Por Anaid García Tobón

En los últimos años, a nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha impulsado una reflexión para entender y visualizar mejor el vínculo entre corrupción y derechos humanos. En 2018 estableció una resolución[1] con  recomendaciones para abordar este fenómeno desde una visión más integral.

Al ser un problema complejo y multifactorial, la corrupción no es solamente un cúmulo de comportamientos poco éticos que desfavorecen al interés público. La corrupción funciona en redes complejas y tiene afectaciones multidimensionales y diferenciadas que se observan desde distintas aristas. En este sentido, la corrupción en la gestión de recursos públicos reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Como consecuencia, la corrupción tiende a impactar mucho más a grupos en situación de vulnerabilidad porque impide que accedan a bienes y servicios públicos.

Por ejemplo, en el sector salud, la corrupción en las licitaciones que conlleven sobrecostos puede dificultar la compra de equipo o medicamentos para curar enfermedades crónicas graves, o bien, reducir el número de pacientes que los sectores públicos pueden atender, obstaculizando que la población (y sobre todo la de escasos recursos) pueda acceder efectivamente a los servicios de salud, llevando en un caso extremo a perder su vida.

El análisis de México tiene una particular relevancia debido a que tiene un alto índice de corrupción al mismo tiempo que atraviesa por una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos. México se ubica en el lugar 138 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018[2] y encabeza la lista de países del continente americano con el más alto índice de impunidad de delitos[3]. Otro de los aspectos preocupantes es el debilitamiento de la libertad de expresión, nuestro país es el territorio en paz más peligroso del mundo para ejercer periodismo[4] –sin medios de comunicación que hagan un escrutinio a las acciones del gobierno, la capacidad denunciar hechos de corrupción es bastante limitada-. En resumen, México es el país más complejo de la región americana por la captura de las instituciones, las organizaciones criminales que operan en el país y la cantidad de población que tiene.

Las recomendaciones que brindaron las organizaciones y periodistas mexicanos para combatir este problema contribuyen a enriquecer la mirada regional, algunas de ellas se centraron en: contar el rol del sector privado en el combate a la corrupción, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y el derecho de acceso a la información, contar con titulares de las instituciones con conocimientos en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, vigilar la aplicación de las sentencias del Poder Judicial y el grado de autonomía con el que las aplica.

El informe que realiza la CIDH para combatir esta enfermedad pandémica no se limita únicamente a diagnosticar problemas, sino que busca brindar recomendaciones que puedan apoyar en la lucha contra la corrupción con una perspectiva más completa. Este esfuerzo no debiera ser soslayado por los gobiernos y debería traducirse en acciones concretas que tengan resultados efectivos y que mejoren la calidad de vida de las personas.

[1] Resolución 1/18 Corrupción y Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf

[2] En 2018 se evaluó a 180 países en una escala donde 0 es altamente corrupto y 100 es libre de corrupción. México se ubica en el puesto 138 de 180, con una calificación de 28. Este índice es elaborado por Transparencia Internacional y se encuentra disponible en: https://www.transparency.org/cpi2018

[3] Índice Global de Impunidad México 2018. La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-Mex 2018. Disponible en: https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf

[4] “México es el país sin guerra más peligroso para los periodistas”,  El Economista, 18 de diciembre de 2018.

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