“Si después de todo lo que sucede, me voy a ir a vender tamales, les mando el menú”, trató de ironizar el Ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán al finalizar la presentación de un libro el 22 de mayo pasado. Con ello expresó el malestar social que existe contra los magistrados que han decidido en tan sólo cuatro meses de la Presidencia de Norma Piña, descongelarle las cuentas a la esposa de García Luna y contratar como administradora del órgano que se supone revisa a los jueces, el Consejo de la Judicatura, a Sonia Vargas, quien fuera la desviadora de 71 millones de dólares de la policía federal a las cuentas y propiedades en Florida del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. La actual empleada de la Judicatura que también preside Norma Piña, Sonia Vargas Terrero, desvió esa cantidad que en pesos equivale a mil 420 millones de pesos, para comprar equipo de espionaje telefónico y rastreo de celulares a compañías fachada de García Luna, su esposa y los hermanos Weinberg, que lavaban su dinero. 

Todo el discurso de Pérez Dayán, transmitido por los canales públicos de la Suprema Corte en vivo, fue un alegato inconexo y trastabillante del porqué no se deben elegir a los jueces en las urnas. Al final, su razón fue que abogados como él, terminarían vendiendo tamales. Los otros, como Sonia Vargas, terminarían en la cárcel. De eso se tratará esta columna, pero antes, quiero hacerles la crónica de lo que sucedió en el pleno de la Suprema Corte unas horas antes de los tamales de Pérez Dayán. 

Por la mañana, los ministros se reunieron para preguntarse qué habían votado cuando invalidaron el decreto del Presidente López Obrador sobre la seguridad nacional de las principales obras de infraestructura, los aeropuertos, el Tren Maya, el Interocéanico, la refinería Dos Bocas. Como recordarán, el Presidente había dictado un acuerdo administrativo para agilizar las mega obras de su Gobierno, pidiéndole a sus propias dependencias que abreviaran los trámites para otorgar permisos. Eso ocurrió el 22 de noviembre de 2021. De inmediato, catedráticos como Denise Dresser opinaron, sin miedo a la desproporción, que se había, cito, “dado un golpe de Estado que implica la rendición del poder civil al poder militar”. Ministros jubilados de la Corte, como José Ramón Cossío, hoy afiliado a la “marea rosa” de Claudio X. González, le llamó “decreto”, aunque se trataba de una instrucción administrativa. El IFAI encontró una manera de decir que esa disposición del Presidente iba en contra la transparencia y metió su controversia constitucional, que fue aprobada apenas hace unos días. Pero, al aprobarla por ocho votos, los ministros se tuvieron que volver a reunir porque ni ellos mismos sabían qué carajos habían votado. Así, comenzó la sesión de la mañana de los tamales. El punto era el siguiente: en ninguna parte del anuncio del Presidente se hablaba de “transparencia” o de “reservar información” de las obras. En ninguna. Era nada más para agilizar los permisos. Pero lo ministros infirieron que sí basados en su propio torcimiento contra el interés nacional, no obstante que, en la Ley mexicana, no se puede ocultar información y, para hacerlo, se debe ir caso por caso, para demostrar que tal o cual información daña objetivamente la “seguridad nacional”. Pero a los magistrados de Norma Piña les valió eso y decidieron invalidar el llamado “decreto”, llamando a los demás que estaban en contra a “no ser ingenuos”. El Ministro Laynez Potisek lo estableció así de burdo: “Por lo tanto, negar que el vocablo “seguridad nacional” no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones (con todo respeto) me parece muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Yo no sé si fue el objetivo ni si eso se buscó, pero la consecuencia sí es esa. Nada más faltaba que lo hubiera dicho”. Laynez, entonces, pasó a sentenciar algo por lo que él creyó que podía implicar y no por lo que decía. Lo siguieron los otros siete votos. Aguilar Morales fue más lejos: reinventó una República donde no existe el interés nacional y sólo la suma de personitas aisladas unas de otras. Dijo: “El interés nacional no puede ser mayor que el interés de los particulares, por lo que no podrían existir casos de excepción cuya finalidad tenga como premisa fundamental el alcanzar el beneficio y bienestar de la nación, pero irrumpiendo los derechos de los gobernados”. Así, para Aguilar Morales quién sabe para qué existe el Estado y la Nación si, de todas formas, somos una masa amorfa de intereses particulares que él se siente obligado a proteger por sobre todos los demás.  

