Sabemos que las universidades públicas en los estados han sido el coto de poder y la caja chica de los gobernadores en turno y que el puesto de Rector, es más un puesto político que un puesto académico.

No es necesario inventar el hilo negro si sostengo que los altos presupuestos de las universidades públicas se han convertido en nido de corruptelas y de inmensas brechas salariales entre directivos, privilegiados y maestros por horas o de base e investigadores.

Bajo el argumento de la “autonomía universitaria”, algunas universidades públicas han gozado de la opacidad y han convertido la práctica de la simulación en el pan de cada día, para ocultar sus tranzas y corruptelas.

Sólo hay que revisar el libro de La Estafa maestra, una investigación periodística de Nayeli Roldán, Manu Ureste y Miriam Castillo que exhibe como el Gobierno mexicano desvió alrededor de 8 mil millones de pesos sólo entre 2013 y 2014 a través de 8 universidades públicas: Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico Superior de Comalcalco, Universidad Tecnológica de Tabasco, Universidad Juárez de Tabasco, Universidad Popular de la Chontalpa, Universidad del Carmen en Campeche, Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict).

Con esta información, creo que ha llegado la hora de abrir la cloaca que existen en algunas universidades públicas. Es urgente hacer auditorías independientes, privadas, además de las auditorías internas que tienen las universidades.

El recorte del 6 por ciento anunciado en un principio por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a las universidades, fue corregido. Pero antes de ello, hubiera sido necesario auditar a las máximas casas de estudios. Nunca es tarde para hacerlo. Creo que los universitarios y los mexicanos merecemos transparencia en el uso de nuestro dinero.

Obviamente, esto lo consideran una agresión contra los santuarios intocables como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde existe la sombra de la corrupción y del derroche en el uso de su presupuesto.

Los casos de corrupción en el alma máter de México han sido públicos y notorios. El año pasado, por ejemplo, se descubrió que un grupo de profesores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón que recibieron una beca del Conacyt, ocupaban también una plaza de tiempo completo, algo violatorio a los reglamentos internos y federales. Lo mismo pasa con profesores que reciben privilegios que trabajan en la UNAM y al mismo tiempo reciben un dinero extra por sus trabajos de investigación. Profesores que trabajan tienen un salarios y al mismo tiempo gozan de una buena beca.

Tal vez por eso, han protestado y exigido una auditoría independiente, estudiantes de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara la (UdeG), que se encuentra bajo el dominio de Raúl Padilla, presidente de la FIL de Guadalajara y su grupo político ahora vinculado al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) con el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez. La UdeG ha sido la caja chica de Padilla desde hace décadas y ahora también de Alfaro.

El reparto inequitativo de los millonarios presupuestos de las universidades ha generado un legitimo descontento entre la comunidad universitaria estudiantil y académica.

Los estudiantes de la Red Estudiantil por la Democracia, exigen al Congreso de la Unión y al Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el fin de las mafias enquistadas en la UNAM, la UdeG, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el IPN.

La presencia predominante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en la UNAM y en las demás ha sido clave en el rechazo de la reducción del presupuesto.

Es evidente que unos cuantos viven de este presupuesto y gozan de privilegios como los altos salarios para rectores, funcionarios, y un grupo de docentes que se aprovecha de las partidas presupuestarias para viajes al extranjero o investigaciones poco claras.

Por ejemplo, en la UNAM un director de facultad percibe 107 mil 951 pesos al mes, 21.7 veces más que un maestro o un ayudante de asignatura, que recibe una percepción de 4 mil 963 pesos.

De acuerdo al tabulador de sueldos del personal académico de la UNAM del 2017, un profesor o un investigador ordinario de carrera tiene un sueldo de tan sólo 7 mil 29 pesos con 44 centavos; mientras un ayudante de profesor recibe 3 mil 718 pesos con 92 centavos y el técnico académico ordinario obtiene un total de 3 mil 564 pesos con 92 centavos.

De hecho, hace unos días varios maestros publicaron sus recibos para demostrar que ganaban 2 mil pesos. Existen facultados o escuelas donde pagan de 60 a 100 pesos la hora de clase.

De hecho, algunos rectores ganan más que los gobernadores. Por ejemplo, el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, ha gozado de un jugoso salario: 177 mil 969 pesos; 54 mil 553 pesos por el cargo y 126 341 pesos por “percepciones adicionales”. Hace unos días, el Rector Graue anunció que pretende adecuarse a la “austeridad republicana” y se bajara su sueldo 22 mil pesos, aunque no aclaró a cuanto realmente asciende su salario.

La brecha salarial en la UNAM es realmente un insulto al trabajo y dedicación de miles de maestros que sobreviven con salarios miserables, sueldos de hambre. Y es también un insulto frente al derroche por los pagos que la máxima casa de estudios hace a conferencistas como la opinóloga Denise Dresser, famosa por cobrar jugosas cantidades por sus exposiciones, pagos que van desde 50 hasta 450 mil pesos, realizados a través de partidos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN), universidades públicas como la UNAM, u organizaciones empresariales como la Coparmex.

La educación pública en México atraviesa por una grave crisis y un lamentable proceso de privatización. Las colegiaturas son altas frente a la mala calidad de la educación. Las universidades públicas deben dejar de ser la caja chica de los gobernadores. Urge abrir cloacas y eso solo se lograra con auditorías privadas e independientes que muestren el nivel de podredumbre que actualmente existe.

Incrementar el nivel académico de las universidades públicas exige una redistribución de sus presupuestos, el urgente incremento salarial a miles de maestros y el fin de privilegios y corruptelas.

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, está obligado a abrir la caja de pandora de las universidades para hacer una buena limpia e iniciar un proceso de depuración y renovación moral en el uso de nuestro dinero.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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