El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Álvaro Augusto Pérez Juárez, habría dispuesto de 16.6 millones de pesos de un fideicomiso de trabajadores para darle un “bono sorpresa” de 193 mil pesos a 86 magistrados y consejeros. Este “regalo”, dijeron fuentes anónimas a SinEmbargo, “coincide” con la próxima elección del nuevo titular del Tribunal.
Las irregularidades, la falta de transparencia, el autoritarismo y el despotismo han marcado la administración de Pérez, abundaron. Y a la par que financia “caprichos” para mantenerse en el poder, vulnera el servicio que el Tribunal da a la ciudadanía porque deja de invertir en mejorar el funcionamiento del máximo órgano de procuración de justicia de la Ciudad de México.
Su reelección como presidente magistrado no sólo violaría las nuevas disposiciones de la Constitución Política capitalina sino que, además, “significaría darle continuidad a la detención del poder para mantener a una serie de privilegiados” y perpetuar las condiciones que evitan que la ciudadanía acceda a una justicia digna, completa y decorosa, explicaron.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, regaló 16.6 millones de pesos a magistrados y consejeros para facilitar su posible reelección este año, dijeron a SinEmbargo fuentes al interior de la máxima sede judicial de la capital del país.
El mes pasado, los 79 magistrados –incluido Pérez Juárez– que componen el pleno del Tribunal y los siete consejeros del pleno del Consejo de la Judicatura capitalino, recibieron 193 mil pesos por cabeza. Este “bono sorpresa” les llegó a un mes de la conclusión del mandato de Pérez y a dos de la elección del nuevo titular del Tribunal.
“Obviamente tuvieron su golpe certero los 193 mil pesos”, dijeron las fuentes. La semana pasada, 42 magistrados avalaron, por medio de una votación, que el actual presidente del Tribunal pueda participar en las próximas elecciones. Con esta mayoría –explicaron– su reelección sería una realidad.
Le erogación del bono implicó el uso indebido de recursos provenientes de un fideicomiso para la salud de los trabajadores de confianza (secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas, entre otros) del que magistrados y consejeros no son beneficiarios. Un fideicomiso alimentado por las aportaciones de los trabajadores, creado para “nivelar” sus sueldos y darles prestaciones adicionales a las de la Ley.
“Es ilegal. Se depositó y punto. Tres o cuatro magistrados se opusieron y uno o dos devolvieron el dinero. No hubo oposición, e inclusive, magistrados de ley –que sustituyen a magistrados ausentes– también lo recibieron”, comentaron las fuentes.
Este atropello, no obstante, forma parte de una serie de irregularidades que los testigos anónimos acusaron. Según su testimonio, el presidente magistrado solicita presupuesto y utiliza los diferentes fideicomisos del Tribunal sin rendir cuentas o transparentar su ejercicio.
Ello le es posible por la falta de acciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –que a partir de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México puede exigir información al Tribunal– y a consecuencia de la doble función de Pérez Juárez, quien además de ser presidente magistrado, preside al órgano máximo de la administración y vigilancia del Tribunal. Es decir, al Consejo de la Judicatura capitalino.
La doble función, en agosto de este año, fue motivo de una controversia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que Pérez Juárez no podía tener, al mismo tiempo, capacidades jurisdiccionales (de administración de justicia) y administrativas. Sin embargo, el Tribunal “chifló y aplaudió” y la controversia sigue vigente, confirmaron las fuentes.
“Se ocultan detrás de la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Tribunal […]. Sacan dinero sin justificar qué. Y de una u otra manera, esto se refleja en carencias de servicio a la comunidad”, porque en lugar de invertir en mejoras a los inmuebles, en capacitación de personal, en fortalecer las condiciones operativas y laborales de los tribunales y juzgados, “gastan miles de pesos para que los magistrados se vayan de vacaciones”, lamentaron.
La situación no sólo afecta al servicio. También refleja “el pensamiento de esta administración”, que es lograr la voluntad de un individuo “aún en contra de derecho”.
