Los Ministros de la SCJN tienen uno de los mejores ingresos públicos del mundo. Sus dietas mensuales llegan a ser hasta 17 veces superiores al salario máximo mensual del 83 por ciento de los funcionarios públicos federales. Sólo su aguinaldo máximo equivale a dos años de trabajo de una persona con ingresos de 15.4 mil pesos al mes y además tienen gastos con cargo al erario público que desdibujan su compromiso de austeridad, pese a que este año se redujeron en 25 por ciento el salario.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen un salario privilegiado entre la élite política mexicana e incluso, entre sus homólogos a nivel internacional. Pero además de sus haberes, el Máximo Tribunal de México les concede lujos pagados con el erario público, en un país en que hay (2016) 21.4 millones de personas con ingresos mensuales insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria.
En el Pleno de la SCJN, el retrato del Presidente Benito Juárez cuelga rodeado de las palabras “La Patria es primero” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”. La sala es un espacio en que los magistrados deciden sobre la interpretación de la ley, el destino de la República Mexicana. La responsabilidad no es menor y justifica el costo de los funcionarios que defienden la Constitución. Aunque si el derecho es exclusivo, en su comisión excesiva existe un privilegio.
Los 11 ministros de la Suprema Corte tienen un ingreso mensual de entre 138 mil 587 y 347 mil 496 pesos netos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 y lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 26/02/2019).
Esta cantidad es siete a 17 veces superior al salario máximo mensual (20 mil pesos) del 83 por ciento (1.3 millones) de los funcionarios públicos del Gobierno federal, así como entre nueve y 113 veces el ingreso de los 42.1 millones de mexicanos que ganan de uno a cinco (de tres a 15.4 mil pesos) salarios mínimos mensuales, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La diferencia salarial entre magistrados parte de una reforma (2009) al Artículo 127 Constitucional, para que ningún funcionario pudiera tener ingresos mayores a los del Presidente de la República. Sin embargo, como la Ley no es retroactiva según el Artículo Tercero Transitorio constitucional, los magistrados que ingresaron a la SCJN antes de 2010 (Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea) conservaron su último salario.
Asimismo, aquellos que ingresaron a laborar entre 2010 y 2018 (Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Eduardo Tomás Medina Mora, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández) retuvieron su ingreso inicial, pese a la entrada en vigor (2019) del nuevo manual de remuneraciones que establece un salario menor para los nuevos ministros (Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá).
Las prestaciones y beneficios sociales de los ministros refuerzan su salario, de modo que pueden llegar a tener ingresos brutos mensuales (de 210 mil 283 a 419 mil 192 pesos) entre tres y 46 puntos porcentuales por encima de su ingreso neto. Así, sus percepciones equivaldrían de 13.3 a 26.5 veces el Producto Interno Bruto (PIB) per capita de México (189 mil 800 pesos por persona).
Es decir que los magistrados tienen un valor productivo proporcional muy superior al que tiene la mayor parte de la población mexicana; y superior también al de sus homólogos de Colombia (que ganan 19.1 veces el PIB per capita de su país), Brasil (18), Australia e Inglaterra (ocho cada uno), además de los de Canadá (7.9), Argentina (6.9), España (5.1), Suiza (4.7), Estados Unidos (4.4) y Alemania (4.2), por mencionar algunos ejemplos.
Incluso los “trabajadores de mando superior” –como los ministros– del máximo tribunal mexicano pueden pensionarse después de laborar durante un mínimo de 25 años y tras haber cumplido la edad de 65 años. El monto de su pensión varía de acuerdo con la edad y los años trabajados, pudiendo recibir de manera vitalicia, entre el 45 y el 80 por ciento de su último salario percibido, de acuerdo con el tabulador del apartado “C” del Artículo 30 de las “Condiciones Generales de Trabajo del Personal de Confianza” de la SCJN.
En el caso de los mandos medios y del personal operativo, la normatividad establece rangos pensionables de la mitad a la totalidad del último ingreso, con el requerimiento de haber laborado por al menos 30 años y contar con 60 años de edad. Además, en todo caso, la familia de los mandos alto y medio fallecidos, con al menos 15 años en funciones, puede recibir entre el 40 y el 50 por ciento del más reciente salario de su familiar.
Sólo el presupuesto ejercido para los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación –que incluye aquél para pensiones– entre enero y mayo de este año fue superior a 3.7 millones de pesos.
“Sí es un Poder afortunadamente bien pagado, [en] que tiene que haber correcciones” para evitar “abusos”, reconoció el ex Ministro Juan Silva Meza en 2016, durante una entrevista con el periódico Excélsior.
A finales del año pasado, el alto nivel salarial de los magistrados suscitó una protesta ciudadana en la capital del país. El día 16 de diciembre, los inconformes acusaron que la Suprema Corte “es una cueva de puro ladrón”, con sueldos “excesivos y abusivos” que violan el Artículo 127 Constitucional, en un país en que hay millones de mexicanos sumidos en la pobreza.
El salario neto máximo de un Ministro de la SCJN para 2019 (138.6 mil pesos al mes) alcanza para alimentar a 31 familias rurales o 22 urbanas con ingresos insuficientes para cubrir el costo (de 1 mil 109 a 1 mil 562 pesos mensuales) de la canasta alimentaria. Sólo el aguinaldo máximo de un Ministro de la Suprema Corte (444 mil 401 pesos anuales) o su “pago por riesgo” (415 mil 946 pesos al año) equivale a dos años de trabajo de una persona con ingresos de 15.4 mil pesos al mes.
