El Jefe del Ejecutivo federal dijo declaró “el fin de la guerra contra el narco” a finales de enero pasado. Al mismo tiempo profundizó en la estrategia militarista de seguridad pública con la aprobación de la Guardia Nacional el pasado 21 de febrero, Guardia que, aunque tenga un mando civil, estará integrada en su mayoría por elementos del Ejército y la Marina, responsables del muchas de las violaciones de derechos humanos en pasados ejercicios. En materia de regularización, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la legalización de la mariguana y la Suprema Corte de Justicia la Nación emitió cinco resoluciones que permiten su cultivo.

¿Qué hacer entonces con los cultivos de amapola, materia prima del opio, y cuyo precio se ha desplomado, afectando a miles de familias rurales en Guerrero? Ese el nuevo debate. Mientras tanto muchas violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas a manos de militares siguen en la impunidad.

Costa Chica de Guerrero, 24 de marzo (SinEmbargo).– Desde lo alto de San José Rancho Limón, en Tlacochislahuaca, se despliegan las montañas escarpadas de la Costa Chica de Guerrero. El agrietado camino que conecta esta comunidad con la cabecera municipal impide velocidades mayores a 15 kilómetros por hora. Cloquean guajolotes y gallinas, y el humo de las casas endurece el adobe. Enfrente de la cancha se reúnen en asamblea los comuneros. Un voluntario del nuevo Gobierno federal levanta encuestas para el censo rural. Tomamos asiento, tañen las campanas y el comisariado llama a las mujeres para que podamos hablar con ellas.

A este lugar en apariencia tranquilo llegaron el 11 de marzo de 2018 alrededor de 100 soldados del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande, en Guerrero, un estado marcado por la militarización. Buscaban cultivos de amapola, materia prima del opio. Como habían hecho los comuneros de la comunidad vecina de Juquila Yucucani unos días antes, las mujeres de San José se opusieron a la presencia del Ejército en sus tierras y salieron a defender sus cultivos. Esta fue la primera vez que una comunidad indígena de la montaña de Guerrero defendía abiertamente su derechos a cultivar amapola y marcó un parteaguas en la práctica en el país.

“Dos días después de que los habitantes de Juquila Yucucani expulsaran a los soldados, regresaron con más fuerzas. Al anochecer, de manera prepotente pasaron sobre nosotros y echaron a andar hacia este rumbo. En la mañana, empezaron a entrar en las parcelas de milpa y a destruirla”, cuenta Juana Vázquez Ramírez rodeada de otras mujeres y niños de la comunidad; Paulino Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan, traduce del tunsavi al castellano. “Salimos a la carretera, estábamos impidiendo que pasaran, llegaron más personas de la comunidad vecina. Santiago Sánchez [uno de los líderes agrarios y de los pocos que habla español] fue a hablar con ellos, pero en ese momento nos aventaron a la orilla de la carretera, nos empujaron con palos”, añade Vázquez Ramírez.

Los soldados las forzaron a caminar durante más de siete horas bajo el sol, arrojando sus huaraches al barranco e insultándolas “Si las arriamos como animales es por su culpa”, les dijeron. Cuando trataron de pararse a beber, lo impidieron. “Algunas señoras embarazadas habían sido golpeadas. Una compañera llevaba cargando a su niño fue azotada en el estómago y hasta ahora sigue acostada en su casa”. La memoria de décadas de agresiones por parte del Ejército se avivaba en la piel.

Juana Vázquez narra uno de los asaltos militares a su comunidad: “Salimos a la carretera, estábamos impidiendo que pasaran, llegaron más personas de la comunidad vecina. Santiago Sánchez fue a hablar con ellos, pero en ese momento nos aventaron a la orilla de la carretera, nos empujaron con palos”. Foto: Lenin Mosso, SinEmbargo

Días después de las agresiones, el 23 de marzo, varios soldados se presentaron en la comunidad con comida y medicinas. A pesar de la necesidad, la población las rechazó.

