Más de 47 organizaciones de la sociedad instaron al Gobierno mexicano a cumplir las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, Michel Forst sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil, periodistas y defensores de derechos humanos solicitaron al Gobierno de México que se comprometa a acatar y cumplir  las recomendaciones del relator especial de la ONU, Michel Forst, respecto a los obstáculos y amenazas en contra de los defensores en el país.

Asimismo, condenaron el asesinato del activista indígena Isidro Baldenegro el pasado 15 de enero, justo cuando la visita de Forst daba inicio. “Las organizaciones de la sociedad civil expresamos un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo”, señala la misiva.

Los firmantes exigieron al Estado que renueve la invitación para el Relator, quien se comprometió a dar seguimiento a sus recomendaciones. También demandaron al Gobierno comprometerse a cumplir las recomendaciones, de las cuales destacan la siguiente lista:

1.- Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición.

2.- Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras.

3.- Cumplir las recomendaciones de las instancias de Derechos Humanos internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años

4.- Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública,

5.- Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.

6.- Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior.

7.- Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”.

8.- Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de

9.- Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

10.- Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano.

11.- Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI.

12.- Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras.

13.- Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos.

14.- Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas.

15.- Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero.

Entre los firmantes se encuentran Nestora Salgado, Article 19, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Tequio Jurídico, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC­Mx), Casa de los Derechos de Periodistas A.C, Casa del Migrante Saltillo y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).