El Gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, y su esposa Elena Cepeda de León, son acusados de impedir que los víveres para los damnificados del temblor del pasado 19 de septiembre –provenientes de varios estados de la República Mexicana y del extranjero– lleguen a las manos de quienes lo necesitan.

La Fepade ya investiga el caso y ha manifestado que “no permitirá que se aprovechen de la necesidad de las personas” con fines políticos.

A pesar de que Graco y Elena aseguran que han repartido más de 200 toneladas de ayuda y que todo se ha hecho con transparencia, los morelenses, organizaciones civiles, funcionarios públicos y hasta la Diócesis de Cuernavaca acusan que están usando el dolor de la población en beneficio propio.

Pese a que nadie saca a las autoridades de su versión oficial que afirma que todo se trata de “una confusión”, los señalamientos por presuntos desvíos se multiplican: primero fueron unos camiones desviados al DIF de Cuernavaca; luego retenciones de víveres en Jojutla y en Zacatepec, y luego unos aviones cargados con despensas, provenientes de Nuevo León, que no pudieron ser descargados.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Graco Ramírez Abreu, Gobernador perredista del estado de Morelos desde octubre de 2012, actualmente es investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), por presuntamente haber condicionado la entrega de ayuda a los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre.

No habían pasado dos días del terrible terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, cuando en redes sociales pululó un video en el que se observan al menos dos tráilers, proveniente del estado de Michoacán, siendo escoltados por elementos del Mando Único de Morelos hasta una bodega del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Dicho convoy era liderado por la esposa del Gobernador, Elena Cepeda de León, quien funge como titular de la institución.

De acuerdo con el testimonio de los conductores de los vehículos de carga, las ayudas estaban destinadas a ser repartidas de manera directa entre la población afectada. Ésto no fue así, pues tan pronto como llegaron a la entidad, la policía los obligó a dirigirse a la ciudad de Cuernavaca e ingresar a las bodegas del DIF local.

El apoyo que pudo mitigar el sufrimiento que viven municipios como Axochiapan, Ayala, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapán, Tetela del Volcán, Xochitepec, entre otras zonas afectadas, habría sido retenido y reetiquetado por el gobierno de Graco, so pretexto de que no habían bolsas suficientes para distribuir los víveres, dijeron voluntarios testigos de los hechos.

Ese mismo día, el 21 de septiembre, otro video daba cuenta de un acto cuestionable: mientras cinco desconocidos descargaban y resguardaban -en una bodega- el contenido de un tráiler con “ayudas”, presuntamente provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otra persona despojaba al camión de una calcomanía que rezaba “Centro de Acopio UNAM”.

Tras ser acusado, Graco Ramírez salió a defenderse diciendo que los materiales difundidos en redes sociales pretendían engañar a la población. Un asunto que, en su opinión, es “faccioso” y “totalmente falso” porque lo que está haciendo su administración es organizar las despensas en una bodega con la finalidad de distribuirlos en las próximas semanas.

“El hecho de administrar y concentrar es porque sabemos de la crisis humanitaria que vamos a vivir, que van a vivir cinco de los 13 municipios que se vieron afectados, va a comenzar a partir del lunes”, comentó hace cuatro días, en conferencia de prensa, Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad de Morelos.

Estas acusaciones se dan a poco más un mes de que Graco Ramírez fuera señalado por varias irregularidades y omisiones: tres diputados priistas lo acusan de violar los derechos humanos de la ciudadanía con su actuación ante el socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, en el que murieron dos personas.

Ese mismo mes fue denunciado por retener la nómina de más de 6 mil trabajadores y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); y por desviar al menos 500 millones de pesos de un crédito de 2 mil 806 millones de pesos, que los diputados locales le autorizaron (en 2013) para la construcción de la nueva sede del Congreso.

Además, es objeto de varias acusaciones por desvíos de recursos en la entidad que gobierna.

La primera dama morelense, Elena Cepeda de León, también dio su versión de los hechos. Según lo que le dijo al Diario de Morelos, todo el asunto es un malentendido debido a la “confusión de los choferes“.

“La ayuda tenía que llegar aquí para armar las despensas y después repartirla. Los conductores se desesperaron porque no podían descargar e intentaron llevarse la ayuda”, explicó al medio citado. Luego añadió: “Nosotros estamos concentrando todo lo que están mandando para armar despensas y llevarlas a diferentes comunidades; tengan por seguro que los apoyos van a llegar”.

La noticia acerca de que Graco y su esposa estaban reteniendo los víveres no tardó en difundirse. Y el viernes 22, la bodega del DIF, que horas antes había recibido cerca de 90 toneladas de víveres, fue el escenario de un saqueo a manos de la población.