Con ayuda legal del CDHM Tlachinollan, los vecinos de San José Rancho Limón y Juquila Yucucani interpusieron una queja contra Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), elementos del 48 Batallón de Infantería, la Secretaría de Salud federal (SSa) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A casi un año de los hechos esta queja no ha prosperado y la CNDH amaga con dar carpetazo a la investigación porque los habitantes siembran amapola y porque la Fiscalía General de Justicia Militar ha abierto una investigación interna por las agresiones. Esto a pesar de que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han resuelto que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas contra civiles han de ser juzgados por tribunales civiles, no por tribunales castrenses.

Con apoyo del CDHM Tlachinollan, los vecinos de San José Rancho Limón y Juquila Yucucani interpusieron una queja contra la Sedena, soldados del 48 Batallón de Infantería, la Secretaría de Salud y la SEP, por la agresión a sus comunidades; a casi un año la queja no ha prosperado. Foto: Inés Giménez, SinEmbargo

POBREZA ESTRUCTURAL Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La violencia contra la población en Yucucani y San José es mucho más profunda que estos eventos. En su última encuesta –del año 2010–, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) consideraba que de los 19 mil 942 habitantes que habitan el municipio de Tlachochislahuaca, el 66.6 porciento viven en pobreza extrema y el 23.6 % en pobreza moderada. El 90.3 por ciento tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar.

A cinco y seis horas de camino de la cabecera municipal, o a tres horas del de Putla, en la vecina Oaxaca, en Yucucani y en San José, estas cifras de pobreza son todavía mayores. La comunidad adolece de acceso a servicios de salud, vivienda, educación y alimentación. Algunas mujeres mueren al dar a luz. A veces, enfermedades prevenibles y curables, como gastritis, problemas de vesícula o gripa, resultan fatales para niñas y niños. Así que sus medios de vida son dos: migrar para vender su mano de obra barata como jornaleros y sembrar amapola; pero ambas opciones se han recrudecido.

Con el aumento securitario en el muro, lo primero cuesta ahora unos 180 mil pesos (7 mil dólares aproximadamente), en vez de los 2 mil dólares de hace unos años. Por otro lado, los precios a los que se compra la goma de opio cayeron a finales de 2017. Si antes el gramo de goma se pagaba a 20 pesos, ahora éste no supera los 6 pesos el gramo. Así que tras la siembra, el riego, el cuidado de las matas (con la compra de fertilizantes y vitaminas) y el rayado de los bulbos, las familias que cultivan amapola apenas sacan 600 u 800 gramos, y si logran cosechar un kilo pueden ganar unos 8 mil pesos (350 euros) al año.

Esto se atribuye a la entrada de fentanilo, un opioide sintético mucho más barato y unas 30-50 veces más potente que el opio, pero también más inseguro: su expansión por Estados Unidos causando más de 70 mil muertes por sobredosis sólo en 2017.

La bajada de los precios de amapola se resiente en las familias, que este año volvieron a cultivar maíz donde otros años sembraban amapola. Comprarlo resulta muy caro. Es algo que conocen bien las mujeres y cabezas de familia encargadas de abastecer el hogar: “Un bulto de maíz de la tienda de Conasupo [Compañía Nacional de Subsistencias Populares] cuesta 450 pesos, pero el maíz criollo cuesta más de 500 pesos ¿y quien va a poder comprar eso si somos varios integrantes?”, destaca Celia Cruz, mientras nos convida a un caldo de pollo con quelites.

Luego de la siembra, el riego, el cuidado de las matas (con la compra de fertilizantes y vitaminas) y el rayado de los bulbos, las familias que cultivan amapola apenas sacan 600 u 800 gramos, y si logran cosechar un kilo pueden ganar unos 8 mil pesos al año. Fotos: Arriba: Lenin Mosso; abajo: Inés Giménez, SinEmbargo

CULTIVAR, RESISTIR Y SORPRESA MILITAR

La Sedena estima que en el estado de Guerrero (principalmente en la Sierra, pero también en la Montaña) está el 60 por ciento de la producción de opio nacional. Antes las y los campesinos indígenas que cultivaban amapola se escondían frente a la presencia de los militares, pero esto está cambiando. Esto resulta sorprendente hasta para los propios solados rasos. Aunque estas plantas sigan penadas bajo la Ley Federal de Salud y el Código Penal Federal, ahora muchas comunidades hacen frente a los guachos, como son conocidos los militares en la región, que vienen a destruir las plantas.