Por ello, los entrevistados refirieron que reelegir al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez no sólo implicaría mantener la falta de transparencia, los conflictos de interés y la ilegalidad. “Reelegirlo significaría darle continuidad a la detención del poder para mantener a una serie de privilegiados; [a] un grupo oscuro que quiere mantener determinadas canonjías”.
Lo que el Tribunal necesita, en cambio, es un proceso de “democratización dentro del Poder Judicial” que le dé voz y voto a los jueces, que hoy en día, dependen de las determinaciones del pleno de magistrados.
“ESPURIA” REELECCIÓN
En abril de 2017, Álvaro Augusto Pérez Juárez fue elegido por los magistrados –con 59 votos a favor y 20 en contra– como el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino para un periodo de poco más de un año (hasta noviembre de 2018).
Designado para concluir la administración de Edgar Elías Azar –quien renunció a su cargo en marzo para desempeñarse como el nuevo embajador de México en Holanda– y con el apoyo de su estructura, Pérez Juárez no tuvo oposición ni competencia real, explicaron fuentes anónimas a SinEmbargo.
A partir de este punto, los problemas internos del Tribunal se agravaron. Y hoy, “es el lugar donde se imparte la justicia y donde más injusticia hay”.
Con Pérez Juárez crecieron la opacidad, el autoritarismo, el despotismo y la “filosofía del terror” (a quien cuestiona lo despiden). Según los entrevistados, en su administración hay irregularidades como la repartición de puestos clave a costa del despido de unidades administrativas completas. Y los problemas laborales, se “recrudecieron” con su llegada.
Sin embargo, en el marco de su reelección se respira un “ánimo exacerbado de continua perpetuación en el poder, yendo en contra de la propia Constitución capitalina”, explicaron.
Con la entrada en vigor de la Carta Magna de la Ciudad de México en septiembre de este año –dijeron– hubo un “parteaguas” en la capital del país, porque “se determinó que en el Poder Judicial no hay reelección, precisamente para evitar vicios añejos como la prolongación excesiva de magistrados en su cargo” (como sucedió con Saturnino Agüero Aguirre en la década de los noventa, que fue señalado de tráfico de influencias, dedazos y corrupción).
De acuerdo con el Artículo 35 constitucional capitalino, base 9, “las y los magistrados integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia elegirán por mayoría de votos en sesión pública, y mediante sufragio secreto, a la persona que lo presidirá. Quien lo presida durará en su encargo un año sin posibilidad de reelección alguna, sea sucesiva o alternada, independientemente de la calidad con que lo haya ostentado”.
Asimismo, según el Artículo 30 Transitorio, “las normas del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y los ordenamientos legales aplicables a la entidad federativa que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Constitución, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan, siempre que no contravengan lo establecido en ésta”.
Con estas disposiciones, señalaron los entrevistados, no debería existir la posibilidad de reelección para Pérez Juárez. Inclusive, según las leyes vigentes, el actual presidente magistrado no podría contender por el cargo de manera inmediata.
“El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durará en su cargo cuatro años y no podrá ser reelecto para el período inmediato ni ocupar nuevamente el cargo por motivo alguno”, establece el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Pero con voluntades compradas, tanto del pleno del Tribunal como del Consejo, no hay oposición que valga más de 193 mil pesos, lamentaron las fuentes.
La nueva normatividad se contrapone a la voluntad y los intereses de Pérez que, en agosto del año pasado, impulsó una controversia legal en contra de los artículos 34 (que obliga a dar respuesta a las solicitudes de información del Congreso local) y 37 (que establece, entre otras cuestiones, que el Congreso local designará a los 11 integrantes del Concejo Judicial Ciudadano por medio de una convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales).
A la fecha, la controversia no ha sido resuelta y el Tribunal Superior de Justicia capitalino podría tener a un presidente magistrado reelecto “aún en contra de derecho”. De este modo, la impartición de la justicia en la Ciudad de México “está en juego”, recalcaron los entrevistados.
LA MAYOR INJUSTICIA
Mientras que la actual administración del Tribunal gasta “en las vacaciones de los magistrados”, la justicia juvenil está “en pañales”; la civil y mercantil “acotada a una determinada cuantía” y la familiar “ni tiene sala lúdica para platicar con menores”.