Así, para ser perspicaces, se inventaron que, a pesar de que no se leía por ningún lado eso de que se iba a reservar la información, pues podía suceder en un futuro incierto donde nos cayera, por ejemplo, un meteorito. Así lo dijeron los ministros: lo que podría suceder, de la maldita mala fe del Presidente, de que todo era un mundo opaco y lleno de misterios. Cualquiera que haya cursado civismo en la secundaria sabe que los jueces jamás pueden juzgar actos futuros, que no se han cometido aún, y que tienen prohibido considerar las intenciones ocultas de quienes emiten las normas y leyes. Pero lo hicieron. Desnudaron su desconfianza al Presidente y la disfrazaron de una protección de la transparencia que no venía en ningún renglón del llamado decreto de noviembre de 2021. Un llamado decreto para acelerar obras públicas de importancia para el país la convirtieron los jueces en un asunto de transparencia y del INAI. Confundieron “seguridad nacional” con secreto. Y ocho votaron así. Sin embargo, tuvieron que juntarse de nuevo porque no sabían qué votaron. Así de vergonzoso. 

El asunto es que la Constitución le prohíbe a la Suprema Corte invalidar una norma general, es decir, en todo el territorio para todos los mexicanos. Al invalidar la instrucción del Presidente a sus propias secretarías de Estado, argumentando una inexistente violación a las facultades del INAI, lo que habían hecho solamente era anular las relación de esa obra del Presidente y el INAI, en el caso de que no quisieran violar la Constitución, como lo han hecho durante cuatro años al ganar tres o cuatro veces más que el Presidente de la República. Veamos en detalle este desbarajuste.

La Ministra Yazmín Esquivel puso el asunto de la siguiente manera cuando dijo: “La declaración de invalidez en ningún caso podrá invocarse por alguna otra persona ajena al litigio, ya que el no haberse calificado al acuerdo controvertido por decisión mayoritaria de este tribunal pleno como una norma general es evidente que tampoco puede expulsarse del orden jurídico con efectos generales, pues ello iría en contra de lo ya votado y, además, confrontaría la letra expresa de la Constitución, la cual categóricamente ordenó que, en estos casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán efectos únicamente respecto a las partes en controversia”. Lo que habían celebrado como una victoria del bloque opositor, resultó que no tenía los alcances esperados, a menos que quisieran violar la Constitución. Así se los dijo, también, Loretta Ortiz: “Actuemos dentro de los márgenes que nos impone la Constitución, por lo que no podemos obviar que el Artículo 105 establece expresamente una diferencia entre el ámbito personal de validez y los efectos de una controversia en la que se analiza, por un lado, una norma general y, por el otro, un acto. Pasar por alto esta distinción que estableció el Poder Reformador se puede traducir en un desbordamiento de nuestras facultades, en una desnaturalización de la controversia constitucional y en una afectación a la seguridad y certeza jurídica, que se garantizan cuando se siguen las reglas preestablecidas”. El expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar se los resumió de la siguiente forma: “Lo cierto es que este acuerdo (el del Presidente López Obrador) no se dirige al INAI. Si el acuerdo fuera dirigido al INAI, no habría problema: se invalida y listo. El acuerdo ni siquiera tiene como materia esencial la transparencia y el acceso a la información (…) No me parece que sea válido votar al inicio de un asunto que se trate de un acto administrativo y, cuando tenemos la votación, cambiarle la naturaleza. Todos votamos sobre el supuesto de que era un acto administrativo”. Pero, no obstante los argumentos de que, en realidad su votación de ocho ministros era una gran victoria del bloque opositor, la verdad es que no estaban obligando a nadie más que al INAI y al Presidente de mantener las solicitudes de información en constante acumulación en los alternos de expedientes sin analizar que acarrea el INAI. Lo que buscaban, que era desacelerar las obras de infraestructura, pero eso no se pudo. No quiero dejar de mencionar lo que resultan verdaderos canapés para esta columna y es la certeza que tiene uno de los ministros, Laynez Potisek, de que el estado de Michoacán es un municipio del país. Así lo dijo: “¿Le afecta al municipio de Michoacán? No, pues, claro que no le afecta al municipio de Michoacán. Él no es parte de esta controversia y, una vez más, tampoco está dirigido para el municipio de Michoacán o de Torreón”. Así el conocimiento de los ministros de las entidades federativas. 

