El caso de San Salvador Atenco, Estado de México, revivió hace unos días con el anuncio de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará el caso de 11 mujeres abusadas sexualmente durante el operativo de 2006 que dejó dos muertos y más de 200 heridos. Para los líderes de los pobladores, la represión de hace 10 años, ordenada por el Gobierno del Estado de México, entonces comandado por Enrique Peña Nieto, fue el anuncio de lo que sería una de las presidencias más impopulares de la historia del país.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– La represión en San Salvador Atenco de 2006 fue la antesala de lo que hoy es el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, con una política de Estado que criminaliza a la protesta social, reprime a la población sistemáticamente y ataca a los pueblos originarios para despojarlos de sus tierras, dijo César del Valle Ramírez, miembro del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de México (FPDT), en entrevista con SinEmbargo.

Entre el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México, con Peña Nieto en la gubernatura mexiquense, tres mil agentes policiacos entraron a la comunidad –por orden del entonces Gobernador– para reprimir las protestas sociales surgidas por el amago del Presidente Vicente Fox Quesada de construir en tierras ejidales un nuevo aeropuerto internacional. La mecha se encendió el 3 de mayo, cuando se pretendía reubicar a varios floristas del mercado local; los agentes entraron al pueblo con exceso de violencia, allanaron viviendas y retiraron varios bloqueos. El saldo del enfrentamiento entre los pobladores y la policía fue de dos muertos, más de 200 heridos y 47 mujeres violadas y vejadas.

“La vinculación que tiene este caso, ocurrido cuando era Gobernador Enrique Peña Nieto, es que fue la muestra de cómo él iba a gobernar el país años después. De tener presente que si luchabas, te defendías, que si te atrevías a tratar o querer vencer, a contradecir una decisión que tomara el Estado, lo que te iba a pasar era lo que le pasó a Atenco”, dijo Del Valle Ramírez, quien es hijo de Ignacio del Valle Medina, el hombre que lideró a los pobladores durante las protestas de 2006.

César del Valle recordó que aquella represión fue una “venganza” por los triunfos del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra sobre los deseos de construir, desde el 2000, un nuevo aeropuerto en la región de Texcoco tras la expropiación de tierras comunales.

“Hace 10 años, la lucha por la defensa de la tierra logró vencer al Gobierno federal y mostró que es posible que las poblaciones originarias defiendan sus derechos humanos. Es un ejemplo y va creciendo; se va desarrollado en la región de Atenco, Texcoco, Ecatepec, Chalco… Se van uniendo y tomando mayor fuerza. Entonces, para esa gran victoria, era necesario un castigo ejemplar para acabar con el movimiento, con ese ejemplo se quiso mostrar que era posible vencer a la fuerza popular. Hay que entender esa parte, el origen”, explicó.

Por los hechos violentos de Atenco, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que hubo violaciones graves a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza pública. El caso llegó más tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que los funcionarios de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Edomex violaron las garantías individuales de los pobladores, sin embargo la Corte exoneró a Peña Nieto de cualquier responsabilidad.

Ahora el caso ha tomado nuevos tintes pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará el caso “Mariana Selvas Gómez y otras”, que es el expediente de 11 mujeres mexicanas y extranjeras que fueron ultrajadas durante el desalojo de Atenco.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al Gobierno de México castigar a los responsables de los hechos de 2006. Las víctimas que sufrieron agresiones sexuales exigen castigo a los policías que hasta hoy están impunes.

Esta semana, el periódico estadounidense The New York Times publicó las historias de las mujeres que decidieron llevar su caso ante la Corte Interamericana. El influyente diario estadounidense destacó que “la petición por parte de la comisión de derechos humanos de iniciar una investigación que llegue hasta lo alto de la jerarquía es un golpe más a una presidencia bajo asedio. Los escándalos de corrupción y violencia ya han acabado con sus índices de aprobación, los más bajos de un presidente mexicano en un cuarto de siglo”.

El periódico neoyorquino consideró incluso que aunque “no es probable” que el Gobierno de Peña Nieto se investigue a sí mismo, la amonestación de un organismo internacional es un problema para el mandatario y un “recordatorio de innumerables casos que siguen sin resolverse en el país, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes hace dos años, una investigación que funcionarios internacionales sostienen que fue socavada por el gobierno”.

