Hasta el 21 de febrero habían sido retornadas 17 familias hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, en las que había 18 menores de 12 años y 7 adolescentes.
Por María Verza
Ciudad de México, 25 de febrero (AP).— Un total de 112 migrantes, entre los que hay 25 menores, han regresado a México como parte del programa lanzado a finales de enero por la administración de Donald Trump para que los centroamericanos solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su proceso en territorio mexicano, todo un cambio en la política migratoria de ese país.
Así lo indicó el lunes Tonatiuh Guillén, responsable del Instituto Nacional de Migración, en entrevista con The Associated Press en la que también aseguró que ahora se está controlando más a los migrantes de nuevo ingreso a México, a quienes ya no se darán visas humanitarias salvo que lo soliciten en las capitales centroamericanas pero sí permisos que les permitan estar y trabajar en los estados del sur, con lo que se evitará que nuevas caravanas lleguen hasta la frontera con Estados Unidos.
Guillén había rechazado en un principio que México fuera a aceptar menores procedentes de Estados Unidos que hubieran solicitado asilo allá aunque reducir los grupos familiares centroamericanos en territorio estadounidense era una de las prioridades de Washington. Finalmente lo está haciendo si están acompañados.
Hasta el 21 de febrero habían sido retornadas 17 familias hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas, en las que había 18 menores de 12 años y 7 adolescentes.
“Sí vienen niños con sus papás o sus mamás; son pocos todavía”, afirmó el comisionado.
Guillén dijo que todavía no se ha avanzado en la intención de Estados Unidos de extender esta práctica a otros puntos fronterizos y, sin ofrecer detalles, señaló que, de momento, hay capacidad para atender a estos retornados en los albergues de Tijuana pero alertó de que “eso tiene un límite”.
Asimismo, indicó que cuanto más crezca el programa más posibilidades tiene de fracasar porque previsiblemente subirán las demandas que algunos colectivos ya pusieron en cortes estadounidenses alegando que el plan no respeta el debido proceso de los solicitantes de asilo o los puede poner en peligro.
“En la misma medida que lo quieran hacer más fuerte, jurídicamente se va a volver más débil”, algo que, a su juicio, “sería una buena noticia para las personas que solicitan asilo”. Indudablemente, también restaría problemas a México.
Desde finales del año pasado, cuando se inició el flujo masivo de migrantes en caravanas, México ha entregado más de 15 mil “tarjetas de visitantes por razones humanitarias” pero este tipo de permisos ahora solo se darán si se tramitan en las capitales centroamericanas. Otorgarlos a quien lo solicite a partir de ahora en territorio mexicano “ya será algo muy excepcional”, aclaró Guillén.
Lo que sí podrán pedir los migrantes que lleguen a la frontera sur de México a partir de que se hagan las reformas legislativas necesarias, y que Guillén estima se concretarán a fin de año, serán los permisos de “visitante regional” y de “visitante trabajador fronterizo” que limitaran el libre movimiento de los mexicanos al sur de México y, por ende, evitarán la afluencia masiva de caravanas hasta la frontera con Estados Unidos.
“Sí estamos tratando de controlar más”, reconoció. “No es conveniente para nadie que tengamos este tipo de movimientos (…). Vamos a tratar de revisar bien la situación de cada persona. Sí hay quienes sí necesitan apoyo humanitario pero también hay otro grupo que ha estado en tono muy agresivo y que no es el perfil esperado de quien solicita apoyo”.
El responsable de migración mexicano dijo que se pretende evitar situaciones como que grupos intenten cruzar en masa a Estados Unidos y mostró su preocupación por “la manipulación de la necesidad de las personas” como, a su juicio, se ha hecho en algunas caravanas.
Guillén también anunció un “programa de regularización amplio” para migrantes que ya están en México pero no detalló a cuántas personas podría afectar ni cuáles serían los requisitos para solicitarlo.
Sobre la depuración en el seno del Instituto Nacional de Migración, al que se ha acusado en muchas ocasiones de tener funcionarios corruptos, Guillen reconoció que ya hay investigaciones en marcha aunque no detalló cuántas.
“Tenemos ahora alrededor de 350 bajas en el instituto por distintas razones (…) hay unas definitivamente de corrupción”, dijo sin dar más detalles.
Lo que sí dijo es que entre estas últimas se encuentran denuncias presentadas por algunos migrantes en la estación de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, donde hay poco más de una docena de migrantes y que será cerrada en los próximos días. Según denunció Telemundo, los migrantes eran retenidos en el sótano de esa institución y extorsionados por agentes del INM que solo les permitían salir si pagaban cierta cantidad de dinero.
“Eso sí es cierto (…) ciertas personas fueron destituidas. Se está investigando y se va a cerrar la estación de Reynosa, eso es un hecho”, indicó.
