Mujeres, hombres y niños, laboran en los campos para poder cubrir sus necesidades más básicas. Foto: Pablo Zamora, Cuartoscuro.

Por Mujeres de la Alianza Campo Justo*

Cada año, en noviembre, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sesiona para fijar el aumento anual general del salario mínimo, así como los montos salariales correspondientes a diversos sectores profesionales. Este año, desde la Alianza Campo Justo esperamos que en este proceso se priorice la fijación de un salario mínimo profesional para las personas jornaleras, pues desde 2019, con la reforma al artículo 280BIS de la Ley Federal del Trabajo, se le asignó a esta institución dicha obligación.

En esta discusión la CONASAMI debe tomar en cuenta que: el trabajo agrícola es por naturaleza físicamente demandante; implica riesgos de accidentes que aumentan por la fatiga; la población jornalera está expuesta sin ninguna protección a elementos plaguicidas, y enfrenta una falta de acceso a servicios de salud básica y a sus derechos laborales en general.

Mujeres, hombres y niños, laboran en los campos para poder cubrir sus necesidades más básicas; es decir, participan familias enteras que en su mayoría provienen de comunidades indígenas, población que ha sido excluida históricamente de políticas públicas. En este sentido, y como reflejo de la sociedad en la que vivimos, las mujeres jornaleras también cumplen con una doble jornada, ya que además de trabajar en los surcos también son madres y sostienen a la comunidad a través de las labores de cuidado.

La brecha de género también se observa en el número de mujeres remuneradas. De cada 100 hombres, 74 laboran de manera subordinada y remunerada y 26 no reciben ninguna remuneración; en tanto que de cada 100 mujeres solo 31 son subordinadas y remuneradas, y 69 no reciben ningún pago por su trabajo.

Las mujeres que somos parte de la Alianza Campo Justo unimos nuestras voces para que, durante la discusión y la fijación de un salario mínimo profesional, el Consejo de Representantes de la CONASAMI tome en cuenta las experiencias diferenciadas de las mujeres trabajadoras del campo y fije un monto de 300 pesos, como algunas personas jornaleras lo han expresado.

Por ello, llamamos a la CONASAMI a que, en estas discusiones, tome en cuenta que las mujeres participan predominantemente en labores de cultivos que son cíclicos, lo que representa una inseguridad económica mayor para ellas y sus familias, por la falta de oferta laboral que hay en cultivos perennes cuya temporalidad y oferta es mayor. Además, en muchos de los campos predomina el pago por destajo, es decir las ganancias dependen de la cantidad de producto recolectado. En muchas de las ocasiones, a pesar del esfuerzo físico que realizan, no logran reunir la misma cantidad de producto, pues cumplen con otras labores de cuidado, lo que resulta en una disparidad salarial.

Además, la modalidad en la que laboran no les garantiza tener acceso a permisos de incapacidad, por lo cual deben de trabajar a lo largo de sus embarazos y en el postparto, poniendo en riesgo su salud y la de sus hijas e hijos. Aunado al salario también es necesario asegurar apoyos alimenticios específicos para mujeres embarazadas o en lactancia materna. En este sentido, en palabras de nuestras compañeras jornaleras “Es urgente que el Estado cumpla sus obligaciones y exija a las empresas respetar nuestros derechos laborales como la inscripción al seguro social, los días de descanso, la incapacidad, seguridad en el trabajo y guarderías y escuela para nuestros hijos e hijas”.

El valor monetario de un salario, más allá de cubrir el costo de una canasta alimentaria básica, la vivienda, vestido y salud, debe de garantizar el ejercicio del resto de los derechos económicos sociales, culturales, civiles y políticos, especialmente en el caso de los grupos vulnerables.

Finalmente, si bien establecer un salario digno es un primer paso hacia la garantía de derechos, es fundamental que exista un trabajo interinstitucional que atienda las desigualdades estructurales que vive esta población como la violencia de género y el desarraigo de sus comunidades, por solo mencionar algunas.

Las mujeres de la Alianza Campo Justo

* Alianza Campo Justo está conformada por personas jornaleras promotoras de derechos humanos en conjunto con Fundar, Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas. www.campojusto.mx