El conocimiento de espionaje, forjado a lo largo de la carrera pública de García Luna, no sólo fue su principal estrategia en la relación tejida con los cárteles de las drogas, sino que también le sirvió para hacer negocios en apariencia limpios, pero inmorales, dada su cercanía con las fuentes del Estado encargadas del sistema de inteligencia.
Verint Systems Inc. obtuvo utilidades de cuatro millones de dólares por los 14 contratos con el Cisen. Por los 11 contratos establecidos con la PFP para la venta de simuladores de armas de fuego y equipos de intercepción de llamadas telefónicas, logró ingresos por tres millones de dólares. Por el equipo de informática y de espionaje vendido al SAT fueron 560 mil dólares. Acerca del equipamiento tecnológico vendido a Pemex Exploración y Producción, la empresa estadounidense ganó dos millones de dólares. El equipo espía para la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro fue tasado en 232 mil dólares.
SinEmbargo comparte, en exclusiva para sus lectores, un fragmento de El Licenciado, nuevo libro del periodista J. Jesús Lemus.
Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Hasta antes de que Genaro García Luna fuera acusado por el Gobierno de Estados Unidos de haber recibido sobornos del Cartel de Sinaloa, la colusión entre funcionarios del gobierno federal y los grupos del narcotráfico era sólo un mito.
Pero Genaro García Luna, quien fuera el todopoderoso Secretario de Seguridad Pública de México, garantizó la inmunidad de “El Chapo” Guzmán, según lo revela el juicio iniciado en su contra en los Estados Unidos. Las interrogantes se multiplican.
A continuación, SinEmbargo comparte, en exclusiva para sus lectores, un fragmento de El Licenciado, nuevo libro del periodista J. Jesús Lemus, autor de siete títulos y ganador del Premio internacional Pluma a la Libertad de Expresión. Cortesía otorgada bajo el permiso de Harper Collins México.
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El negocio del espionaje
“Un espía que se parece a la imagen que todos
tienen de él es un fracaso”.
—Augustine O g Mandino
Espionaje: dinero y rentabilidad
El conocimiento de espionaje, forjado a lo largo de la carrera pública de García Luna, no sólo fue su principal estrategia en la relación tejida con los cárteles de las drogas, sino que también le sirvió para hacer negocios en apariencia limpios, pero inmorales, dada su cercanía con las fuentes económicas del Estado encargadas del sistema de inteligencia. Desde sus comienzos en el Cisen, y aun fuera de las estructuras de gobierno en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, el Licenciado utilizó las necesidades de subvención del Estado en materia de equipo, software y capacitación de espionaje para crear o ser parte de una red de empresas, donde la vigilancia fue la moneda de cambio que se tradujo en un negocio perfecto.
Si se quiere otorgar el beneficio de la duda al origen criminal del dinero acumulado por el ex secretario de Seguridad Pública, procedente de sobornos de los grupos del narcotráfico a los que protegió, entonces en esta arista —la del negocio de los servicios de inteligencia— puede entenderse mejor la naturaleza de la fortuna amasada. Él fue uno entre muchos de los grandes beneficiados con la prestación de servicios de espionaje del sector privado al Estado mexicano, cuyo crecimiento vino con el desarrollo de la tecnología informática y de las telecomunicaciones.
A García Luna le cayó como anillo al dedo la transición del espionaje de a pie, desde los viejos tiempos con los policías de la DFS agazapados en la discreción y merodeando domicilios y personas, hasta llegar al espionaje a control remoto cuya conexión a internet y un servidor informático era suficiente para que los agentes del Cisen supieran de los movimientos delincuenciales. En esa transición, García Luna encontró una veta de oro, de la que aún no se sabe con precisión a cuánto ascendió su beneficio, sin duda rentable.
Todo tiene su origen en 1994. García Luna ya operaba como mando en el Cisen cuando, por disposición del secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán —hoy secretario de Educación Pública en el gobierno de la Cuarta Trasformación—, se crearon las Unidades de Información y Análisis de los gobiernos estatales. Estas unidades tenían como finalidad proporcionar a los gobiernos locales un sistema de inteligencia preventivo sobre posibles atentados a la seguridad pública por parte de movimientos guerrilleros, principalmente del EZLN, que en ese momento era la preocupación del sistema nacional de seguridad.
García Luna, como subdirector A de Seguridad Institucional del Cisen, fue el responsable de adjudicar equipos de intercepción de comunicaciones a los gobiernos estatales, que habían manifestado su preocupación ante eventuales incursiones del EZLN en sus territorios. Los primeros gobiernos apoyados por el Cisen, apersonado en García Luna, fueron los del Estado de México, gobernado por Emilio Chuayffet Chemor; de Chihuahua, bajo el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, y del entonces Distrito Federal, a cargo del jefe de Gobierno, Óscar Espinosa Villarreal. Sin medidas de transparencia ni rendición de cuentas, García Luna fue autónomo en el presupuesto, compra y distribución de los equipos de intercepción de comunicaciones propuestos por el gobierno federal a las administraciones estatales.
