Aunque el Gobierno de López Obrador ha reabierto el caso Ayotzinapa y ha establecido una comisión especial, brindando nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos, las familias cumplen ya cinco años sin saber de sus familiares desaparecidos.
Por Francisca Meza Carranza
Ayotzinapa (México), 24 sep (EFE).– María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, se mantiene estos días ocupada mientras se acerca ese fatídico 26 de septiembre en el que, hace un lustro, desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uno de ellos, su hijo.
“Es muy doloroso porque no queríamos llegar a los 5 años. Y no ha habido respuesta. Yo siento más feo porque es el cumpleaños de mi hijo. Hace 5 años este día estuvo conmigo y ahora no pude darle su abrazo, y yo pedía que nos los entregaran antes pero no se pudo”, dice a Efe María, al recordar que su hijo llegaría a los 31 años estos días.
Desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, localidad perteneciente al municipio de Tixtla, un grupo de padres se reúne estos días para preparar varias acciones rumbo al 26 de septiembre, cuando se celebrará una gran marcha en la Ciudad de México.
Estos padres tuvieron que dejar a un lado su vida y al resto de sus hijos para buscar al desaparecido entre la noche de 26 y la madrugada del 27 de septiembre en el municipio de Iguala, en Guerrero.
Esa trágica noche, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en Iguala.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
En medio de este no saber, que lleva cinco años consumiendo a los padres, María asegura que continuará la lucha porque si ellos no exigen nadie lo hará y dice tener fe en que lo encontrará.
Maximino Hernández Cruz, es padre de Carlos Lorenzo Hernández, quien decidió ingresar a la escuela normal -que forma a maestros rurales- para sacar a la familia del bajo nivel económico en el que estaban.
En entrevista con Efe, el hombre relata que su desaparición les cambió la vida, pues él ha dejado el campo y se ha volcado a la búsqueda mientras sus otros hijos trabajan para ayudar a su mamá.
“La riqueza, el tesoro más grande, son nuestros hijos”, expresa compungido.
Luego de participar en el mitin afuera del Palacio de Justicia de Iguala este lunes, que culminó en destrozos por parte de estudiantes, el padre de Abel García Hernández, Celso García Aristeo, permanece sentado en la cancha de la escuela de Ayotzinapa.
Con una canasta de frituras que espera vender entre las personas que estos días son albergados ahí, el solitario hombre solo se acompaña de una pequeña radio con la que escucha algo de música.
“Él es mi hijo”, indica mientras señala un cartel con la fotografía de Abel que pende del techo de la cancha.
Al comenzar el movimiento tras la desaparición de los jóvenes, Celso García hablaba principalmente una lengua indígena, pero se vio en la necesidad de hablar español.
Un poco apenado, comenta a Efe que antes era albañil y que ahora la venta de sus chicharrones le sirve para tener dinero, pues estos días tienen que viajar a varias localidades como Iguala, Chilpancingo o la Ciudad de México.
También informó que en el próximo ciclo escolar, otro de sus hijos, Óscar, decidió entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa, lo cual no le da temor a pesar de lo ocurrido.
SALUD QUEBRANTADA ANTE FALTA DE AVANCES
Melitón Ortega, vocero del movimiento y tío de uno de los desaparecidos, Mauricio Ortega, asegura que la salud de los padres se ha desgastado en estos años, en gran medida producto de la desesperación.
Recordó que en el transcurso ya perdieron a dos integrantes de su movimiento; en febrero de 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello.
Y en diciembre del mismo año Tomás Ramírez Jiménez, quien era padre de Julio César Ramírez, uno de los jóvenes asesinados la noche de los hechos en Iguala, y que se mantuvo en la búsqueda de justicia.
Dijo que por salud al menos tres de los padres no se pudieron integrar este año a las movilizaciones, pero sí sus familiares.
“Vemos que el ánimo de los padres se complica más. La desesperación de ver que en lugar de ver algo (un avance) importante como víspera de los cinco años hay otra cosa. Estamos retrocediendo un poco, es el efecto de la verdad histórica”, dijo en referencia al nombre que recibe la versión oficial de los hechos establecida por el anterior Gobierno.
El Gobierno de López Obrador, en la Presidencia desde el 1 de diciembre de 2018, ha reabierto el caso y establecido una comisión especial, brindando nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos.
No obstante, en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, días después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro de Guerreros Unidos, por falta de pruebas.
En este difícil contexto, los padres coinciden en que la transición del Gobierno federal significa esperanza, sobre todo porque el Presidente emanado del izquierdista partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido con ellos y los ha atendido, cuando durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) esto parecía imposible.
