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Gustavo de Hoyos Walther

24/05/2022 - 12:03 am

Acoso al INE

La realidad política global hoy es que existe una guerra contra cuerpos autónomos cuya misión fundacional es limitar el poder de los autócratas.

En todo el planeta los populismos autoritarios tienen como objetivo el desmantelamiento de las instituciones liberales y republicanas: de la Turquía de Recep Tayyip Erdogan a la Hungría de Victor Orbán, de la Rusia de Vladímir Putin a la India de Narendra Modi. 

La realidad política global hoy es que existe una guerra contra cuerpos autónomos cuya misión fundacional es limitar el poder de los autócratas.

Desgraciadamente tenemos que contar a México en el grupo de los países que padecen regímenes autoritarios. En lugares como Hungría el blanco ha sido, sobre todo, el Poder Judicial. En México el régimen ha fijado como objetivo de sus ataques a lo que considera su ballena blanca: el Instituto Nacional Electoral.

El asedio al INE parece provenir de varios flancos. Uno de los más recientes ocurrió apenas el pasado 20 de mayo, cuando la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México presentó un proyecto de dictamen para que se reformen diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Las noticias no son halagüeñas. Resulta difícil no concluir que se trata de una tentativa por desmantelar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en Io que parece un ensayo previo a la pretensión de eliminación del INE, tal y como lo conocemos.

Lo que inmediatamente llama la atención es que se propone eliminar cualquier mención al INE en la propuesta de codificación local electoral. Algo gravísimo, pues indicaría que, de acuerdo con la visión del órgano legislativo de la ciudad controlado por el oficialismo, el INE no existirá en el futuro cercano. 

Destacan dos propósitos en este intento de reforma: la precarización de los procesos e instituciones democráticas, bajo el argumento de ahorrar recursos, y la tentativa de concentrar el poder en el Gobierno central, al desmantelar cuerpos autónomos.

La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 46 reconoce al IECM como un organismo autónomo de carácter especializado e imparcial y con personalidad jurídica y patrimonios propios, que cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna.

Es clara, entonces, la vocación de autonomía del órgano electoral en la Ciudad de México, como sucede en este tipo de órganos en el país.

No obstante esto, bajo la premisa de austeridad, se busca adelgazar la estructura para concentrar todo en pequeñas áreas, sin capacidad técnica y operativa. Incluso se pretende desaparecer comisiones, que actualmente no generan costo alguno para el Instituto, pues únicamente son mecanismo de supervisión que buscan democratizar las decisiones. La estructura propuesta es centralizadora y piramidal. 

De acuerdo con un documento preparado y dado a conocer por los consejeros del IECM, el nuevo Código propone eliminar referencias a las siguientes áreas técnicas: Unidad Técnica de Fiscalización, Centro de Formación y Desarrollo, Unidad de Vinculación con Organismos Externos, Unidad de Género y Derechos Humanos, Unidad de Archivo, Logística, y Atención a Órganos Desconcentrados. 

La intención es que estas áreas administrativas se centralicen. Por ejemplo, se propone desaparecer la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización que es un órgano con Autonomía Técnica y de Gestión para en su lugar crear una entidad dependiente de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. 

Este cambio atentaría contra la naturaleza misma de la fiscalización, que requiere de órganos con suficiente autonomía para poder poner en cuestión actividades de los órganos fiscalizados que se consideren inapropiadas. Pero esto no sería posible si un cuerpo fiscalizador depende de la propia estructura que va a fiscalizar.

Otros ejemplos de concentración de autoridad es que la Junta Administrativa tendría diversas facultades que antes correspondían a las unidades que se pretenden eliminar, como la gestión de calidad electoral. 

De acuerdo con la propuesta de los legisladores el IECM también perderá la facultad de crear unidades técnicas para su adecuado funcionamiento, subordinándose, así, al Poder Legislativo.

Los cambios propuestos parecen tener origen en serias discusiones que ha tenido el IECM con el Congreso de la Ciudad de México por la falta de asignación de los recursos suficientes para cubrir sus actividades. 

El objetivo último de la propuesta es subordinar y hacer dependiente al órgano electoral autónomo de la ciudad de la legislatura.

Cuando el escritor Oscar Wilde escribió que el cínico era alguien que conoce el precio de todo y el valor de nada estaba describiendo el espíritu de la austeridad obradorista. Curioso que un Gobierno que critica el materialismo, mida todo en pesos y centavos. Seamos claros: la democracia es un valor que no puede simplemente reducirse a un asunto presupuestal. A pesar de ello, como lo señalan los propios consejeros, el presupuesto del IECM ha disminuido en el último lustro en un 37.52 por ciento, en un intento de racionalización de recursos. 

Pero la austeridad selectiva del régimen obradorista no tiene como objetivo simplemente ahorrar recursos, sino que va de la mano con una concepción autoritaria del poder refractaria a la fiscalización y al control ciudadano.

Esta iniciativa va a ser puesta a discusión del Congreso de la Ciudad de México esta semana. Es necesario que la sociedad civil organizada ponga atención a los debates que ocurran en el seno del Congreso de la Ciudad. Mucho está en juego.

Gustavo de Hoyos Walther
Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).
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