En cuanto a la tecnología que se proveyó a los gobiernos estatales para la intercepción de comunicaciones privadas, García Luna la encontró en oferta por su desuso en algunos países de Europa del este, los cuales ya desmantelaban los sistemas de seguridad de que los había dotado la KGB de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Esa tecnología, basada en el sistema CDMA (Acceso Múltiple por División de Códigos), obsoleta frente a la tecnología GSM (Sistema Global para Comunicación Móvil), que ya comenzaba a dominar el mercado en Europa occidental, Japón, China y Estados Unidos, fue la que se ofreció a sobreprecio a los gobiernos estatales.
En esa operación suministró equipos espías al gobierno de Nuevo León, durante el mandato de Sócrates Rizzo García, en la que participaron Monte Alejandro Rubido García y Daniel Santos Gutiérrez Córdoba, como encargados sucesivamente de la Unidad de Inteligencia y Análisis, quienes gobernaban los sistemas de inteligencia de las gestiones estatales. Esto fue durante el tiempo en que Emilio Herrera Margaín estaba a cargo del grupo de la CIA, que realizaba trabajos conjuntos con el Cisen en la investigación de grupos subversivos; de igual modo, cuando Luis Rodríguez Bucio era el coordinador del Grupo Antiterrorista (GAT)… Todos relacionados con Wilfrido Robledo Madrid, que ya estaba al frente de la Dirección de Protección.
La Unidad de Inteligencia y Análisis desapareció en 2001 luego de una denuncia pública hecha por Manlio Fabio Beltrones, quien aseguró que el Cisen lo espió durante su paso como gobernador de Sonora. Por otro lado, la PGR encontró intervenciones de comunicaciones realizadas por esa misma área a Santiago Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación, y a Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda. También se descubrió que el equipo espía, aunque con tecnología rebasada, estuvo al tanto de otros actores políticos como Napoleón Gómez Urrutia, líder minero; Carlos Romero Deschamps, líder petrolero; Roberto Madrazo, gobernador de Tabasco; Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como Cuauhtémoc Cárdenas y Amalia García, líderes del movimiento de izquierda, entre otros.
El escándalo del espionaje político cometido por el Estado se desató cuando García Luna ya había dejado el Cisen. Y ya como coordinador de la AFI designado a la investigación del caso, no tuvo empacho en perseguir judicialmente a los mismos funcionarios que designó en esa labor, dejando a salvo a los agentes de su círculo, como Facundo Rosas y Wilfrido Robledo Madrid. Con ambos se vería envuelto en otro escándalo posteriormente: el de las aeronaves usadas que vendió como nuevas al gobierno mexicano, en el que resultó sin ningún roce de las sanciones impuestas por la SFP, pese a la denuncia interpuesta por el entonces secretario Alejandro Gertz Manero, como se relató anteriormente.
Después de ese otro escándalo, el superpolicía reconfiguró su logística para la venta de equipos, capacitación y software requeridos por el Estado en la labor de espionaje que, por supuesto, no se dejó de ejecutar. Aprovechó —de acuerdo con el ex agente del Cisen, Ricardo López— la revuelta dentro del aparato de inteligencia del gobierno mexicano para pasar inadvertido en su encomienda personal; se dedicó, sin tomar parte, a observar cómo Jorge Tello Peón y Jesús Murillo Karam se disputaban la colocación de un hombre de confianza como primer comisionado de la PFP. Finalmente, Omar Fayad Meneses fue impuesto por Murillo Karam; luego dejaría ese cargo para que lo asumiera Robledo Madrid, por lo que García Luna se volvió a reposicionar, pero ahora como coordinador general de Inteligencia de la entonces recién creada PFP.
La nueva posición de García Luna y su mentor Robledo Madrid, afianzados en el negocio rentable de venta de equipos de seguridad e inteligencia para el gobierno mexicano, se vio favorecida con la salida de Nicolás Suárez Valenzuela de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la PFP. Con ello surgió la posibilidad de invitar a otras empresas del ramo de la seguridad, propuestas por García Luna, a convertirse en proveedores del Estado mexicano.
Se privilegió a empresas como Nice Systems LTD, un consorciode origen israelita representado por los empresarios Ori Zoller y Alberto Martínez, a través de la firma mexicana de seguridad Polaris Industries, S.A. de C.V. Esta, a su vez, ya venía atendiendo los requerimientos de equipamiento técnico para el espionaje del gobierno mexicano mediante la empresa inglesa Smith Myers LTD, al que le suministró sistemas de intercepción telefónica de la firma FinFisher, un consorcio alemán especializado en el equipamiento para estas prácticas de todos los gobiernos que lo pueden pagar.
