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Rubén Martín

24/06/2018 - 12:00 am

Aguas nacionales, cartografía de su privatización

El contrate de los mapas de las cuencas donde Peña Nieto decidió levantar vedas coinciden, no por casualidad, con los territorios donde se asientan las principales dinámicas de acumulación de capital que se despliegan actualmente en el país.

“Los decretos del 5 de junio, no fueron firmados en el primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial, pero sí en medio de las campañas, y orientados a garantizar suministro de agua a todas las dinámicas de acumulación de capital favorecidas en los gobiernos neoliberales”. Foto: cuartoscuro

Dos asuntos se comentaron y discutieron de manera masiva en México la semana pasada: el papel de la Selección de futbol en el Mundial y el riesgo de la privatización del agua en nuestro país. Enhorabuena que un tema esencial para toda sociedad se difundió y discutió casi a la par del espectáculo mediático de la participación de la Selección Mexicana.

El debate sobre el riesgo de la privatización de las aguas nacionales se detonó por la solitaria nota de Angélica Enciso L. de La Jornada (15 junio 2018) que daba cuenta de la firma de los diez decretos del Presidente Enrique Peña Nieto cambiando vedas por reservas de agua en 295 cuencas de 756 que existen en el país (equivalentes a 55 por ciento de aguas superficiales), el posicionamiento del colectivo “Agua Para Todos” y algunas opiniones, entre ellas mi columna de la semana pasada aquí en SinEmbargo (“En medio de campañas, privatizan el agua “) que tuvo como destino la viralización en redes sociales, y su traspaso a medios convencionales.

En esa columna enfaticé que estos cambios ocurrían mientras una mayoría se entretenía en las elecciones y en el Mundial de futbol. De modo inexplicable, pero equivocado, muchas entradas en redes sociales escribieron que los decretos se firmaron mientras la selección mexicana jugaba contra la alemana. Por supuesto, esto fue falso.

Lo importante, lo sustancial, es si los decretos firmados por el Presídete Enrique Peña Nieto el pasado 5 de junio y publicados en el Diario Oficial de la Federación un día después, apuntan o no hacia la apropiación privada de las aguas nacionales. Como cabía esperar, el Gobierno de Peña Nieto negó la privatización de las aguas nacionales. El lunes 18 de junio, un día después de que la versión sobre la privatización circulaba en redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un comunicado en el que afirmó que los “Decretos de reserva de agua NO privatizan el agua” (sic).

El director del organismo, Roberto Ramírez de la Parra fijó la postura oficial en un debate que sostuvo con Pedro Moctezuma de la coalición “Agua Para Todos” el jueves 21 de junio en el noticiero de Carlos Loret de Mola, en Televisa. Ahí el titular de Conagua afirmó que los decretos firmados por Peña Nieto no afectan derechos de los poseedores de aguas actuales; que el agua no se va a concesionar al mejor postor; y que no cambia la naturaleza jurídica del agua con los decretos. “El agua sigue siendo de la nación y por lo tanto no se privatiza”, afirmó.

Además de Conagua y otros funcionarios federales y muchos articulistas oficialistas, se pronunció un día después la organización no gubernamental internacional WWF (World Wildlife Fund– Fondo Mundial para la Naturaleza), que avaló el 5 de junio los decretos firmados por el Presidente de la república.

Pero en sentido contrario, la coalición de organizaciones civiles “Agua Para Todos” y cientos de académicos y especialistas de todo el país intervinieron en el debate y, en términos generales, coinciden en que el levantamiento de veda en 295 cuencas de las 756 que tiene el país y por las que discurre 55 por ciento de aguas superficiales, sí abren la puerta a la privatización del vital líquido.

Además de esta coalición, cientos de académicos se pronunciaron al respecto, la mayoría criticando los decretos oficiales de supuesta protección al medio ambiente y destacando los riesgos de la privatización de las aguas nacionales. Como en todo debate, hay posturas encontradas y antagónicas. En este debate algunos creerán la versión oficial, y otros la versión de los críticos al oficialismo.

