Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 22 de julio durante el sepelio de José Luis Alberto Tehuatlie. Foto: Francisco Cañedo, SinEmabargo

Habitantes de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 22 de julio durante el sepelio de José Luis Alberto Tehuatlie. Foto: Francisco Cañedo, SinEmabargo

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El uso de gomas durante la administración de Rafael Moreno Valle quedó fuera de cualquier discusión en el momento en que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH-Puebla) publicó una recomendación en el 2011 donde explica que el martes 23 de agosto de ese año, manifestantes en la localidad de Ciénega Larga, del municipio de Chignahuapan, fueron desalojados, a las 6:30 horas por elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla (SSP) con petardos, gas lacrimógeno y balas de goma, además de que quemaron algunas viviendas.

La recomendación firmada por el comisionado de Derechos Humanos estatal Adolfo López Badillo revela que:

“Un grupo aproximado de quinientas personas, se encontraban de manera pacífica en las inmediaciones del predio conocido como ‘Cieneguilla’ de la fracción quinta de la ex hacienda de Atlamahac o hacienda de Atlamaxac; predio también identificado como Río Blanco, ubicado en la población de Ciénega Larga, perteneciente al municipio de Chignahuapan, Puebla, lugar del que señalaron ser poseedores; y que a partir de las 6:30 horas de ese día, alrededor de doscientos elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, llegaron en diversas camionetas y autobuses a ese lugar y con violencia comenzaron a desalojarlos del predio, sin mostrarles una orden de autoridad judicial competente, lanzando petardos, gas lacrimógeno, balas de goma, recibiendo jalones de cabellos, patadas, empujones, golpes mediante palos y macanas, aventándolos a las camionetas de la Policía Estatal, ocasionándoles diversas lesiones y privándolos de su libertad personal”.

El documento de la CDH-Puebla indica que tras las declaraciones de los afectados, “se llega a la certeza de que al haber uniformidad en las mismas, los hechos que refieren son ciertos, al constituir un testimonio, al efecto, sirve de apoyo e ilustración el criterio jurisprudencial”.

A pesar de esto, el 19 de septiembre de 2011, el entonces secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, negó categóricamente los hechos que motivaron la queja. Dijo que la Policía Estatal Preventiva estuvo ajustada al marco constitucional, habiéndose regulado el uso de la fuerza que ejerció el cuerpo de Seguridad Pública Estatal.

Finalmente, la Comisión determinó que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, “conculcaron en agravio de los inconformes, sus derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, integridad y seguridad personal y trato digno”.

Entre las recomendaciones que se le dictaron estaba: brindar “capacitación a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

También se pidió emitir “una circular a los elementos adscritos a esa Secretaría, en la que específicamente los instruya, para que su actuar siempre sea en estricto cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano, así como las leyes que se derivan de la propia Constitución, respetando la integridad física y los derechos humanos de los gobernados, absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza pública”.

El 19 de julio del año en curso, habitantes de San Bernardino Chalchihuapan se manifestaron en la autopista Puebla-Atlixco exigiendo el regreso de las oficinas del Registro Civil a la Junta Auxiliar, sin embargo, bajo el uso de la llamada Ley Bala, el Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, implementó un operativo para desalojar la protesta.

El resultado: cinco personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas dos menores, uno de ellos, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo de 13 años, quien murió a consecuencia de un impacto que recibió en la cabeza cuando pasaba por el lugar de los hechos.

Desde entonces, el gobierno de Moreno Valle ha reiterado una y otra vez que no se hizo uso de balas de goma, pues ni siquiera se cuenta con dichos artefactos.

Fue el propio Facundo Rosas quien en una conferencia de prensa ofrecida el mismo día que murió José Luis mostró un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donde revelaba que el gobierno de Moreno Valle no con cuenta con balas de gomas.

El titular de la SSP de Puebla, un hombre cercano al ex Secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, aseguró que la Policía Estatal del gobierno Rafael Moreno Valle nunca ha adquirido balas de goma.

“En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, leyó Facundo Rosas.

El documento de la Comisión de Derechos Humanos de 2011 lo desmiente.

Además, esta semana el activista Misraim Hernádez Fernández, mostró algunas de los artefactos que recolectaron los habitantes de la población al término del enfrentamiento. El gobierno del estado de Puebla “se ha empeñado en decir que no se utilizaron balas de goma, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Estas son sólo algunas de las que la población de San Bernardino Chalchihuapan me prestaron, ellos tienen una mayor cantidad de balas, de artefactos”, dijo.

Misraim Hernández presenta uno de los proyectiles que dispararon desde un helicóptero en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 2 de julio. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Misraim Hernández presenta uno de los proyectiles que dispararon desde un helicóptero en contra de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Desde que los pobladores denunciaron el uso de balas de goma, el gobierno a través del Procurador General de Justicia Estatal, Victor Carrancá Bourguet, y del Secretario de Seguridad, Rosas Rosas, han negado el uso de dichos artefactos.

Elia Tamayo, la madre del menor, denunció que recibió presiones de “un tal Cornejo” para que firmara un documento donde se decía que la herida del menor la provocó un cohetón lanzado por los mismos pobladores, se refería al Subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Luis Arturo Cornejo Alatorre. Sin embargo, el menor no tenía rastros de pólvora.

Esta semana, Carrancá declaró que José Luis murió porque un objeto explosivo generó una “onda expansiva” y por eso no había rastros de pólvora alrededor de la herida en el cráneo, a pesar de que no hay ningún peritaje hasta el momento.

El caso de la muerte del menor siempre se manejó con secrecía por parte de las autoridades. El 18 de julio se le decretó muerte cerebral, sin embargo, el aviso lo dieron ante los medios y fue así como se enteró la madre. Lo mismo pasó con su muerte. Fue a través de un comunicado que emitió la Secretaría de Salud estatal donde se determinó que José Luis Murió el 19 de julio a las 18:30 horas por un paro cardiorespiratorio, a pesar de que en el acta de defunción no está esa causa de muerte.