México, 14 ago (EFE).- El Gobierno de México sostuvo hoy que las "medidas extraordinarias" que adoptan las autoridades en el país contra el crimen organizado se ejercen sin afectar a los derechos humanos de la ciudadanía ni motivar la suspensión de las garantías para su protección.
En un comunicado la secretaría de Gobernación (Interior) dijo que la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional (LSN) que analiza la Cámara de Diputados fortalecerá los derechos humanos "al transitar de un débil marco jurídico" a un régimen de facultades acotadas e intervenciones limitadas.
Actualmente las atribuciones para introducir estas medidas corresponden de modo "individual y discrecional" al presidente de México como responsable del Ejecutivo en coordinación con los gobernadores de los 32 estados del país que solicitan la intervención de las Fuerzas Federales.
En estos momentos el presidente de la República es responsable de ordenar tales medidas "transitorias" "cuando la capacidad de las autoridades locales para enfrentar un obstáculo es superada", como ha sucedido desde diciembre de 2006 en algunos estados mexicanos con fuerte presencia de grupos criminales.
Un colectivo ciudadano representado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, ha pedido que la propuesta LSN, que planteó el presidente Felipe Calderón en abril de 2009 y que ha modificado el Senado, que modificaría la actual situación, sea frenada para crear otra nueva más respetuosa con los derechos de la población.
Según el titular de Gobernación, Francisco Blake, la iniciativa de LSN en trámite se enfoca "en la ruta del fortalecimiento institucional para atender los desafíos y retos que los mexicanos demandan para lograr que el orden y la paz imperen en nuestro país".
Para el Gobierno de México la disposición de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a escuchar a las organizaciones sociales y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación con la iniciativa de LSN garantiza "que los ciudadanos podrán hacer sus comentarios al proyecto".
Las pugnas entre organizaciones criminales y de estas con las autoridades federales desplegadas por el país, así como con las estatales y locales, han generado una ola de violencia en México que desde diciembre de 2006 ha dejado al menos 40 mil muertes, según datos oficiales.
Muchas de esas víctimas se han organizado en torno al movimiento encabezado por Sicilia, quien está tratando de que el Legislativo y el Ejecutivo sean más sensibles al dolor y los problemas de los afectados y trabajen con más ahínco por la pacificación del país. EFE