LUJOS EN LA CORTE
Entre enero y mayo de 2019, la SCJN ejerció casi 1.5 mil millones de pesos y comprometió más de 2.6 mil millones adicionales para sostener su funcionamiento. Esta cantidad supone el 88.7 por ciento de su presupuesto anual, de acuerdo con el primer informe trimestral de la corte para este año.
La mayor rebanada del pastel presupuestario, por un monto superior a 1.3 mil millones, fue para el pago de nóminas, beneficios sociales y apoyos “adicionales y especiales” de los 3 mil 362 empleados del Máximo Tribunal mexicano. Entre los gastos también destacaron 7.9 millones de pesos para la alimentación de mandos superiores y personal de base de la Corte; 1.8 millones para mantener los vehículos oficiales; 3.6 millones para eventos y comunicación social; 2.9 millones en viáticos y servicios de traslado de funcionarios públicos, así como 373.2 mil pesos en vestuario, uniformes y artículos deportivos.
Inclusive en febrero de este año, la Suprema Corte realizó cuatro pagos a diversos medios de comunicación, por un monto de 138 mil 484.22 pesos para una esquela de Laura Pérez Vázquez de Medina Mora, la difunta esposa (10 de febrero de 2019) del Ministro Eduardo Medina Mora. A estas erogaciones se suman las del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de “la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”, encabezado por el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
De los 56.4 mil millones de pesos de su presupuesto para 2019, que incluye gastos operativos y administrativos, así como partidas para el “apoyo” en la compra de lentes para el personal en funciones, el CJF utilizó 63.2 millones en alimentos para funcionarios de alto y medio nivel, así como para la base trabajadora de la institución, además de 1.6 millones para mantener su parque vehicular y 3.1 millones en pensiones de estacionamiento.
En viáticos y traslados, el Consejo invirtió más de 12 millones en tres meses de trabajo de 2019; y aparte de los 3.4 mil millones que erogó para el pago de nóminas y beneficios que incluyen remuneraciones especiales y apoyos, ejerció 124 mil 390 pesos en “estímulos” a servidores públicos y 248 mil 428 pesos en ropa y artículos deportivos, para una parte de sus 44 mil 336 trabajadores, incluidos los consejeros que ganan entre 138 mil 587 y 371 mil pesos mensuales.
Este tipo de gastos no refleja la austeridad a la que se comprometieron los magistrados en enero de 2019, de la que derivó una “medida de racionalidad del gasto público”, por la que los 11 ministros aprobaron la disminución de sus ingresos en un 25 por ciento, respecto a la remuneración que tuvieron en 2018.
Tampoco se justifica en el contexto actual, en que hay una serie de señalamientos en contra del Ministro Medina Mora por recibir transferencias monetarias ligadas a una empresa (Compusoluciones y Asociados) de la que es socio y que no declaró como posible acto de conflicto de interés, a pesar de tratarse de una contratista gubernamental.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
Más allá de los señalamientos en contra de magistrados como Medina Mora, también implicado en una investigación de la Consejería Jurídica de Chihuahua por su presunta participación en el encubrimiento de un desvío de 250 millones de pesos del erario público a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016, existe una serie de irregularidades en el Supremo Tribunal.
Entre 2012 y 2018, el Poder Judicial sancionó a por lo menos 132 jueces y magistrados a nivel federal y local, según cifras desconcentradas del CJF y de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
De la cantidad de jueces y magistrados sancionados, 58 recibieron una advertencia, 50 fueron suspendidos (de manera temporal o definitiva), 13 recibieron una sanción (administrativa, penal, privada o económica) y 11 más fueron destituidos. Los 62 casos restantes de presunta corrupción, aunque están “fundados”, permanecen en proceso de resolución e incluyen probables “procedimientos disciplinarios de oficio”.
“Desafortunadamente, México atraviesa un serio fenómeno de corrupción que atrapa en mayor o menor medida a todas las instituciones y órganos del Estado en todos sus niveles de gobierno”, señalaron (2018) Hugo Concha Cantú y Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un artículo difundido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Mientras el Poder Judicial “no cumpla cabalmente con sus fines, la corrupción se apodera de todos los espacios de la vida pública hasta el grado de ser considerada por muchos como un fenómeno connatural a nuestra sociedad”, agrega el documento.
De acuerdo con el índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) de 2018, el país “tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo” (3.9 frente a 16 por cada cien mil habitantes). Asimismo, el estudio de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) advierte que las instituciones de justicia estatales y federales atraviesan por una situación deficitaria con dos consecuencias a destacar: la falta de confianza ciudadana y los bajos niveles de procuración de justicia.
Por un lado, la cifra negra en México es de 93.7 por ciento, según datos del Inegi. Esto implica que la mayor parte de los delitos no son denunciados y “confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de los cuales fueron víctimas”, se lee en el IGI-MEX 2018.
Por otra parte, “México encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad” y es la cuarta nación más impune de 59 países estudiados por la UDLAP. Sin embargo, en el último año tuvo mejorías en la materia, ya que su índice durante el año pasado (69.2 puntos de 100) fue inferior al de 2015 (75.7 puntos de 100).
“El momento político que vive el país exige mesura, diálogo y prudencia para lograr los cambios deseados”, dijo en 2018 el Ministro Juan Luis González Alcántara. “Tienen y tendremos que reconocer que muchos ciudadanos desconfían del Poder Judicial de la Federación”, cuyos miembros “tienen que trabajar para cambiar esa perspectiva”, apuntó durante la ceremonia que le dio la bienvenida a la SCJN.
