acción militar de encapsulamiento usada por el grupo antimotines de la Guardia Nacional, así como del uso indiscriminado y dirigido de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés”, señala el documento.

El documento también denuncia los presuntos engaños de autoridades mexicanas para obligar a migrantes a subir a los autobuses, asegurándoles que con ello podrían iniciar el trámite para obtener refugio, algo que no es cierto. También evidenciaron presuntas omisiones cometidas por personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Grupo Beta y los organismos públicos de derechos humanos.

“En el contexto del operativo había aproximadamente 10 personas de protección civil, un Grupo Beta prácticamente ausente y, si bien estaban presentes algunas personas de la Comar, su actuación fue omisa y tergiversada, pues indicaron a las personas que para poder acceder al trámite de refugio debían subir a los autobuses, a lo cual muchos se negaron. Por ello, denunciamos que el Estado mexicano recurre no solo a la violencia, sino al engaño y la manipulación emocional de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional”, acusa el texto.

De acuerdo con organizaciones civiles, el saldo de las acciones implementadas por fuerzas de seguridad mexicanas el día de ayer fue de una persona desmayada, varias personas lesionadas; niñas, niños y personas de la tercera edad con crisis nerviosas, separación de familias y, según la información presentada por el INM, al menos 800 personas detenidas que fueron llevadas a diversos centros de detención migratoria.

Respecto a las condiciones de los centros de detención, dijeron haber recibido testimonios sobre acoso y hostigamiento de la Guardia Nacional contra quienes están ahí detenidos, entre los cuales hay denuncias de posible violencia sexual.

“Consideramos que no es casualidad la negación de ingreso a las estaciones migratorias a las organizaciones que hacen monitoreo y acompañamiento a las personas en situación de detención, tal como ha denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, asimismo se ha obstaculizado la labor de documentación a personas de American Friends Service Committe (AFSC), Formación y Capacitación (Foca) y Voces Mesoamericanas, en el centro de detención “La Mosca” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, señalarón.

Finalmente, las organizaciones y redes firmantes exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador “que cumpla con las obligaciones internacionales de México y establezca una política migratoria y de refugio con enfoque de seguridad humana, la cual reconozca el contexto de crisis de desplazamiento forzado en la región, respete efectivamente los derechos humanos de todas las personas migrantes y con necesidades de protección internacional y se apegue al principio de no devolución”.

LA CRISIS EN EL NORTE

Decenas de miles de migrantes esperan desde hace meses en la peligrosa frontera entre México y Estados Unidos que el segundo país evalúe su solicitud de asilo cuando se cumple un año del programa “Remain in México” (Permanecer en México).

El 25 de enero de 2019 entró en vigor el programa “Remain in México”, que permite al Gobierno estadounidense regresar a ciertos solicitantes de asilo a México, con la connivencia de este país que alegó “razones humanitarias” para aceptar la propuesta, que agudiza la tensión en su frontera norte.

La medida se ha ido ampliando a lo largo del año y actualmente son ocho ciudades mexicanas las que reciben a migrantes. Muchas de ellas, con altos índices de violencia: Tijuana, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros, y más recientemente se ha registrado algún caso en Nogales y Reynosa.

“Para serle honesto aquí tampoco me siento seguro, el día que llegué aquí me atrapó una banda, me tuvieron dos días encerrado en un cuarto y mi familia tuvo que pagar dinero” para liberarme, comentó a Efe el migrante cubano Héctor Henry Fune refugiado en un albergue de la fronteriza Reynosa, en el nororiental estado de Tamaulipas.

Para la hondureña Carmen Vargas, que permanece varada en Matamoros (Tamaulipas) y vive en el puente fronterizo que conecta ambas naciones, la situación es insostenible: “Según ellos (EE.UU.) nos mandan para un albergue, nos mandan que vamos a estar bien pero solo nos vinieron a botar (dejar) ahí, sin un peso, sin nada de ropa y a ver cómo nos arreglamos”.

