Los índices de violencia siguen cuestionando la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto. Especialistas refirieron que a tres años y medio del inicio de su gestión, la propuesta para contener la ola de violencia en el país ha terminado por desdibujarse. Más aun, de limitarse a las acciones del sexenio anterior, cuando el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico. Un fuego cruzado que ha cobrado hasta 150 mil vidas, de acuerdo con Leon Panetta, ex Secretario de la Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué resultados han traído las medidas del actual Gobierno?

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo). — El asesinato de dos alcaldes este fin de semana, uno de Chiapas y otro de Guerrero, representa un símbolo de la fragilidad de las instituciones para garantizar no sólo su seguridad, sino la de la ciudadanía, apuntaron especialistas, quienes ven en la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto una falta de flexibilidad para tomar nuevas medidas que atiendan las circunstancias de inseguridad del país.

“Lo que hemos visto es una repetición de la estrategia de la fuerza federal, que en ocasiones ayudan a contener mientras están ahí, y cuando te vas vuelve la violencia”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

La semana pasada el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las estadísticas de violencia del mes de junio. En el primer semestre de este año 16 mil 800 personas han perdido la vida. Éstas son 594 más que las reportadas en el mismo periodo del 2015.

En buena parte los delitos contra la vida están relacionados con el crimen organizado. La organización civil Semáforo Delictivo, que se dedica al trabajo estadísticos de la inseguridad, refiere que las repercusiones del narcomenudeo originan seis de cada 10 homicidios.

El uso del Ejército ha marcado la continuación de la política calderonista. Rubén Guzmán Sánchez, investigador externo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), detalló que este Gobierno no cumplió con su discurso al inicio de su gestión que tenía por meta fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la presencia del Ejército en las calles.

“El Gobierno aceptó las críticas. E invirtió, al principio, un montón de dinero en una nueva estrategia de seguridad, que dividiría al país en cinco regiones. Se hablaba de que se iban a seleccionar zonas prioritarias, invertir mucho en prevención social [115 mil 600 millones de pesos para el 2013] y a la vez realizar el fortalecimiento de las instituciones locales”, detalló Guzmán.

Una estrategia que no terminó de encajar con las acciones emprendidas en Michoacán, cuando en mayo del 2013 con la ayuda del Ejército y la Marina, la Policía Feral inició los operativos para recuperar el mando en municipios afectados por el crimen organizado.

Lo que fue un momento clave, opinó Guzmán, para que el entonces Comisionado para la Pacificación de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes, demostrara que el Gobierno estaba interesado en volcar la estrategia de seguridad hacia la seguridad ciudadana. Evitando el uso de las fuerzas armadas y fortaleciendo a las policías.

“No hubo resultados, no hubo recuperación de la institucionalidad. Cuando sale el Comisionado empiezan a surgir otros grupos, o a decir que se privilegiaron pactos. No hubo seguimiento, y a la fecha Michoacán sigue siendo lugar de conflictos”, dijo el investigador del Insyde.

FALTA DE PROPUESTAS

En 28 meses, de enero a junio del 2014, se han registrado 81 mil 216 asesinatos en el país, de acuerdo con cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Presidente Enrique Peña Nieto ha retomado otras propuestas que el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, como la implementación de un Mando Único a nivel nacional, en el que los elementos de la policía municipal pasen bajo la dirección del orden estatal. Una propuesta que ha generado la resistencia de diversos municipios.

Cortez Morales detalló que los problemas para atender la inseguridad en México se deben a la falta de un diagnóstico que determine el tamaño y profundidad de la delincuencia. De esta cuenta que la propuesta del Mando Único, ahora congelada en el Congreso, no puede ser una medida que resuelva la inseguridad por sí sola.

“El gran problema que sigue teniendo nuestra política, es que pareciera que se quiere resolver todo con una medida. Yo creo que no, que no hay ninguna medida. Cuando se hablaba de la nueva estrategia de seguridad, tendría que haber una amplia visión de la seguridad”, dijo Cortez.

Morelos una de las entidades que impuso este año el Mando Único en sus 33 municipios, no ha terminado de resolver la violencia en la entidad. En el primer semestre del año 280 homicidios dolosos se han registrado, cuando en el mismo periodo del año pasado hubo 237 personas asesinadas.

PROBLEMA NACIONAL

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha jactado de haber dejado sin cabeza a 94 de 122 capos de las drogas, lo que ha derivado en un proceso de diversificación y expansión de delitos.

“Los crímenes de alto impacto, el secuestro, la extorsión, el crimen organizado y todo lo que ello contrae impactan demasiado. Se federalizó la seguridad. Pero se dejó de poner atención, a nivel local, cuando hablamos del robo, del asalto a mano armada, que son los delitos más frecuentes”, dijo Rubén Guzmán.

La problemática de la violencia se ha extendido a nivel nacional. En relación a la población de cada estado, entre enero y junio Colima tuvo la tasa de más alta, con 39.01 por cada 100 mil habitantes, seguida por Guanajuato, que reportó con base en averiguaciones previas 29.32 denuncias de este delito por cada 100 mil habitantes.

