México, 23 May. (Notimex).- En México es necesario que se establezcan límites a la propiedad cruzada de medios, ante el riesgo de que esta práctica afecte la pluralidad de ideas y el acceso a diversas fuentes de información que deben regir en una democracia, coincidieron especialistas.
En el marco del foro “Propiedad Cruzada de Medios en México”, la presidenta de Observatel, Irene Levy, expuso que éste es un tema que tiene que estar en la agenda nacional, por lo que la concientización de los poderes Legislativo y Ejecutivo es fundamental.
La propiedad cruzada de medios, explicó, se refiere a la posibilidad de que diversas fuentes de información, que a su vez se transmiten por medios de comunicación como periódicos, revistas, radio, televisión e Internet, pertenezcan a una misma persona o grupo.
Resaltó que la situación en sí misma no implica consecuencias negativas, sin embargo, existe el riesgo de que una alta concentración en un medio o en varios limite la pluralidad de ideas y por lo tanto, el acceso a diversas fuentes de información.
Con ello, se pueden generar fenómenos contrarios al interés público y transmitir un gran poder a quienes ejercen el control sobre esos medios, debido al impacto que los contenidos pueden generar en la población, especialmente en aquellos que cuenten con mayor grado de penetración, comentó Levy.
“En México el tema se desconoce, pero no por eso es poco importante y es que ha habido pudor y miedo, es un tabú tratar el tema con la gran concentración de medios de comunicación que tenemos, pero por eso es importante abrir la discusión”, destacó.
Por su parte, el miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva, dijo que la ausencia de políticas públicas sobre la propiedad cruzada de medios, provoca que autoridades como Cofetel y la Cofeco padezcan una judicialización y coerción.
Es importante la participación de la organización civil organizada para obligar a los legisladores y político a actuar, enfatizó.
Mientras en México el tema se está empezando a analizar, impulsado por actores de la academia y la sociedad civil, en países como Estados Unidos ya se establecieron límites para garantizar el derecho a la información, la competencia y calidad en contenidos, anotó.
