Amnistía Internacional exige a gobiernos cesar vigilancia de activistas de DDHH

24/07/2021 - 8:30 am

La ONG destacó que los gobiernos de todo el mundo adquieren y permiten la venta de tecnología de vigilancia invasiva y sofisticada, lo cual puede poner en riesgo los dispositivos digitales de cualquier persona, así como acceder al seguimiento de actividades, situación que atenta contra los derechos humanos.

Londres, 24 de julio (EFE).- Amnistía Internacional (AI) lanzó este sábado una campaña para instar a los gobiernos a que detengan sus programas de “vigilancia selectiva” de defensores de los derechos humanos tras el escándalo desatado por el software de espionaje Pegasus.

La ONG ha comenzado una recogida de firmas para que ningún país prosiga con el pirateo de los dispositivos digitales, como celulares, de los activistas con el fin de “espiarlos, silenciarlos e intimidarlos”.

“Los gobiernos de todo el mundo compran y permiten la venta de tecnología de vigilancia invasiva y sofisticada que puede poner en riesgo los dispositivos digitales de cualquier persona y hacer un seguimiento de sus actividades. Estas herramientas las fabrican y venden empresas privadas que en ocasiones obtienen ganancias de los abusos contra los derechos humanos”, señala AI en su nota.

La organización recuerda que gobiernos y empresas han usado los programas espías contra activistas pro derechos, y no solo contra delincuentes y terroristas, como supuestamente es su intención.

Y singulariza esas críticas en países como Marruecos o Emiratos Árabes Unidos, cuyos ejecutivos “han actuado de forma ilegítima y reiterada contra activistas y la sociedad civil”.

También llama a los Estados que siguen permitiendo la exportación de tecnología de vigilancia a gobiernos que la usan para violar los derechos humanos a detener esa práctica.

Por todo ello, AI se une al exrelator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión para pedir una moratoria mundial de venta y transferencia de tecnología de vigilancia “hasta que se instaure un marco regulador adecuado y respetuoso con los derechos humanos”.

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