Una de las empresas ligadas a García Luna que ingresó al suministro de servicios y equipos de seguridad para el gobierno mexicano fue Sistemas Gerenciales Administrativos, S.A. de C.V. (Sogams), la cual se constituyó en 1997 a iniciativa de un grupo de ex militares israelitas y ex funcionarios del Pentágono y del FBI. Dicha empresa se vinculó con la firma israelita Verint System Inc., cuya representación en México se dedicó a hacer negocios directos con el Cisen, cuando este era dirigido por Eduardo Medina Mora Icaza, y con la SSP, cuando el comisionado general era Alejandro Gertz Manero.
A través de Sogams, la firma Verint Systems Inc., la cual contaba con equipo tecnológico de punta para la intercepción de comunicaciones privadas con 30 estaciones de monitoreo y una base de datos telefónicos con capacidad para albergar ocho millones de sesiones de escucha y grabar hasta 60 conversaciones al mismo tiempo, logró contratos de servicio para el SAT de la Secretaría de Hacienda, Pemex Exploración y Producción, la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro y el Cisen. Con este último consiguió 14 contratos, actualmente reservados.
No es difícil deducir cómo Verint Systems Inc., a través de Sogams, obtuvo estos contratos. Todos fueron asignados de manera directa con la mediación de García Luna. Pero más allá de la forma, destaca la manera como se ocultó la verdadera intención de los servicios adquiridos, pues, mientras oficialmente el gobierno mexicano compró “equipo educacional y recreativo”, en realidad se trataba de equipo de encriptación telefónica para intervenir cualquier comunicación privada.
Además, como parte de estos contratos, el gobierno mexicano aceptó una cláusula dispuesta por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, en la cual obligaba a compartir en tiempo real a las agencias estadounidenses de espionaje toda la información captada por el gobierno mexicano a través de los equipos de Verint Systems Inc. Es decir, cualquier información del aparato de inteligencia mexicano se compartiría; por ejemplo, de grupos subversivos, de la delincuencia organizada y de los objetivos políticos y sociales marcados.
Verint Systems Inc. obtuvo utilidades de cuatro millones de dólares por los 14 contratos con el Cisen. Por los 11 contratos establecidos con la PFP para la venta de simuladores de armas de fuego y equipos de intercepción de llamadas telefónicas, logró ingresos por tres millones de dólares. Por el equipo de informática y de espionaje vendido al SAT de la Secretaría de Hacienda, fueron 560 mil dólares. Acerca del equipamiento tecnológico vendido a Pemex Exploración y Producción, la empresa estadounidense ganó dos millones de dólares. El equipo espía para la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro fue tasado en 232 mil dólares.
García Luna movía bien sus piezas para lograr la adjudicación de contratos y la demanda de servicios y equipos de Verint Systems Inc. Esto quedó claro con la contratación de la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro, donde el contacto para estos jugosos negocios fue Gerardo Gutiérrez Zarazúa, quien se desempeñó de 2013 a 2018 como director general de Desarrollo Tecnológico del Cisen. Aunque antes, de 1987 a 2000, justo en el tiempo que García Luna era mando dentro del Cisen, Gutiérrez Zarazúa fue director de área, para luego ser invitado como director dentro de la PFP. Gutiérrez Zarazúa es hermano de Abraham Gutiérrez Zarazúa, quien durante el tiempo de la contratación de los servicios de Verint Systems Inc. era delegado del PRI en Querétaro.
Aun cuando la empresa Sogams era representante en México de Verint Systems Inc., eso no le impidió hacer negocios directos con el gobierno mexicano a través de García Luna. Esta empresa logró un contrato con la PGR para dotarlo de un sofisticado equipo de espionaje que se instaló en las oficinas de la SIEDO. Actualmente sigue activo y la FGR puede lograr acceso a todas las comunicaciones privadas vía telefónica e internet, principalmente las manejadas entre particulares a través de correos electrónicos, chats, messenger, Twitter, Facebook y Skype. Por este servicio contratado sin licitación y que hoy es base en el trabajo de inteligencia de la FGR para el combate de la delincuencia organizada y el terrorismo, Sogams se embolsó cuatro millones de dólares.
Sogams fue una de las empresas favoritas del Cisen, por recomendación de García Luna, cuando Medina Mora era el titular de la PGR. También brindó servicios de capacitación en materia de intervenciones telefónicas al personal del Cisen. Igualmente, por la relación del director de Sogams, Jorge Palacios Noriega, con García Luna, esta empresa se colocó como la principal proveedora de servicios de capacitación en materia de espionaje para muchos gobiernos estatales, entre los que destacan el de Hidalgo, durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong; de Sonora, en las administraciones de Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo; y de Chihuahua, con los gobiernos de Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas.
