Asamblea realizada para oponerse a los megaproyectos y defender el territorio en Amilcingo, Morelos, el 22 de febrero de 2020, a un año del asesinato del activista Samir Flores. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro.

En el teatro nacional de las elecciones y en la discusión pública en los medios se escucha con frecuencia creciente que la democracia mexicana está en riesgo, por supuestas tentaciones autoritarias de algunos de sus actores o por la defensa de intereses de la vieja partidocracia. Por más que parece que se pelean a muerte, al final ambos bandos compiten en el mismo terreno de juego: una democracia representativa que acota la participación de los sujetos a una simple votación cada tres años.

Pero fuera del terreno de juego de la democracia representativa ocurre otra contienda política que responde a intereses sociales más profundos, porque es la contienda que surge desde el propio antagonismo social que provoca el sistema de dominación y su economía política basada en la explotación del trabajo vivo y en la acumulación de capital por despojo.

En esta otra contienda política surgen miles de conflictos políticos contra la explotación y contra el despojo, cuya lógica trasciende y rebasa el juego electoral. Estos conflictos políticos por despojo ocurren cuando un pueblo, una comunidad, un barrio o una organización de base decide resistir las distintas dinámicas de acumulación de capital que intentan despojarlos de sus tierras, bienes comunes y con ello trastocar sus formas de reproducción de la vida no dependientes del trabajo asalariado o de un patrón.

En esta contienda política se encuentran todos los conflictos sociales que encabezan las comunidades que defienden el agua, bosques y tierras contra los megaproyectos extractivos como mineros, petroleros, eólicos, geotérmicos, de hidrocarburos o hidráulicos que atentan contra su territorio.

Según el Atlas de Justicia Ambiental, que encabeza el ecólogo político catalán Joan Martínez Allier, en el mundo se registran 3 mil 414 casos que algunos llaman socioambientales y que yo prefiero llamar conflictos políticos por despojo.

Según este observatorio de conflictos ambientales, con 149 casos México se encuentra entre los cinco países con más conflictos sociales. La lista la encabezan la India (343 casos), Brasil (173), Estados Unidos (157) y China (151). (El mapa se puede consultar aquí).

Otras bases de datos también registran estos conflictos políticos por despojo que ocurren en México: el Observatorio de Conflictos Mineros (producido desde Chile) registra 284 conflictos sociales entre comunidades que resisten la minería y las empresas y los gobiernos que las impulsan. Según este observatorio, México encabeza la lista en América Latina con 58 conflictos contra empresas mineras. Ningún listado alcanza a registrar todos los conflictos políticos por despojo ni en el mundo ni en México.

Lamentablemente esta contienda política por la defensa de la tierra, los bienes comunes y la reproducción de la vida en autonomía, se juega a sangre y fuego contra los defensores del territorio.

Estos defensores del territorio por lo regular se enfrentan a grandes empresas que despojan y depredan tierras o bienes comunes con el fin de valorizar los territorios donde asientan sus inversiones. Las empresas extractivas y sus grandes megaproyectos mineros, de hidrocarburos o hidráulicos están a la cabeza de quienes invaden y despojan tierras y recursos, mediante distintas dinámicas de acumulación de capital.

Por lo regular, estos grandes megaproyectos cuentan con el aval de los gobiernos en turno, de los tres niveles, por lo que sus fuerzas de seguridad se ponen de lado de quienes despojan los territorios. En otros casos, los megaproyectos son implementados por el mismo Gobierno, como ocurre ahora con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec.

Cuando las comunidades y pueblos afectados por estas dinámicas de acumulación se organizan para defender sus tierras, su agua, sus bosques o los bienes comunes en riesgo, por lo regular desde el Estado y las empresas extractivas se despliega un reportorio represivo que trata de inhibir y desarticular la organización de las comunidades en resistencia.

La estrategia represiva va desde la descalificación, amenazas, acoso, hasta la criminalización inventando casos que en muchos casos llevan a la persecución y encarcelamiento de dirigentes y miembros de las organizaciones que defienden sus recursos. Lamentablemente en el mundo y en México, la estrategia represiva incluye las desapariciones y los asesinatos. Estas agresiones, estas estrategias represivas contra los defensores del territorio, han sido documentadas recientemente en un par de informes.

En el México de la Cuarta Transformación que ha reiterado que ya no se reprime, se han asesinado a 45 defensores del territorio en 2019 y 2020, según acaba de dar a conocer la Red Todos los Derechos para Todas y Todos en su informe “Semillas de dignidad y lucha. Situación de personas defensoras en México, 2019-2020”.

Esta organización conformada por 85 organizaciones de derechos humanos de todo el país, sostuvo que: “El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, configurando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física”.

Por su parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) acaba de publicar su “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020”. En el reciente informe anual (los publica desde 2014) precisan que el año pasado ocurrieron al menos 65 ataques contra defensores del ambientales o del territorio, de los cuales 18 terminaron en el asesinato de sujetos que resistían los megaproyectos que atentaban contra sus bienes comunes.

La historia de las luchas sociales de quienes defienden territorios en México contra las dinámicas de acumulación de capital que depredan los recursos y causan devastación ambiental, lamentablemente también tiene una historia represiva que en algunos casos, han terminado en desapariciones o asesinatos. Debemos detener la represión y el ataque a los defensores del territorio. Sus luchas sociales y resistencias son esenciales para defender los territorios de todas las dinámicas de acumulación que producen devastación ambiental y la explotación de los bienes comunes. Las luchas políticas de los defensores del territorio defienden la vida en su entorno. Paradójicamente arriesgan sus vidas para defender la vida para todos.