Redacción/SinEmbargo
24/04/2014 - 12:00 am
La SSPDF, encapsulada en sus errores
En 14 meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) se ha ganado el crédito de ser una de las más represivas del país, producto del mal desempeño y la evidente falta de preparación de sus elementos, particularmente en la vigilancia y control de manifestaciones públicas. Su polémica táctica de encapsulamiento –que no […]
En 14 meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) se ha ganado el crédito de ser una de las más represivas del país, producto del mal desempeño y la evidente falta de preparación de sus elementos, particularmente en la vigilancia y control de manifestaciones públicas.
Su polémica táctica de encapsulamiento –que no es otra cosa que acorralar a quienes protestan hasta rodearlos en un área limitada– ha generado que, además de a los manifestantes, se agreda y encarcele a personas que transitan por las calles de la Ciudad de México y nada tienen qué ver con las marchas, así como a miembros de la prensa e incluso visores de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y de la propia Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Los elementos policiacos han hecho mal uso de la fuerza pública al ostentar su poder frente a los ciudadanos –sean manifestantes o no–, ya sea al insultar, provocar, golpear a diestra y siniestra, e incluso acusar falsamente a detenidos.
La falta de sanciones de sus jefes o de los responsables de más alto nivel, en este caso del titular de esa dependencia Jesús Rodríguez Almeida, ha alentado esas conductas claramente violatorias de los derechos humanos y por las que la dependencia ha sido reconvenida, una y otra vez, por ONGs nacionales y extranjeras, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la CDHDF.
En febrero pasado, tras sus recurrentes fallas de estrategia para conducir en paz las marchas o contener a quienes verdaderamente infringen la ley en las manifestaciones que cada semana se producen en la capital del país, Rodríguez Almeida se comprometió, ante Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF, y de Jesús Peña Palacios, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay, que todos los integrantes de la SSPDF se someterían a evaluaciones para resarcir errores.
También en esa ocasión, el funcionario afirmó que se evaluaría el desempeño diario de los policías para “garantizar el disfrute de los derechos de la ciudadanía” y hasta presumió que la Policía de la Ciudad de México es, a nivel nacional, la primera en incorporar la perspectiva de derechos humanos en su engranaje.
Pero la luz de los hechos evidencia que las autoridades encargadas de la seguridad en la capital del país se han encapsulado en un problema al que, para superar y resolver, no sólo le hace falta inversión sino algo aún más importante: voluntad política.
Ayer, la CDHDF emitió un informe en donde aseguró que la respuesta de los agentes de policía capitalinos a los “manifestantes pacíficos” de la marcha contra la censura en Internet fueron “empellones y golpes”, e incluso personal de ese organismo también fue víctima de agresiones, aun cuando estaba identificado.
“Mientras algunos inconformes intentaban ser asegurados por elementos de la SSPDF y eran golpeados para tal efecto, nuestro personal fue ‘encapsulado’ e impedido materialmente para realizar su labor de observación y documentación de la actuación policial”, denunció.
Rodríguez Almeida respondió con un argumento que deja mucho qué desear para un funcionario de primer nivel: los elementos de la corporación “actuaron por su cuenta”.
Los hechos de esa noche, dijo el desmemoriado jefe policiaco, “nunca” han sucedido en la actual administración del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que preside Miguel Ángel Mancera Espinosa.
“Nunca habíamos tenido una problemática similar a la de ayer [el martes], en la que algunos elementos de forma personal realizaron ese tipo de conductas, a pesar de que no se les dio la orden de detener personas ni vulnerar derechos humanos ni de violar los protocolos de actuación”, dijo.
Pero, para información de Jesús Rodríguez, la Policía del DF suma en estos primeros 14 meses de la actual administración, más quejas, señalamientos e investigaciones de los que se han realizado en al menos los últimos dos sexenios.
La respuesta, entonces, no es culpar y zafarse del último eslabón de la cadena, sino dar la cara, reconocer los errores y echar a andar, cuanto antes, una estrategia de solución. Porque, como va el país y con las protestas que seguramente se seguirán dando contra las políticas del gobierno de Peña Nieto, y el de Mancera Espinosa, la ineficiencia de la SSPDF puede degenerar en tragedias aún más grandes.
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