“No es posible que un capricho [de poder] pueda detener la evolución de una entidad federativa”, acusaron las fuentes. “Cuando a un juzgado no le damos las armas para que juzgue, no le permitimos al pueblo que acceda a una justicia digna, completa y decorosa […]. Siguen hacinados los juzgados civiles, los juzgados familiares…”.
Para los testigos, el mal uso de fideicomisos y la falta de inversión adecuada en los procesos operativos es evidente día a día.
“No se ha invertido. Los juzgados orales en materia civil y familiar requieren de unas salas de audiencia. En materia familiar requieren de dos salas: una lúdica […] y otra más para platicar con las partes en una junta anticipada. Y la sala de juicio no tienen cámaras. Los jueces las han comprado o graban las audiencias con sus celulares cuando se puede. No hay registros adecuados y estamos regalando 193 mil pesos para vacaciones de magistrados”.
Las deficiencias se extienden a la falta de computadoras, impresoras y un servicio de Internet suficientes para desahogar diligencias. Inclusive, el fideicomiso de administración de justicia, que se nutre del pago de multas y del costo de copias (simples, certificadas o cotejos) y que sirve para mejorar el servicio y gratificar a los trabajadores, se ve perjudicado con la falta de eficiencia y transparencia en los procesos, mencionaron.
No obstante, la serie de grandes “contubernios” de la administración de Álvaro Augusto Pérez Juárez se hace aún más evidente con el tema de los inmuebles y algunas adjudicaciones relativas a ellas. En este escenario, la “mayor injusticia” no es sólo para los trabajadores, sino también, para la ciudadanía que no puede acceder a mejores servicios por el capricho de unos cuantos magistrados.
Las fuentes comentaron, por ejemplo, que a partir de los sismos del 19 de septiembre de 2017, el Tribunal contrató a peritos inhabilitados para revisar los inmuebles de juzgados que resultaron afectados.
El de los tribunales civiles de Fray Servando 32 “quedó muy dañado” pero aún así se usó.
En el fondo, había una “negra historia”. Según los entrevistados, este edificio pertenece al fideicomiso de magistrados, cuenta con persona (moral) privada y es rentado al Tribunal. “Entonces la renta que se paga va para beneficio de los magistrados”.
Inclusive, tres acuerdos del Tribunal del año pasado (V-111/2017, V-112/2017 y 64-47/2017) mencionan una “reubicación temporal” de los órganos jurisdiccionales que albergaba el inmueble. Para enero de 2018, según el acuerdo V-01/2018, el Tribunal ordenó la reubicación de los órganos jurisdiccionales a un edificio ubicado en la calle de Calzada La Viga 1174, que de acuerdo con las fuentes, está “igual de dañado” que el de Fray Servando.
Otro caso de este tipo de irregularidades se suscitó en el edificio de Avenida Niños Héroes 150, que es la sede del Tribunal capitalino inaugurada en septiembre de este año.
El predio habría sido expropiado por el Gobierno local y asignado para el Tribunal. En ese entonces, las autoridades del Tribunal iniciaron una negociación que terminó, en un primer momento, con una licitación declarada como desierta en la que había concursado el grupo de Carlos Slim Helú.
Más adelante, dijeron las fuentes, las autoridades –sin contar con un presupuesto para construir– llegaron a un acuerdo: permutaron el edificio de Río de la Plata 48 –donde está la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos– para negociar la construcción con el grupo de Slim.
Con ello, “se transgreden normas de carácter inmobiliario de la Ciudad de México” porque la propiedad de Río de la Plata “no fue desincorporado del dominio público al privado para permuta, venta, regalo o lo que fuera […]. Además, no son atribuciones del Tribunal sino del Gobierno capitalino”. Tampoco hubo transparencia en cuanto a la construcción, diseño y costo de la obra.
Los caprichos —recalcaron los entrevistados— detienen el desarrollo de la impartición de justicia en la Ciudad de México y revelan lo peor: que valen más 193 mil pesos que la ética de los servidores que debieran responder al pueblo, en lugar de verlo como a un cúmulo de súbditos.