En medio de un bloqueo carretero, comienza a hablarme de manera aparentemente fortuita un hombre joven. Está oscuro, se respira el aire limpio de la montaña. Al principio desconfío. Este lugar es fermento de oídos, les llaman orejas. Luego pienso que, al fin y al cabo, estoy reporteando pobreza. Le dejo hablar y asiento. Está destinado en Guerrero desde hace nueve meses.

–He andado en todo el estado de Sinaloa y Durango y allí (los campesinos) no se acercan, sí nos dejan destruir los cultivos (de amapola y marihuana). Tienen miedo de que  uno les vaya a hablar… ese miedo tiene que ver con el pasado, supongo; pero aquí en Guerrero la gente protesta.

–¿Dónde, cómo protesta?

“Hemos ido a Escalerilla, a Zapotitlán; a Cerro Verde, por la Sierra… Por Metlatonoc y por Cahuañaña. Una vez éramos 18 y aún así salieron dos mujeres con palos a pegarnos, hablaban en dialecto (sic), no les entendíamos, a mi me daba risa, seguimos trozando y luego dejamos un pedacito. Es violento que no podamos hacer nuestro trabajo, ojalá comprendieran que sólo es nuestro trabajo, como ellos tienen el suyo. Si se legalizara la marihuana el precio caería y nosotros ya no andaríamos como locos destruyendo cultivos en la sierra”, concluye este soldado, que prefiere mantenerse en el anonimato.

“He andado en todo el estado de Sinaloa y Durango y allí (los campesinos) no se acercan, sí nos dejan destruir los cultivos (de amapola y marihuana). Tienen miedo de que  uno les vaya a hablar… ese miedo tiene que ver con el pasado, supongo; pero aquí en Guerrero la gente protesta”, dice un militar. Foto: Inés Giménez, SinEmbargo

Después, en el autobús de línea hay otro guacho. Es muy joven, supera los 18 años. Habla con su mamá por teléfono. Ha pasado las pruebas físicas para entrar en el Ejército. “Está muy bien pagado, me pagan por no hacer nada, por estar quieto en el retén”, le dice.

Se atribuye a la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa la llamada “guerra contra las drogas” de la Iniciativa Mérida, que, entre 2008 y 2017, implicó la inversión de más de 2 mil 800 millones de dólares estadounidenses para  equipamiento bélico-militar de la Secretaría de la Defensa Nacional de México e incrementó el control de fronteras y reforma de sistemas de justicia. Pero el narcotráfico se ha considerado una amenaza a la Seguridad Nacional desde los años ochenta y la injerencia de Estados Unidos en la política militar mexicana se remonta varias décadas.

Ya en 1966 se llevó cabo el Plan Canador y en 1977 se puso en marcha el Plan Condor, la primera estrategia de erradicación de gran envergadura a nivel hemisférico: se desplegaron 10 mil militares para la destrucción de cultivos en el Triángulo Dorado [que comprende a Sinaloa, Sonora y Durango], como más o menos (sólo más o menos) cuenta la temporada mexicana de Narcos, la serie de la multinacional Netflix.

AGRAVIOS Y AGRESIONES MILITARES HISTÓRICAS

En la Montaña de Guerrero, los guachos no son queridos. La memoria de la Guerra Sucia, de Aguas Blancas, levantamientos, cateos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, allanamientos, detenciones arbitrarias, desplazamientos, su responsabilidad (al menos por omisión) en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y un largo etcétera deja una estela negra en la memoria. Lo que la gente calla, lo hablan las piedras.

También en Juquila Yucucani, en cuya Comisaría se ha reunido una asamblea para discutir asuntos comunitarios y recibirnos, tienen un mensaje claro: “En presencia de ustedes pedimos de que aquí no queremos ver más a los militares.”