Más allá de este debate, creo que es indispensable no sólo la revisión de los documentos en discusión (decretos del 5 de junio) sino el contexto histórico-político en que se firman, y sobre todo la cartografía, es decir el territorio concreto al que aluden estas cuencas.

Para comprender este punto es necesario identificar los territorios (y dinámicas económicas) que abarcan estas cuencas. Los decretos firmados por Peña Nieto abarcan las siguientes cuencas y estados (señalados entre paréntesis):

1) Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche);

2) Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz);

3) Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León);

4) Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca);

5) San Fernando-Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León);

6) Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas);

7) Actopan-Antigua (Veracruz y Puebla);

8) Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y

9) Ameca (Nayarit y Jalisco).

Son 295 cuencas en 20 estados del país por las que corren 55 por ciento de aguas superficiales. Si bien las aguas subterráneas contienen mayores volúmenes que las superficiales, estas alimentan 85 por ciento del consumo humano de agua en México, según Conagua.

En un ejercicio de yuxtaposición del mapa de cuencas en las cuales se levantó la veda de uso de agua para cambiarla por reserva de uso de agua, puede verse un traslape entre estos decretos y al menos una decena de sectores económicos (dinámicas de acumulación de capital) que se benefician con los decretos de Peña Nieto.

Por ejemplo, el levantamiento de la veda de uso de aguas nacionales en las cuencas de San Fernando-Soto la Marina, Actopan-Antigua, Pánuco, Papaloapan o Grijalva-Usumacinta coincide con las áreas de asignación de explosión energética previstas en el Plan Quinquenal de Hidrocarburos expedido en el actual sexenio, y coinciden con las licitaciones de las rondas petroleras. Otras proyecciones de explotaciones de hidrocarburos contenidas en este mismo plan coinciden con las cuencas del Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta.

En tanto, el levantamiento de vedas en las cuencas Pánuco y Santiago coinciden con el corredor industrial más importante del país: Valle de México, El Bajío guanajuatense y el corredor industrial de Jalisco.

En las costas de Jalisco y Colima también se levanta la veda a la cuenca donde están establecidos o proyectados varios desarrollos turísticos-inmobiliarios.

Y, finalmente, las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) proyectadas en el sexenio de Peña Nieto coinciden con las cuencas de Costa Grande y Costa Chica de Guerrero, Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta. En todas estas cuencas existen actividades mineras y de generación eléctrica.

Además de las actividades extractivas, en estas cuencas están proyectados negocios inmobiliarios en las principales ciudades del centro del país.

El contrate de los mapas de las cuencas donde Peña Nieto decidió levantar vedas coinciden, no por casualidad, con los territorios donde se asientan las principales dinámicas de acumulación de capital que se despliegan actualmente en el país.

Este contraste entre los territorios liberados de vedas en cuencas hidrológicas y los territorios donde se despliegan sectores económicos, es decir, dinámicas de acumulación de capital extremadamente lucrativas no es mera coincidencia. El Gobierno de Peña Nieto asegura que estos decretos buscan cuidar y proteger el agua para diversas cuencas y áreas naturales protegidas.

Pero incluso la organización no gubernamental que avaló la firma de estos decretos, (World Wildlife Fund, boletín 19 junio 2018) revela que del volumen total de agua en estas casi 300 cuencas, 70 por ciento está destinado al medio ambiente, 1 por ciento para abastecimiento urbano, y 29 por ciento para “cualquier otra actividad” que incluye todas las dinámicas de acumulación de capital predominantes en la actual economía capitalista mexicana.

En resumen, los decretos del 5 de junio, no fueron firmados en el primer partido de la Selección Mexicana en el Mundial, pero sí en medio de las campañas, y orientados a garantizar suministro de agua a todas las dinámicas de acumulación de capital favorecidas en los gobiernos neoliberales: industria tradicional, industrias extractivas, turísticas e inmobiliarias. Y en efecto, mientras una mayoría se entretiene con la suerte de un equipo de futbol controlado por las televisoras nacionales, las aguas nacionales se debaten entre la privatización y el bien común.

Rubén Martín
Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]
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