El Partido Acción Nacional (PAN) continúa oponiéndose a que el Procurador General de la República tenga pase directo al puesto de Fiscal General, y recalca que el lugar debe ser ocupado por personas que carezcan de militancia partidista. Así se evitarán casos como el de Raúl Cervantes Andrade, quien otorgaría impunidad durante otros 9 años al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) reiteraron que no aprobarán pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General, pues eso sería dar carta de impunidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras su Reunión Plenaria, integrantes del partido blanquiazul se comprometieron con su posición respecto al tema citado y aseguraron que para el cargo estarán personas que carezcan de militancia política.
Los funcionarios acodaron, además, concentrar esfuerzos en “la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, crisis de seguridad, el ordenamiento de las finanzas públicas, la reversión de la política fiscal del Gobierno, la reconstrucción del tejido social, la conducción de la política exterior, la defensa del medio ambiente y la defensa y protección del interés nacional en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
La negativa del PAN responde a evitar que ocurran casos como el del abogado Raúl Cervantes Andrade, quien precisamente aspira a dar el salto de PGR a la Fiscalía.
ANDRADE
Como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Cervantes Andrade tiene ahora la responsabilidad de procesar penalmente a políticos, como los ex Gobernadores César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, otrora elogiados como el rostro de una “nueva generación” de mandatarios, además de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Años antes, sin embargo, los cinco compartieron filas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cuyo Comité Ejecutivo Nacional el hoy Procurador fungió como Secretario Jurídico.
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Fue con ese carácter que, en plena campaña electoral de la que Enrique Peña Nieto resultó electo Presidente, acudió a la PGR que hoy encabeza para entregar la documentación con la que trató de defender a su partido ante las acusaciones de compra de votos con recursos de procedencia ilícita y a través de tarjetas del grupo financiero Monex.
“Con fecha del 1 de marzo de 2012, el PRI celebró contrato con la empresa Alkino a través del cual se obligó a prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de solución y negocios, basados en mecanismos de disponibilidad inmediata, de recursos monetarios, consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizados por personas autorizadas por el partido”, expuso entonces el documento presentado por Cervantes Andrade.
Fue durante esa misma campaña electoral en la que Emilio Lozoya Austin fungió como coordinador de Asuntos Internacionales y cuando, de acuerdo con la denuncia de ex funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht, habría recibido hasta 10 millones de dólares en sobornos.
“Lozoya se había vuelto uno de los líderes del comité de campaña, razón por la cual probablemente sería una persona influyente en la administración pública del país”, dijo a las autoridades brasileñas el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, de acuerdo con diversos medios.
Y es por esta relación, de acuerdo con críticas, que está en duda la imparcialidad del hoy Procurador ante las acusaciones contra su antiguo compañero de campaña.
-Con información de Sandra Rodríguez Nieto.