Varias mujeres y hombres van llegando, unos se van, otros permanecen. Se hace un círculo, los niños juegan, y los más pequeños cuelgan del rebozo de sus mamás. De nuevo se precisa traducción. Toma la palabra Cruz Juárez Luna, uno de los principales de la comunidad. Guarda una memoria detallada de los acontecimientos pasados.

“En 1988 los militares empezaron desde el río tirando balas hasta llegar aquí a la comunidad. Se comían lo que encontraban a su paso, pollos, chivos, venados. En aquel entonces las casas eran de madera y zacates, les prendían fuego y las incendiaban”, dice. Mueve sus manos, señala el pueblo, endurecido por el polvo y el calor.

“De la capilla de la comunidad hicieron su corral, ahí metieron sus caballos. En esa ocasión nos vimos desplazados. Varios de nosotros nos fuimos a San José Yosocañu, otros nos fuimos para Putla, a los Mesones, por el Rancho, por la Trinidad… Nos regamos”, narra.

La gente asiente. La traducción se antoja fiel. Se habla de violaciones sexuales a las mujeres, recuerdo hiriente de un pasado que yace enterrado en un denso silencio.

Son muchos los rumores que cuentan que fueron los militares quienes introdujeron la semilla de amapola. “El cambio empezó a darse después del desplazamiento forzado que hubo aquel año. A los dos ó tres meses algunos regresamos, por arraigo a la tierra y a la casa de nuestros abuelos, pero desde aquel entonces a mucha gente le entró el temor de no querer venir aquí, los militares venían constantemente, se empezó a dejar de sembrar el maíz”.

Y cuando la amapola ya estaba dentro los militares llegaban y acampaban por la vereda del pueblo. “Nos amenazaban con que fuéramos a acarrear su agua, su leña… y sino queríamos hacerlo nos apuntaban con las armas. Si nos encontraban en el campo nos obligaban a bajarnos los pantalones y nos revisaban hasta los testículos para, ellos según, ver que traíamos”, continúa Cruz Juárez. “Cuando llegaban donde la familia tenía su cría de pollo o de guajolotes, sin lástima agarraban unas varas de 5 ó 6 metros, y se los traían”.

“En 1988 los militares empezaron desde el río tirando balas hasta llegar aquí a la comunidad. Se comían lo que encontraban a su paso, pollos, chivos, venados. En aquel entonces las casas eran de madera y zacate, les prendían fuego y las incendiaban”, dice Cruz Juárez. Fotos: Arriba: Lenin Mosso; abajo: Inés Giménez, SinEmbargo

“Robaban chivos y se los comían; petates, machetes, servilletas o vestimenta, ropa… todo lo amontonaban y lo quemaban, dejaban sin nada a la gente”.

En 1999, los militares desaparecieron a un compañero y mataron a dos vecinos. Se armó una comitiva y sus cuerpos fueron recuperados en Acapulco. Aunque el Ejército admitió los muertos y su responsabilidad en los sucesos, nadie fue juzgado. El caso quedó impune.

Hace dos años, en marzo de 2017, un helicóptero Bell 202 fue atacado a tiros por la zona [en Putla, Oaxaca, según los habitantes de Yucucani; y en Yucucani, según los de Putla]. Poco después, los habitantes de Yucucani, hartos de las promesas de campaña incumplidas del presidente municipal, Juan Javier Carmona, lo metieron en la cárcel. Una Comisaría, una Iglesia, pavimentación de las calles, un centro de salud, una ambulancia y mejora de los caminos eran sus reclamos. “Entonces, cuenta Áron Díaz Salazar, abogado del CDHM Tlachinollan, “es cuando se conoció ese pueblo del que nadie hablaba”.

Mientras tanto, y a pesar de la disminución de la siembra, la erradicación de cultivos en la montaña de Guerrero ha continuado, y en algunos municipios, como Acatepec y Zapotitlán, este año fue principalmente aérea, ocasionando no sólo daños a los cultivos de amapola, sino también a parcelas de maíz, plantas frutales de mamey, toronja, plátanos, mangos, granadilla, garbanzos, huertas de café, de aguacate y criaderos de peces. Esto a pesar de que la Sedena, en oficio escrito, planteó al CDHM Tlachinollan que “el químico que se utiliza para fumigar la amapola no daña cultivos alimenticios”.