En ambas entidades se haya, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, el Cártel Jalisco Nueva Generación, surgido en 2011.

“El caso de Colima es muy interesante, tiene un grave incremento de homicidios desde septiembre del año pasado. Este año tiene un 421 por ciento de incremento en homicidios, el secuestro también un 300 por ciento este año, extorsión un 500 por ciento y robo a vehículos un 4 por ciento. Vaya. Todos los delitos le han incrementado. Este es un claro ejemplo de un estado que era pacífico, pero que por el pleito de las mafias de droga se deterioró. Se colapsó. La autoridad está copada, ya sea por plata o por plomo”, dijo Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo, recientemente a este medio.

Mientras que el 54 por ciento de los homicidios cometidos en Guanajuato son ejecuciones del crimen organizado, detalló su director Santiago Roel en junio. “Tiene su propio mercado doméstico y cuando la economía prospera también lo hace el consumo de drogas”, añadió en entrevista con este sitio.

La lista no se detiene ahí. Sinaloa es la tercer entidad con más homicidios dolosos por habitante, 17.41 por cada 100 mil; y en orden descendiente, está Morelos con 14.41, Baja California con 14.23 y Zacatecas con 12.72.

“No se trata que de pronto subió la violencia. Es un proceso histórico que ha ido en ascenso. Hay una debilidad, la inconsistencia del sistema de seguridad pública es consecuencia de las fallas estructurales. Como cuáles, en la contratación de gente que no tiene vocación, en la capacitación de estas personas y, por último, en emplear medidas para que no se corrompan, a través de la enseñanza y obvio con el ejemplo de las autoridades superiores”, detalló Pablo Monzalvo Pérez, profesor del Diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana.

ALCALDES ASESINADOS

La colusión de las autoridades ha terminado por afectar la democracia. Esta semana, el Alcalde de Chamula, Chiapas, Domingo López González y el Alcalde de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, fueron asesinados.

Monzalvo refirió que independientemente de las investigaciones para esclarecer los hechos, existen precedentes que muestran la infiltración del crimen en el orden municipal.

“Hay que ver como la delincuencia tiene superioridad en armamento, disciplina más allá de las fuerzas de seguridad pública y eso preocupa. Hay agresión al estado en diversas formas, ya sea a en cualquiera de los tres niveles. Eso se llama un estado líquido, quiere decir que no es suficientemente capaz de resolver y prevenir este tipo de acontecimiento, independientemente de que municipio se trate”, dijo Monzalvo, que agregó la incapacidad del Estado para reaccionar tiene sus orígenes en la corrupción.

Ambrosio Soto Duarte, Alcalde del municipio guerrerense de Pungarabato, fue asesinado la noche del sábado cuando un grupo de hombres armados disparó al vehículo en el que circulaba a la altura del punto conocido como Las Curvas del Cajón, en el tramo entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad Altamirano.

Por su parte, el sábado por la mañana Domingo López González, Edil de Chamula, Chiapas, fue asesinado junto a otras tres personas, por un grupo de comunitarios, quienes exigían la entrega de recursos para infraestructura.

De acuerdo con Cortez, este tipo de incidentes se deben a diversos factores. “Chiapas y Guerrero tienen una enorme historia de conflictividad social y donde en términos prácticos no se han logrado generar mecanismos de diálogo y concertación. Eso genera un clima de permanente de tensión social”, dijo.

Agregó que la colusión de policías municipales con el crimen organizado también ha logrado reducir las funciones de las fuerzas de seguridad pública, a lo que se suma el abandono de políticas de desarrollo social.

“Muchas problemáticas de violencia están vinculadas a la falta de una oferta concreta de atención de vivienda social, a la salud, etcétera. Las autoridades locales podrían argumentar que esas no son políticas municipales, pero también es la evidencia de que no hay coordinación entre los tres niveles de gobierno y eso está generando violencia. En el caso en contra de autoridades locales, donde la lista es bastante larga”, enfatizó Cortez.

La ola de muertes ha repercutido en los distintos partidos políticos, quienes han condenado los hechos. Al menos 16 ediles han muerto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una tendencia que se mantiene luego del Gobierno de Felipe Calderón dejó 38 alcaldes asesinados.

Martí Batres Guadarrama, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que esto es muestra de que la estrategia de Peña nieto en el combate a la delincuencia ha fallado, debido a la falta de una política que atienda la problemática social y a la corrupción.

Y acusó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cometer los mismos errores que el ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa al implementar su estrategia de seguridad. “El PRI estando en la oposición criticaba la violencia y el asunto de muertos de Calderón. Se suponía que iba a ser diferente y la violencia va a rebasar a este Gobierno. De acuerdo a las tendencias a la mitad del sexenio de Peña Nieto ya van más ejecutados que en el mismo periodo de Calderón”, destacó.