Decenas de personas arribaron al lugar de los hechos y comenzaron a llevarse las despensas o a subirlas a distintas camionetas, para supuestamente llevarlas a repartir a los 13 municipios afectados de Morelos. Empero, la versión de las autoridades sugiere que la ayuda pudo haberse perdido en el camino.

Ese día, la Comisión Estatal de Seguridad inició la investigación de 25 personas. Según Capella Ibarra, el saqueo fue cometido tras “la confusión” generada por la denuncia ciudadana en redes sociales, sobre las presuntas irregularidades en la recepción y entrega de donaciones.

Sin embargo, la ciudadanía no fue la única que decidió acudir al llamado. Actores políticos de oposición al Gobierno de Graco Ramírez asimismo hicieron presencia. Uno de ellos fue el Senador Fidel Demedicis Hidalgo, quien no duró mucho en escena porque fue corrido por los ciudadanos.

LE LLUEVEN ACUSACIONES

Desde entonces, las acusaciones en contra del Gobernador no cesan. Peticiones en las plataformas de Citizen Go y Change.org exigen a Graco Ramírez que “deje de usar la fuerza pública para retener a los donantes, permita que la libertad y la solidaridad se exprese, haga su tarea, coordine, informe, pero no criminalice tan noble y necesario acto”.

El viernes 22 de septiembre, pobladores del municipio de Jojutla acusaron que las autoridades estaban reteniendo la entrega de la ayuda humanitaria y que estaban canalizándola como si se tratara de ayudas provenientes del Gobierno local.

Ese mismo día, después de que Graco y su esposa salieran a defenderse, integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM) anunciaron que vigilarán que la ayuda sea repartida, a la vez que pidieron “a los partidos políticos y a las autoridades que no utilicen el dolor del pueblo y la solidaridad de otros mexicanos” para “sacar provecho a sus propagandas políticas”.

En el anuncio participaron personalidades como Alejandro Vera Jiménez, Rector de la UAEM; el poeta y activista Javier Sicilia; además de Gerardo Becerra, Dagoberto Rivera y Gabriel Rivas, líderes sociales.

Incluso la Iglesia en México se ha mostrado en contra del mandatario morelense.

Ramón Castro Castro, Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, denunció que el gobierno de Graco Ramírez utiliza los cuerpos policiacos para impedir que la ayuda llegue a los damnificados, imponiendo al DIF como el único medio para la entrega de víveres.

“Dios, todo es justicia. Y aunque ahora se salgan con la suya, le tendrán que dar cuentas a Dios, crean en él o no. Yo les suplico cambien de actitud. Se los pido por favor y no vean sus intereses, sino los intereses del pueblo, como debe ser”, dijo por medio de un video difundido en Twitter.

Asimismo, el pasado viernes, Jaime Juárez López, director general de Prevención y Participación Ciudadana de la Contraloría del Ayuntamiento de Cuernavaca, denunció que personal desconocido estaba bloqueando la distribución de víveres en el Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros.

“Mucha gente que vino con toda la disposición para apoyarnos y pues tengo la lamentable noticia que darles, que por alguna extraña situación, no se aprobó la entrega de los víveres que venían destinados a Cuernavaca por la intervención de… no podemos decir, no sabemos quién fue. Lo cierto es que ya tenemos dos aviones en este momento que aterrizaron con apoyo para los damnificados, y desafortunadamente alguien, con un criterio político, ha estado empantanando esta situación”, aseveró Juárez López.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el modus operandi fue el mismo que el de los camiones. Elementos del Ejecutivo local impidieron que trabajadores del Gobierno de Cuernavaca descargaran los víveres provenientes de Nuevo León, en tres aeronaves particulares.

Además, ayer en Zacatepec, durante una gira de trabajo que Graco Ramírez realizó junto con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la gente del municipio protestó porque el DIF estaba apropiándose de los víveres que la sociedad civil donó para las familias damnificadas.

La versión de que los víveres estaban siendo empaquetados con logos oficiales del Gobierno de Morelos volvió a surgir, y en consecuencia, los inconformes llamaron “ratas” a los funcionarios públicos, a la par que exigián “¡Que Repartan!” los apoyos.

A pesar de que el Gobernador de Morelos asevera que los víveres se han entregado “de manera transparente desde el primer día de atención de la emergencia”, y de que su esposa asegura que “hasta ahora se han repartido 200 toneladas de ayuda humanitaria” provenientes de estados como Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, entre otros, las denuncias en su contra no dejan de acumularse.