En este contexto, más de cuarenta comisarios de Zapotitlán y Acatepec se reunieron para interponer una queja, venciendo el miedo de arrestos y penalizaciones históricas por sembrar.

“Si vas limpiar la milpa la huerta o la amapola te pagan 80 pesos, eso no alcanza, si fuera 150 o 200 para poder alimentar la familia. Muchas bocas para alimentar es lo que se da aquí en Guerrero”, dice el comisario suplente de una comunidad de Acatepec, indicando que hacía 18 años que el Ejército no fumigaba en helicóptero, pero que este año pasó, destruyendo no sólo la amapola sino “árboles frutales, el agua, estanques de peces”.

Además, obviamente, el Ejército destruyó los cultivos de amapola, que tanto esfuerzo y trabajo conllevan, una inversión que recae fundamentalmente en los campesinos ya empobrecidos por el desplome del precio de la amapola. Para sembrarla “tienes que empezar desde la deshija, desde la siembra, escarbar, ablandar la tierra, quitar todo el pasto, meterle líquido , porque como llega mucha plaga también eso, meterle vitaminas, abono, mangueras, separar las plantas, y como son plantitas chiquitas hay que agarrar una por una y es bien laborioso… se necesitan peones, el jornal diario antes estaba a 150 pesos, ahora a 50”, cuenta un vecino de una comunidad de Zapotitlán.

ALTERNATIVAS A LA ERRADICACIÓN DE CULTIVOS

Los pobladores buscan  un mercado regulado de amapola en el que el Estado se haga cargo de la distribución; la otra, un bono compensatorio para desincentivar la producción.

“Si el gobierno no quiere que trabajemos en la siembra del cultivo pues que aporte un programa de 10 mil pesos por niño, para así comprar los libros, mochilas, alimentos, vestidos”, dice Santiago Sánchez. “La otra alternativa es que nosotros sembremos, y que el gobierno venga a ver qué cantidad estamos cultivando, la recoja y se encargue de hacer lo que tenga que hacer con la droga. Igual que se compra el maíz…”, añade.

Esto lo plantea conocedor de algunos rumores sobre iniciativas de legalización de cultivos de amapola, como la que hicieron diputados del Partido Ciudadano en 2016, y en 2018. En ella planteban la “regularización del cultivo, producción y comercialización de papaver somniferum o adormidera con fines científicos y medicinales, para atender la crisis en el acceso de medicamentos controlados para los pacientes que requieren de cuidados y paliativos; además de contribuir a frenar la violencia producto del prohibicionismo”.

“La otra alternativa es que nosotros sembremos, y que el gobierno venga a ver qué cantidad estamos cultivando, la recoja y se encargue de hacer lo que tenga que hacer con la droga. Igual que se compra el maíz…”, dice Santiago Sánchez. Foto: Lenin Mosso, SinEmbargo

Esta propuesta, que vio luz verde en el Congreso local pero que tiene que ser discutida a nivel federal, también consideraba que la legalización y la regularización también generaría “que los agricultores que la cosechen reporten ingresos fiscales, se genere un aumento de empleos formales… y que los grupos delincuenciales disminuyan al ser reconocidos los productores, comerciantes y empresarios de un sector con mercado legal”.

En este sentido, a fines de febrero se realizó en el Senado de la República, el foro “Regulación de la amapola: retos y perspectivas”, auspiciado por el Senador priista Manuel Añorve Baños y en el que participó, entre otros representantes de bancadas políticas, Miguel Ángel Osorio Chong, para discutir la conveniencia o no de la regulación de la amapola.

Para varias organizaciones de derechos humanos guerrerenses creer que la legalización es la panacea y que con ella se acabará la violencia resulta un poco ingenua. Por un lado, el que producto sea legal no garantiza que no se trafique con él. Por el otro, las brechas de trabajo informal son inmensas. Además, en la actualidad, más violenta que la disputa territorial por el control de las rutas de amapola es la disputa por los territorios mineros del Cinturón Dorado, en la región norte del estado, lo que es una mina de oro y sangre.