En términos políticos estos dos conceptos se fusionan en uno: la democracia está en la operación política.

La necesidad de cambio es evidente, las elecciones recientes sólo lo subrayaron. Los intentos por evitarlo los vemos todos los días; y no se restringen a un grupo o una tradición ideológica política específica, el temor e incertidumbre se expresan en muchos. Aun así, la necesidad del cambio sigue conservando su fortaleza. En todo caso, pareciera estancarse o incluso tropezarse consigo misma, por la introducción y búsqueda de ejercicios democráticos que intentan expresarlo.

El más emblemático hoy en día es el tema del aeropuerto. De entrada más allá, de críticas o del resultado final, ya logró advertir que decisiones que implican obras mayúsculas, requieren de mayores consensos, evitando que sólo un conjunto reducido de actores decidan el destino de obras de gran impacto.

El mensaje ya está ahí. El país no es sólo propiedad de una élite, cuyo principal defecto es haber carecido de visión en los temas centrales del desarrollo: seguridad, equidad, justicia, y participación; y haberse convertido en corresponsables de la violencia que vive el país y en algunos casos cómplice de ella.

El tema del aeropuerto ya logró señalar esa urgencia de modificar los procesos cerrados y muchos de ellos ventajosos, en la toma de decisiones de proyectos cuyas dimensiones atañen a miles y no a unos cuanto beneficiados.

No obstante el dilema está en cómo se opera ese cambio de paradigma de la política pública, que busca no convertirse, e incluso dejar de ser, el instrumento exclusivo de intereses privados, (que van mano estos últimos, como lo hace Trump en relación a su país en la arena internacional) una búsqueda que pretende en el mejor de los casos recuperar el balance entre lo público y privado en los últimos años. La polémica ya está en el escenario público y eso en sí es valioso, con sus sesgos polarizantes e inevitables, a los cuales no hay que temer en una sociedad democrática abierta, aún ante la amenaza de extremismos de bandos diversos que muestran esa polarización.
La debilidad se manifiesta en la percepción de que las formas de consulta son confusas y amañadas. Ciertamente es un primer esfuerzo aún carente de solidez y precisión que ordene la disputa; además de otros temas que comienzan a acumularse y que requieren de decisiones que no se pueden postergar al infinito y que necesariamente beneficiarán a unos y afectarán a otros.
La operación política requiere de la eficiencia y la articulación donde se encuentre la claridad y los balances que fortalezcan la lealtad ciudadana con sus gobiernos y disminuyan el clientelismo que no abona a la libertad y creatividad sino solo refuerza la subordinación.
Los mensajes encontrados, las dudas no resueltas, la incapacidad de equipos de gobierno que no advierten o confunden las nuevas responsabilidades adquiridas con el triunfo electoral, pueden dañar el mismo proceso de revigorización democrática que significó la elección de julio pasado.

El tránsito de ser oposición a ser gobierno, en las condiciones actuales del país, obliga ante la complejidad del deterioro de la nación, a gobernar con consensos suficientes pero sin tartamudeos políticos. Asumir los costos de las decisiones que se tomen es parte del trabajo diario del gobernante.
Ciertamente, al margen de la decisión elegida, el país todo no puede quedar como rehén de los inversionistas y sus calificadoras (e intereses) que incluso pretenden castigar el léxico de los gobernantes, como si el mismo capitalismo no tuviera una amplia gama de opciones.
Y de la misma manera la nación no puede quedar atrapada en la visión de quienes reducen la complejidad, ignoran los matices e imponen una lectura ideológica caduca que evade la obligación de saber analizar el entramado del poder y la sociedad en un periodo donde la lógica criminal, no la política, ha ido ganado terreno en todos los órdenes.

Tomás Calvillo Unna

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