Ciudad de México, 25 de febrero (SinEmbargo).– La presidenta de la Comisión Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, calificó como inconstitucional la propuesta presentada el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, como requisito de inscripción o reinscripción a escuelas preparatorias y universidades.
La iniciativa fue presentada por la Senadora priista Cristina Díaz Salazar y turnada a comisiones de la cámara alta la semana pasada. La propuesta plantea hacer obligatorio que jóvenes de 17 a 24 años de edad entreguen anualmente un estudio de antidoping completo y una biometría hemática general, a fin de detectar si alguno de los alumnos presenta adicción a drogas o algún tipo de trastorno alimenticio.
Aunque el texto de la iniciativa especifica que la información personal recabada será útil para canalizar al joven a la dependencia correspondiente para el tratamiento a su adicción, representantes de organizaciones civiles consideraron que la medida “criminalizará” y “discriminará” a los estudiantes que den positivo en los exámenes médicos.
La Diputada Verónica Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidió en que tal como está redactada, la iniciativa violenta la Constitución, así como tratados internacionales firmados por México, en materia de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Es inconstitucional porque violenta el Artículo 16 [de la Carta Magna] que habla sobre la intimidad y la privacidad; de igual forma violenta el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, –que en este caso tiene que ver con los menores de 18 años– y que México está obligado a cumplir, porque firmó esta Convención”, puntualizó la Presidenta de la Comisión Derechos de la Niñez.
Agregó que la propuesta que se analizará en las comisiones de Educación, Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos del Senado atenta contra los derechos fundamentales de jóvenes menores de 18 años y de estudiantes universitarios.
“En dado caso que fuera aprobada –situación que no creo viable–, estaría creando un Estado de excepción ya que sería también una ley discriminatoria y racista; pero no sólo eso, además que criminalizará, sin lugar a dudas, a los adolescentes cuyos exámenes médicos resultaran positivos”, precisó.
NO CRIMINALIZAR
La Diputada Juárez Piña sostuvo que más que criminalizar a los jóvenes, el Estado debería luchar por crear políticas públicas que prevengan cualquier situación que provocara que los jóvenes pudieran caer en adicción, no solamente a alguna droga, sino también al alcohol.
Más aún, dijo, más que cerrar oportunidades y frenar el acceso de jóvenes a la educación media superior y superior, el Gobierno federal debería buscar integrar a los más de siete millones de adolescentes que no trabajan ni estudian en México.
“Esa debe ser nuestra principal preocupación, cómo garantizar que todos los menores de 17 años puedan acceder a escuelas preparatorias y a la universidad pública. Precisamente esta es la etapa en la que menos ingresan a las instituciones de educación”, explicó la legisladora del PRD.
Finalmente, insistió en la urgencia de no discriminar, ni criminalizar a la juventud mexicana, porque lo que en realidad necesita son políticas públicas para la prevención de adicciones, así como acciones concretas para apoyar a los jóvenes que tienen problemas en el seno familiar, en su comunidad, o que carecen de oportunidades laborales y escolares.
LA OPINIÓN DE LAS ONG’S
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó que esta propuesta violaría los derechos humanos de los jóvenes, tales como el de la privacidad y la protección de sus datos personales. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, llamó la atención a tres puntos de la iniciativa priista que generan preocupación entre los defensores de derechos humanos.
“Violentaría el derecho a la intimidad que tienen adolescentes y jóvenes; no coloca el foco en un política real de prevención y de protección para toda la población, y no se traducirá en una política efectiva contra el consumo de drogas, porque queda limitado a un ámbito escolarizado, cuando sabemos que existe un porcentaje muy alto jóvenes que no tienen acceso a la educación”, precisó.
La iniciativa no especifica qué autoridad será responsable de salvaguardar los datos personales, cómo se procesará la información obtenida o qué candados se incluirán para evitar su exposición pública.
En este sentido, el director de Educación Futura, Rubén Álvarez Mendiola, expuso que la iniciativa de reforma a las leyes General de Educación y de Salud contiene profundos rasgos discriminatorios que no van al fondo del problema, que es atender de forma efectiva la adicción entre la juventud.
“Más que un rasgo autoritario, esta iniciativa muestra un profundo desconocimiento del PRI sobre una de las problemáticas de las cuales el Estado mexicano mismo es responsable, que es el olvido institucional para los jóvenes”, afirmó el especialista.
La propuesta, explicó, va más en el sentido de criminalizar o castigar la adicción, y no en el de presentar alternativas viables para reducir el consumo de estupefacientes entre la juventud.