EL PASADO ESTÁ PRESENTE

Para César del Valle el pasado vuelve al Presidente Enrique Peña Nieto en uno de los momentos más difíciles de su administración, en donde su popularidad es bastante baja, sobre todo después de la visita a Los Pinos de Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, quien ha pasado parte de su campaña electoral promoviendo el odio en contra de los mexicanos.

Tlatlaya, Tanhuato, los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, no son una sorpresa, dijo el luchador social. Cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México envió un mensaje claro con Atenco, insistió.

“Esa es su política de despojo, de represión, de abandono a los sectores importantes que le dan sentido a este país, sobre todo esa parte de la criminalización de las luchas, de estigmatizar al que exige sus derechos: los 43 compañeros desaparecidos, mujeres abusadas diariamente en el Estado de México. El cinismo con el que trabajan para darle los negocios a sus compadres y amigos. Eso implica despojo, resistencia, luchas, pueblos levantados. Toda esa lucha es la misma”, consideró Del Valle Ramírez.

Durante los hechos de mayo de 2006 estuvieron implicados, además de Peña Nieto, funcionarios ligados a instituciones de seguridad, como Eduardo Medina Mora, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y ex Secretario de Seguridad Pública, ambos cargos en el Gobierno de Vicente Fox; ex titular de la Procuraduría General de la República y ex Embajador de México ante Reino Unido, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y ex Embajador de México ante Estados Unidos, en el Gobierno de Peña Nieto. Desde el pasado 10 de marzo de 2015 es Ministro de la SCJN.

También fueron protagonistas el almirante Wilfrido Robledo Madrid, quien durante los enfrentamientos en Atenco fungía como Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública en el Edomex, y Abel Villicaña Estrada, fallecido en diciembre de 2011 y quien en mayo de 2016 era Procurador General de Justicia del Edomex.

Ninguno de ellos ha sido –o fue– castigado por esos hechos.

Incluso, precisó César del Valle, hubo premiaciones: “Eduardo Medina Mora es ahora Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es de los que se encargan de resolver los temas con la sociedad. El mismo Peña Nieto reconoció que él lo hizo, es un represor confeso, el primer responsable de mandar reprimir y violar mujeres. Yo no creo que entre ellos mismos se vayan a castigar ni investigar”.

REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS ORIGINARIOS

Los problemas con los pueblos originarios en el Estado de México, ahora con el Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas, se han recrudecido lejos de resolverse, destacó el luchador social, y los ejemplos están ahora por todas partes.

En junio de este año, José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo a SinEmbargo que los pueblos de Coyotepec, Atenco, Xochicuautla, Magú, Tecámac, Acuexcomac, Tocuila y Zinacantepec son víctimas de hostigamiento y amenazas por parte del Gobierno priista.

“Las agresiones ha ido en forma escalonada en todos estos pueblos: en Atenco –hace dos semanas– hubo una incursión tanto de cuerpos policiacos como de grupos de choque que fueron apoyados por elementos de la Policía Federal; es decir, todos los pueblos se encuentran bajo acecho por una cuestión de fortaleza del Gobierno del estado, está yendo uno por uno, pero los pueblos están repeliendo las agresiones”, expuso en entrevista con este diario digital.

Entre las megaobras en juego se encuentran el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que afecta al territorio del lago de Texcoco y Atenco; la autopista Naucalpan-Toluca que afecta a Xochicuautla y a otros pueblos, así como el desarrollo Bosques del Paraíso que afecta a una comunidad indígena otomí, afirmó.

Las empresas que se benefician de los proyectos son Grupo Higa, OHL y una compañía de Jorge Hank Rhon, añadió.

“Todos los pueblos están en un acecho permanente, eso hace constante la posibilidad de agresiones a todos. Llegan por la mañana entre siete y nueve, ya es un patrón que hemos detectado. La cultura gubernamental parece que sólo busca confrontar a las comunidades. Pareciera que están decididos a imponer su Ley con fuego y sangre”, dijo.