Es lamentable hacer una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía si se aplica la ley o no a quienes cometieron graves actos de violaciones a derechos humanos y corrupción. En ese sentido, la Suprema Corte quiso enmendar un poco la plana y avaló una consulta popular anunciada como el “juicio a expresidentes”, pero “puliendo” la pregunta que se plasmaría finalmente para el ejercicio de participación ciudadanía.

El resultado es una pregunta barroca, llena de oraciones condicionantes, ininteligible, que balbucea -según sus intérpretes más animosos- la posibilidad de una comisión o comisiones de la verdad y de ampliar responsabilidades a más actores estatales. Lo cierto es que la pregunta ya fue “aclarada” por el Gobierno como un verdadero juicio a expresidentes. Siendo realistas ese y no otro es el verdadero sentido de la consulta. Este Gobierno ya fue claro: no habrá procesos de justicia transicional o extraordinaria. Bajo las premisas aquí esbozadas, y más allá de lo desfortunado que resulta someter el cumplimiento de la ley a consulta, vale la pena echar un clavado en los motivos del ejercicio.

Así las cosas, llaman la atención las razones por las que el Presidente López Obrador considera debe enjuiciarse a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. A excepción de Calderón, bajo la consideración del actual mandatario, el resto de sus predecesores tienen responsabilidades derivadas de actos de corrupción o el desmantelamiento de empresas estatales. Si acaso en su narrativa Fox fue un “traidor a la democracia” y avaló el supuesto fraude electoral de 2006.

Ello nos da un norte sobre dónde están las prioridades. Lo que resalta es que no están en las responsabilidades por presuntas violaciones graves a derechos humanos. A menos que también se busque someter a consulta la prescripción legal de responsabilidades (su extinción con el paso del tiempo); los actos enumerados por el Presidente ya no son perseguibles en su mayoría.

Salinas no solamente vendió (malbarató) a sus amigos las empresas estatales. Esta incluso es una situación que de derivar en alguna responsabilidad, ya habrá prescrito en términos legales. Pero hay otras responsabilidades que quizás no. Durante el salinato se desató la represión contra movimientos sociales y políticos de oposición. Uno de los blancos de la represión fue precisamente el entonces recién fundado PRD, cobrando la vida de cientos de sus militantes. Otro elemento a revisión sería la estrategia de contrainsurgencia desatada en Chiapas a propósito del alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994.

Qué decir de Zedillo y el recrudecimeinto de la estrategia de “guerra de baja intensidad” que derivó en la creación de grupos paramilitares en Chiapas, los que a la postre serían perpetradores de masacres como la de Acteal. Misma estrategia de aniquilamiento que se siguió contra otros movimientos armados y de resistencia en Guerrero y Oaxaca. Sí, el FOBAPROA fue un atraco, pero se antoja difícil derivar alguna responsabilidad de ello. Además las ejecuciones extrajudiciales donde hay responsabilidad directa o indirecta de las fuerzas de seguridad e instituciones castrenses, son peores.

Fox no sólo desató una estrategia para descarrilar a AMLO, primero con el desafuero y después con su franca y abierta intervención en la elección presidencial de 2006. Fue parte de la cadena de responsabilidades en hechos terribles como la represión federal y estatal en Atenco (donde también hay responsabilidad de Peña Nieto como Gobernador del Edomex) y en Oaxaca.

Por otro lado tenemos el infame sexenio de Calderón, acaso el único que el Presidente reconoce como uno donde se atizó la violencia de estado a partir del inició de la guerra contra el narcotráfico, provocando un impacto severo en la vigencia de los derechos humanos que hoy día seguimos padeciendo. No olvidemos que casi 90 mil personas desparecidas y más de 300 mil ejecutadas es el resultado de esa estrategia fallida.

Peña, por su parte, ya arrastraba responsabilidades en hechos como los de Atenco, pero sumó diversos agravios como Presidente en casos como el de Ayotzinapa, Nochixtlán, Pegasus y la continuidad de una estrategia de seguridad militarizada que continuó sumando miles de personas asesinadas y desaparecidas. Claro, el robo a las arcas públicas fue cínico y descomunal, pero al día de hoy sigue sin poderse construir una sola imputación seria por estos actos que -repito- no fueron los únicos.

Lo anterior es un breve e injusto repaso que no alcanzará a nombrar y enumerar agravios y recuperar el dolor de tantas personas. Es solamente un esbozo del México de los últimos 33 años. Un México que se fincó en el pacto de impunidad y corrupción, donde las responsabilidades políticas y penales no comienzan en las cabezas del Ejecutivo, sino que terminan ahí. Para llegar a los “máximos responsables” habrá que identificar una serie de responsabilidades institucionales y personales intermedias. Porque los Presidentes no actúan solos, sino a través de un aparato de Gobierno. Tal vez eso se quiere eludir porque varios personajes “del pasado” siguen muy presentes.

Además, construir un proceso de esta envergadura precisa de mucho trabajo de investigación basado en capacidades técnicas y voluntades de hierro. Para llegar ahí, se necesita de instituciones de seguridad y justicia que, al día de hoy, francamente no funcionan para llevar a buen puerto investigaciones complejas. Vaya, ni investigaciones simples. Para arribar a ese estadio, también se requiere hablar del Ejército, el cuerpo armado con quien AMLO está dispuesto a  co-gobernar. Para acabar, no se requiere de una consulta popular, sino avanzar en la ruta de un verdadero Estado de Derecho que está lejos, muy lejos, de ser construido.

Esperamos que más que un “fuego de artificio”, la consulta -cualquiera que sea el resultado- profundice en una discusión urgente y necesaria sobre las atrocidades del pasado y las formas institucionales (ordinarias y extraordinarias) de garantizar verdad, justicia y reparación.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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