 UNA ESPERA ETERNA

El tiempo pasa muy lento entre los cerca de 60.000 migrantes que han sido obligados a esperar su turno de audiencia del lado mexicano con la incertidumbre de ser o no ser aceptados para radicar legalmente en Estado Unidos.

“Mi hijo ya se desesperó también, él también se me ha enfermado de estar acá, voy a pensar si espero o no porque no hay buenas noticias, porque la gente va y hay quienes han ido a 3 citas y no les han dado una respuesta agradable”, manifestó a Efe con voz entrecortada la migrante hondureña María Rivas.

Acompañada de su hija de seis años de edad, la mujer alerta de una situación “inhumana” y dice vivir de la caridad.

Además de las condiciones precarias que enfrentan los que participan en el programa, también tiene la dificultad de encontrar y costear abogados con sede en Estados Unidos que los representen adecuadamente.

Según manifestó hace unos meses el congresista estadounidense Henry Cuéllar el pasado año, el 88 % de las solicitudes de asilo son rechazas.

Más de mil kilómetros en línea recta, en Ciudad Juárez -otra urbe fronteriza tristemente conocida por la violencia- el panorama sigue siendo desolador cuando se cumple un año del programa “Permanecer en México”.

Yamileth Ramírez viajó hace seis meses desde Honduras hasta Texas (EE.UU.) y todavía sigue esperando en Ciudad Juárez la cita de una corte migratoria que ha de decidir si se le otorga asilo en el anhelado país vecino.

“Yo le digo al presidente de Estados Unidos que por favor nos dé una esperanza. Y no estar esperando aquí sufriendo, aguantando tantos meses en balde. Que nos dé la oportunidad o alguna esperanza para que podamos seguir esperando”, dijo a Efe Martínez.

Los procesos son complicados y la mayoría de los migrantes denuncian un trato injusto por parte de las autoridades estadounidenses, que se suman a una complicada realidad que les obligó a marchar de sus países de origen.

“Yo me vine de Honduras sola, nada más con una amigo. Pagué pollero y fue muy difícil. (…) Ya se imagina usted el proceso que uno pasa. Que nos den la oportunidad a todos los migrantes porque no nos vamos a jugar a Estados Unidos”, señaló a Efe la migrante hondureña Marisela Flores.

EXPERTOS CRITICAN LA MEDIDA

Aunque el Gobierno mexicano firmó a mediados de junio del pasado año un convenio con varias maquiladoras del norte del país para ofrecer hasta 40.000 empleos a migrantes, la realidad en la frontera dista mucho de ser favorable para este colectivo tan vulnerable.

Iván Jiménez, director del albergue Leona Vicario de Ciudad Juárez, que atiende a un centenar de migrantes, calificó el programa “Permanecer en México” oficialmente conocido como “Migration Protection Protocols” (MPP) de “deshumanizante”.

“Hay familias que van a cumplir un año en su proceso de asilo porque asistieron a una cita ante un juez, que te dedica dos minutos, y te da cita para dentro de dos, tres y cuatro meses”, dijo a Efe.

En este sentido, el director ejecutivo de Human Rights Watch en América Latina, José Miguel Vivanco, tachó de situación “completamente anómala” el que un “número importantísimo de personas” -que él elevó a hasta 80.000- estén en la frontera norte.

“Es una zona del país de alto riesgo, de una fuerte presencia de cárteles, donde están operando precisamente las fuerzas de seguridad y donde hay unos grados de inseguridad absolutamente patentes. Creemos que es una política o una práctica que está en contradicción con estándares internacionales en materia de refugio”, concluyó el experto.

Mientras prosigue esta política, en ciudades como Matamoros o Ciudad Juárez, que en estas fechas puede registrar temperaturas cercanas a los 0 grados, viven en condiciones precarias e incluso en la intemperie.

Tal y como han denunciado ONG como Save the Children o Médicos Sin Fronteras. Esta última organización publicó un informe en septiembre pasado que alertaba que el 45 % de los migrantes que atendió en Reynosa y Matamoros habían padecido algún tipo de violencia durante su ruta.

– Con información de Martín Juárez y César Contreras, EFE