Una escuela en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.

La semana pasada en este mismo espacio, escribía sobre la esperanza que las vacunas han traído hasta nosotros, tras un año de zozobra y dolor. La sensación de que la pandemia está por terminar es, sin embargo, engañosa. Es una falsa percepción que mucha gente comparte por la disminución de casos, la reapertura de tiendas y restaurantes, y el comienzo de la campaña de vacunación en adultos mayores. La combinación, sin embargo, es explosiva porque lejos de ayudar, la confianza puede perjudicarnos en un momento en el que comienzan a circular en nuestro país variantes más contagiosas y letales del virus que muy probablemente se convertirán en predominantes. A los expertos les preocupa, especialmente, la variante que es capaz de eludir la inmunidad otorgada por las vacunas y por las infecciones previas, lo que significa que frente a ella toda la población sería susceptible de contagiarse, nuevamente, aún estando vacunada, lo que nos llevaría de regreso al principio de la epidemia. Esta variante y la “inglesa”, que es más contagiosa y más letal, han sido ya identificadas en México.

Esto nos debería de llevar a acelerar la vacunación y, al mismo tiempo, tratar de frenar su crecimiento con medidas de vigilancia y contención muy estrictas, a fin de evitar o ralentizar su expansión. Debido a esta realidad, este es, sin duda, el peor momento de todos para reabrir la economía en lo que va de la pandemia. Esto porque las reaperturas posibilitan el crecimiento acelerado de los contagios, y en estas condiciones, que las nuevas variantes desplacen a las anteriores.

Es necesario recordar también que la vacunación, para lograr frenar al virus, tendrá que abarcar a una muy alta proporción de la población. Para ello, tendría que ser muy rápida y realmente masiva, cosa que no está sucediendo en nuestro país. De hecho, está lejos de ser una campaña “universal” de vacunación. Aún no se vacuna a todo el personal médico del país, y estamos muy lejos de lograr vacunar a toda la población de riesgo que en México excede a los adultos mayores y abarca a millones de mexicanos que padecen comorbilidades y que incomprensiblemente no están siendo contemplados en el plan de vacunación.

Hay que recordar también que nuestro país optó desde el principio de la epidemia por una estrategia de mitigación y no de contención por lo que no se impusieron restricciones fronterizas, ni se eligió la aplicación masiva de pruebas y seguimientos de contactos por lo que no contamos con herramientas que puedan contener al virus más que los cierres de la economía y del sector educativo, lo que ha frenado, en momentos críticos, los contagios y las muertes y el colapso total del sistema de salud.

Como se sabe, prácticamente todos los estados del país padecen una alta transmisión comunitaria, por lo que padecen, en mayor o menor medida, restricciones. Sí, ha sido muy costoso, pero a este punto nos ha llevado el estado de gravedad crónico en el que vivimos desde marzo pasado. Debido a esto, no hay ninguna posibilidad de que el virus se contenga solo y transitemos al semáforo verde, hasta que no alcancemos la “inmunidad de rebaño” vía la vacunación, lo que debería ocurrir este año si el gobierno logra cumplir sus metas.

Mientras, en nuestro estado actual, de alta transmisión, donde cotidianamente fallecen cientos de personas, no nos queda sino resistir un tiempo más y no caer en la desesperación que sectores de la economía están cayendo al exigir que se eliminen las restricciones.

Es debido a nuestra circunstancia actual, que he descrito aquí, muy grave el reciente amago de la Asociación de Escuelas Particulares (ANEP) de reabrir las escuelas privadas a partir del primero de marzo, irresponsablemente, violentando los ordenamientos de las autoridades sanitarias y amenazando con desobedecer el semáforo epidemiológico.

El problema es muy serio y las autoridades tendrían que atenderlo a la brevedad, porque ningún particular puede, no sobra decirlo, desobedecer las normas que la autoridad ha emitido. El daño que podrían causarle a la población es muy grave, si se les permite ignorar que prácticamente en ningún estado las escuelas pueden reabrir, sin arriesgar la vida de miles de personas y propiciar un aumento acelerado de la epidemia en un contexto crítico, como ya se ha dicho. La irresponsabilidad, de tintes criminales, tendría que encontrarse con un freno tajante por parte de la autoridad así le sea costoso. Convertir a niños y a sus familias en rehenes de dueños de escuelas sería una total barbaridad.

El gobierno es el encargado de la salud pública y como tal no puede permitir que se exponga a niños, adolescentes y personal académico y sus familias, que han logrado estar protegidos durante toda la pandemia del contagio del virus, mientras se posibilita la transmisión acelerada de las nuevas variantes, a través de nuevos focos epidémicos. Precisamente porque las escuelas han estado cerradas prácticamente toda la epidemia, no se suele tener conciencia de que ha sido debido a esta medida que la tragedia inconmensurable que hemos padecido, no ha sido mayor.

A diferencia de otros países, en México los niños y adolescentes no han padecido de manera masiva al coronavirus y los efectos en su salud. Contrario a los que se decía en los primeros días de la epidemia, ahora sabemos que el virus puede producir en ellos enfermedad moderada y severa y que incluso los casos leves y asintomáticos pueden dejar secuelas incapacitantes. En los países donde se volvió predominante la variante “inglesa”, se han reportado tasas de alto contagio y también un crecimiento en las hospitalizaciones en niños. Incluso, se han tenido que abrir terapias intensivas pediátricas en hospitales, como es el caso de Israel.

El amago de reabrir las escuelas, violentando las disposiciones gubernamentales, es pues, un atentado muy serio contra la salud y la vida de miles de niños, adultos y comunidades enteras, así como contra el Estado mismo. Denota que los dueños de escuelas privadas no han entendido la naturaleza de la epidemia, y que, peor aún, no les importa arriesgar la salud y la vida de los niños y personal docente.

Lamentablemente, la amenaza parecería responder a la política del gobierno de la Ciudad de México que recientemente se dejó avasallar por grupos de presión para reabrir negocios, enviando el mensaje de que las disposiciones de salud se pueden trasgredir, si se negocian. No es extraño, pues, que otros negocios estén intentando seguir el mismo camino.

En este caso, sin embargo, hablamos de una amenaza nacional, mucho más grave y que debe ser atajada rápidamente por las máximas autoridades del país.

La Secretaría de Educación y la de Salud están obligas a hacer respetar una medida que es esencial para conservar la salud y la vida de los niños mexicanos y la viabilidad de la vacunación. No hacerlo sería no solo inadmisible, sino absolutamente criminal.