Pero, ahora vayamos a lo que dijo, por la tarde, el Ministro Pérez Dayán, aquello de que iban a terminar vendiendo tamales. Su conferencia se daba en el contexto de la propuesta de varios legisladores de que se consulte a la ciudadanía si creen conveniente o no elegir a los magistrados de la Suprema Corte y a los de la Judicatura. Lo primero que Dayán trató de argumentar era que los jueces eran demócratas porque sus fallos hacen valer las leyes que dan estabilidad. Por si no lo sabe el Ministro, la democracia se basa, no en lo que hacen los representantes o si tienen o no buena voluntad, sino en su origen en una elección donde los ciudadanos pueden pedirles que rindan cuentas de su actuar. Curiosamente, los jueces que revisan leyes, no importa lo imparciales y consistentes que quieran hacerse, no vienen de esa fuente de legitimidad llamada sufragio efectivo. Por lo tanto, no son democráticos. Es el origen electivo lo que hace que un funcionario sea legítimo o no. No es, para nada, a lo que se dedica. Dijo que le parecía una idea “exótica” eso de elegir jueces por voto popular, una práctica tan insólita que se da en cada elección de Alabama, Luisiana, Illinois, Nuevo México, Carolina del Norte, Pennsylvania, Arkansas, Georgia, Idaho, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, Dakota del Norte, Oregon, Washington, Virginia o Wisconsin. Estos, por cierto, son estados de la Unión Americana, no municipios. Bolivia también los elige, pero, a lo mejor ese municipio es demasiado exótico para Pérez Dayán. 

Pérez Dayán demostró que no no tiene mucha idea de para qué sirve la política. Lo digo porque aseguró este champurrado de ideas distintas: “La política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración y sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacer que las cumplan, lo haremos”. Un comentario a lo obvio: si las políticas de un Gobierno no son eficaces para qué queremos que se cumplan y para qué necesitaríamos unos ministros para que las hicieran suyas, si ya son, de por sí ineficaces. No sé si Pérez Dayán se estaba refiriendo a cuándo se apropiaron con el silencio cómplice de la Suprema Corte del desafuero de López Obrador en 2005; o de cuando se negaron a amparar a los campesinos despojados por las mineras o las eólicas; cuando se negaron a tomar el caso de la Guardería ABC o del crimen contra  Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica, Veracruz en 2007; o de cómo encubrieron los montajes de García Luna en los casos de Isabel Miranda Wallace o Florence Cassez. Eso sí fue apropiarse de políticas públicas ineficaces. Y, eso, según Pérez Dayán los hace demócratas. 

Lo que ellos creen que hacen dista mucho de lo que realmente hacen. Creen, por ejemplo, que ellos descubren en el texto de la Constitución lo que dice ésta, pero, como vimos en el caso del llamado decreto del Presidente López Obrador, construyen, cuando no tuercen la Ley, aunque puedan citar párrafos de artículos y otras sentencias. En realidad la Ley no existe como tal, sino que requiere una interpretación que viene con todo y el sesgo político que han demostrado tener los jueces. Para empezar no creen en la democracia como un sistema que tiene en su núcleo la soberanía popular y las urnas. Creen que es una cosa de buena voluntad de los catedráticos del derecho que se mueven “en apego a la Ley” cuando la pueden citar, cuando sus decisiones son todo menos apegadas al interés público. También creen que están ahí para defender minorías, pero confunden a éstas, a las vulnerables, a las comunidades indígenas, las mujeres, la comunidad LGTB y más con la élite. Dicen que defienden a las minorías de la mayoría obradorista porque se ponen del lado de quienes, teniendo todos los medios de comunicación, la oposición parlamentaria y electoral y casi todas las ONG’s financiadas desde Estados Unidos, no logran ganar una elección en urnas. Eso creen que es defender a las minorías. Defender a García Luna, al Cartel Inmobiliario, a los saqueadores, al gran capital. 

Pérez Dayán dice que, si los eligieran, a lo mejor los ministros actuales tendrían que dedicarse a vender tamales. Yo le propongo un mejor negocio: que la República los compre por lo que valen y los venda por lo que ellos mismos creen que valen.     

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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