A 12 días de la llegada de las tormentas “Ingrid” y “Manuel” a las costas del Golfo de México y del Pacífico sur, respectivamente, la desgracia en pérdidas humanas y materiales en 24 estados y, en especial, en 312 municipios declarados en estado de emergencia son aún incuantificables.

Firmas financieras nacionales y extranjeras calculan que los costos de la devastación causada por ambos fenómenos naturales en tres cuartas partes del país costará a México hasta 0.5% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB).

Sus previsiones se basan en la evidente destrucción de capital físico, la paralización de las actividades económicas y la pérdida de la producción, que impactarán a la inversión bruta, la balanza de pagos, los precios de bienes y servicios, y el desempleo en los estados afectados. Todo esto reducirá la capacidad de la economía para crecer más allá de 1% en 2013.

Los más conservadores hablan de una suma de 60 mil millones de pesos, pero la cantidad parece poca cuando la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) aceptó que para rehabilitar las carreteras, caminos y puentes dañados se desembolsarán 40 mil millones de pesos.

La desgracia social, por supuesto, saldrá aún más cara para el país. La recuperación moral llevará años por la pérdida de familiares, amigos y de bienes patrimoniales de cientos de miles de mexicanos, la mayoría de ellos pobladores de zonas ya de por sí excluidas del desarrollo.

El escenario es grave. Pero lo es más el hecho de que la tragedia pudo aminorarse si las autoridades federales y estatales hubieran atendido a tiempo las alertas que días antes al impacto de las tormentas lanzaron el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Miami, el más especializado en la materia.

Sin embargo, las acciones previas del responsable directo del gobierno federal, Luis Felipe Puente Espinosa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, como del Gobernador de Guerrero –la entidad con mayores pérdidas humanas y de infraestructura– Ángel Aguirre Rivero, muestran una profunda incapacidad y negligencia ante la emergencia que se avecinaba.

Medios nacionales e internacionales así como legisladores y ciudadanos en las redes sociales piden se investigue a Puente Espinoza, un funcionario que de entrada no tiene el perfil para ocupar ese puesto, y que el Presidente Enrique Peña Nieto asuma el costo político de haberlo nombrado en ese cargo, pues hoy es visto como uno de los responsables directos de aumentar los daños generados por la naturaleza.

El gobierno federal, aunque tibio aún a esta exigencia, ya manifestó a través del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Eduardo Sánchez Hernández, que la Coordinación Nacional de Protección Civil será evaluada para confirmar que los protocolos estuvieron bien aplicados o, en su defecto, castigar a los responsables del trágico nivel de resultados.

En el mismo nivel de críticas y llamados a ser investigado está el Gobernador Aguirre Rivero, quien la noche en que la tormenta entraba a las costas guerrerenses ofreció una cena de gala a funcionarios y políticos locales y federales del estado, y donde, según las fotos publicadas por su propio gobierno, se le ve sonriente y despreocupado.

Omiso a la emergencia, Aguirre tampoco trabajó para evacuar a tiempo a la población de las zonas de más alto riesgo. La furia de “Manuel” no hicieron sino desnudar las condiciones de marginación y pobreza en que se mantiene esa entidad del sur del país.

Tras el paso de la tormenta y sus remanentes, el costo de la reconstrucción en Guerrero se calcula en más de 10 mil millones de pesos.

Pero ni así hay autocrítica por parte del gobierno de la entidad ni mucho menos del partido que llevó a Ángel Aguirre a la gubernatura, el de la Revolución Democrática (PRD). El coordinador perredista en el Senado de la República, Luis Miguel Barbosa Huerta, defendió al Gobernador de Guerrero y, en cambio, pidió una investigación exhaustiva a las autoridades federales por sus omisiones.

No se vale que a estas alturas y con los niveles de emergencia que se viven en México que el PRD se convierta en un defensor de oficio, sólo porque Aguirre representa sus colores. Tampoco es válido que el gobierno federal, así sea Luis Felipe Puente un amigo cercano del Presidente, deje impune la falta de responsabilidad que ha causado al menos 170 muertos y otro centenar de desaparecidos, además de todas las funestas consecuencias para el desarrollo económico.

“Ingrid” y “Manuel” han dejado una marca de desgracia en el sexenio de Peña Nieto. La otra, la que puede dañar con fuerza a su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), e incluso su proyecto de gobierno, es el costo político por la falta de firmeza y por tolerar la incapacidad mostrada por sus funcionarios.

Redacción/SinEmbargo

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