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Ernesto Hernández Norzagaray

24/10/2014 - 12:02 am

¿Afectaría la violencia las elecciones federales?

Lorenzo Córdova, Presidente del Consejo General del INE, acaba de estar en Guadalajara en una reunión regional de consejeros electorales locales y en esa ocasión declaró a los medios de comunicación, que las elecciones no son hoy y hay qué esperar pues contextos similares de violencia, se instalaron el 100% de las casillas electorales, lo […]

Lorenzo Córdova, Presidente del Consejo General del INE, acaba de estar en Guadalajara en una reunión regional de consejeros electorales locales y en esa ocasión declaró a los medios de comunicación, que las elecciones no son hoy y hay qué esperar pues contextos similares de violencia, se instalaron el 100% de las casillas electorales, lo que significa que independientemente del grado de violencia el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s) organizaran las elecciones federales y locales del 2015.

Quizá para redondear esta idea realista le faltó agregar, que en 2012 aun con violencia criminal asistió a votar casi el 60% de la lista nominal que permitió la integración de poderes ejecutivos, legislativos y municipales, además, qué la mayor violencia está localizada en regiones específicas de Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua.

Este tipo de respuestas ejecutivas, si bien llevan la idea de que la operación de las elecciones están garantizadas, deja de lado preguntas que están al descubierto en los estados con mayor índice de violencia: Candidatos ligados al crimen organizado, lavado de dinero en campañas de candidatos, campañas intimidatorias contra partidos y candidatos, campañas negras ligando candidatos a grupos del crimen organizado, inhibición de grupos importantes de electores, consignas de votar a favor de un determinado candidato o partido, inasistencia masiva de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, reubicación de casillas electorales a regiones menos álgidas, pero lo que quizá resulta más contundente de esa presencia indeseable, es el asesinato candidatos y operadores electorales.

Ciertamente el INE tiene límites constitucionales y la selección de los candidatos es competencia exclusiva de los partidos políticos, sin embargo, eso no omite los problemas propios de la organización de elecciones en una país donde las amenazas son muchas y sí no se atienden por todos los actores políticos e institucionales la mancha que ha exhibido Iguala podría extenderse a otras partes del país.

No solo casillas

La organización de las elecciones entonces no es un asunto solo operativo, de instalación de casillas, capacitación de funcionarios para la jornada electoral o promoción del voto, sino de las amenazas reales que se han vuelto costumbre y qué si bien no cancelan el proceso electoral, evidentemente afectan la calidad de las elecciones y la representación política.

Y si eso ocurre, el INE debiera estar preocupado para elevar la calidad de las elecciones de manera que logre su principal objetivo: Garantizar qué estas tengan resultados creíbles y los candidatos ganadores tengan la legitimidad necesaria.

Este deber ser de la organización electoral, es lo que no se cumple frecuentemente en estados con altos índices de violencia, la lucha por los votos alcanza muchas veces connotaciones criminales y la autoridad es incapaz para evitar que afecte no solo la elección, sino la representación política.

Esta limitante no solo es por falta de voluntad institucional, sino también los dispositivos para evitarlo son tremendamente burocráticos y delegativos de manera que ese espacio vacío lo podría a cubrir el llamado poder paralelo.

Habría que preguntarse entonces, si la reunión que recientemente sostuvieron los Presidentes del PRI, PAN y PRD, teniendo como único punto de la agenda, el blindaje de las candidaturas para evitar que en sus partidos haya postulaciones sospechosas de vínculos con el crimen organizado fue para dar pasos novedosos o simplemente es la foto y declaración de siempre para que no suceda esa indeseable intromisión.

Me pregunto, ¿acaso este tipo de acuerdos interpartidarios no han sido incapaces para evitar los negativos arriba mencionados? Incluso, ¿hasta dónde algunos de ellos son parte de la dinámica normal en los estados con mayores índices de violencia? o, mejor todavía, el flujo de dinero sucio o limpio pero ambos ilegales ¿no determina ganadores y perdedores? ¿Gobiernos? ¿Decisiones? ¿Compromisos? Sí, claro.

Credibilidad

Lorenzo Córdova, si no quiere ahondar la crisis de credibilidad del Consejo General que se suscitó con la integración de los OPLE ´s qué tendrán elecciones concurrentes, tendría que ser más específico en sus respuestas sobre el problema que amenaza algunos estados de la federación.

Por ejemplo, que se va a hacer en Guerrero y el Estado de México donde catorce municipios han quedado sin policías y ahora están bajo el mando de las fuerzas de seguridad; o en Michoacán donde la presencia de los Caballeros Templarios, sigue siendo indiscutible en la región que se conoce como la “republica mariguanera”.

O en Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa donde la violencia no cesa. Y qué decir de ciudades como Acapulco, Iguala, Culiacán, Mazatlán, Torreón, Ciudad Juárez Laredo o Ciudad Victoria, Veracruz y Apatzingán que además de ser poblaciones densamente pobladas son emblemas del estado de violencia que se vive en el país.

Quizá el problema de seguridad de las elecciones, es que se le confunde como un problema de logística electoral. Así es el guión de respuestas que manejó el IFE durante mucho tiempo y continúa hoy con el INE. No existe un plano de comunicación racional donde las preguntas de seguridad tengan las respuestas adecuadas. Se salen muchas veces por la tangente. Evitan las complicaciones que ofrece la realidad.

Y cuando eso sucede, lo que tenemos es la sensación de cierta esquizofrenia organizativa de manera que estamos preparando elecciones para algún país europeo, pero no para México, donde mucho se ha complicado con la violencia.

Si no es que en todos los estados a través de los medios de comunicación, que generan una percepción negativa hasta donde no llega la violencia. Así, cuando se le pregunta a un ciudadano de cualquier lugar de menor violencia: ¿Cuál es el principal problema de su comunidad? No dude, muy probablemente responderá que la violencia. Cuándo podría ser el del empleo o el suministro de agua.

Entonces, la respuesta a la pregunta que lleva el título de este artículo, es que si no se reducen los niveles de violencia no dejaran de organizarse elecciones periódicamente y seguirán integrándose gobiernos, pero está es una parte de la respuesta pues tendría que evaluarse, aun con elecciones blancas, lo que pasó antes y durante el proceso de competencia por los votos.

Lo que resulte de esos comicios no solo es un dato de la distribución del poder sino importa el carácter preventivo en la integración de gobiernos, lo que hemos visto en Michoacán y Guerrero es un ejemplo de lo que no debe resultar de los comicios y es un alerta para las autoridades electorales y los dirigentes políticos de toda la gama de partidos.

Y lo más grave, podría ser la falta de iniciativa política ante los problemas estructurales que tiene enfrente la organización de las elecciones constitucionales.

Quizá, por eso las palabras de Lorenzo Córdova, resultan insuficientes y hasta optimistas para un ciudadano promedio que en muchos lugares del país ha sido testigo de la intromisión del crimen organizado en las elecciones y qué hasta podrían estar siendo gobernados hoy por políticos con vínculos perniciosos, como los de José Luis Abarca y su esposa, qué al dejarlos ser en su feudo de Iguala han puesto al país, en las ocho columnas de los principales diarios y noticieros del mundo, pero sobre todo ha elevado la tasa de riesgo país.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray
Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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