La expansión de las operaciones de la Marina y el Ejército en las labores de seguridad coincide con el incremento en las quejas por violaciones a los derechos humanos, resaltaron este día organizaciones de la sociedad civil y expertos.

Señalaron que pese a que estos cuerpos de seguridad aumentaron sus operativos, sus bases de operación, así como el presupuesto que se les asigna cada año. El resultado son niveles históricos de violencia.

Hasta hoy, dicen, no hay indicios de cuándo puedan un regreso a los cuarteles  debido a que las fuerzas de seguridad nacional que se prometieron al inicio del sexenio -como la Gendarmería- no fueron reforzadas.

Ciudad de México, 25 octubre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil alertaron que los violaciones a los derechos humanos aumentaron con la militarización de las labores de seguridad al interior del país y lamentaron que las administraciones federales y locales dejaron de lado el fortalecimiento de las instituciones civiles en la materia.

En el sexenio de Vicente Fox Quesada se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas y se emitieron 11 recomendaciones. En 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto – años de la llamada guerra contra el narcotráfico- ya se presentaron más de 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones.

En este mismo lapso, las operaciones de la Secretaría de la Marina (Semar) en contra del crimen organizado aumentaron 156 por ciento en los últimos diez años: entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de esta dependencia y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a 22 mil 473, de acuerdo con datos contenidos en el libro “Perpetuar el fallido modelo de seguridad”, presentado durante la conferencia internacional ‘Seguridad, democracia y derechos humanos: La Vía Civil’.

Otro dato más que resaltó el texto es que en la década que comprende los años 2007 a 2017, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) creció en 115 por ciento, al pasar de 32 mil 200 millones de pesos a 69 mil 407 millones, detalla el mismo libro.

En el evento, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh), señaló que los datos muestran una estrategia que ha privilegiado el corte militar y no la institucionalidad civil, “lejos de haber una política pública y decisiones de Gobierno, asociadas con el fortalecimiento de instituciones civiles, ha habido decisiones políticas que han terminado por fortalecer la presencia de las fuerzas armadas en el territorio nacional”.

Patrón resaltó que también ha habido un incremento de las bases de operaciones mixtas entre policías y Ejército, ya que “en el 2012 estaban desplegadas en 19 estados. Para 2016 ya se habían extendido a 24 entidades. Lo que representa el 75 por ciento del territorio nacional”.

Iñigo Guevara, director de la consultora Jane’s Aerospace, Defense and Security, alertó que la estrategia de militarizar a los cuerpos de seguridad locales conlleva riesgos, “nos debe preocupar más que las policías municipales y estatales eleven su capacidad de fuego, e implementen tácticas militares en sus operativos”.

Y agregó además que cuando una fuerza de seguridad militar está en la calle es complicado sacarlas hasta que se trace una ruta de transición, pero que las fuerzas de seguridad nacional que se prometieron al inicio del sexenio -como la Gendarmería- no fueron reforzadas.

Francisco Jiménez, consultor del Centro de Investigaciones Nacionales (CIEN) puso como ejemplo a Guatemala, donde también se realizan operaciones mixtas, y que ya han decidido regresar a los militares a los cuarteles con planes graduales, además de que se redujo la tasa de homicidios.

“Teníamos en el 2007, [una tasa de] 49 homicidios por cada 100 mil habitantes, hoy tenemos 26 por cada 100 mil”, expuso el experto guatemalteco.

LEYES DE SEGURIDAD INTERIOR

El debate, recordaron los expertos, sobre regular la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, señalaron los expositores, viene desde hace una década con la discusión de leyes como las del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Siguió en el 2009, y ahora ha sido reactualizado. Es de alguna manera cíclico”, dijo Patrón, quien señaló que a la fecha no se sabe por qué la violencia bajó a partir del 2012, ni porqué con la Presidencia de la República al término de su sexenio los homicidios parecen alcanzar su punto más álgido en la historia reciente.

“Ahora hay un repunte clarísimo de la violencia, hay estudiosos que hablan que este año cerraremos, seguramente, con más de 30 mil muertes violentas”, señaló.

El representante del centro defensor de los derechos humanos alertó que la propuesta del líder bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) César Camacho Quiroz sobre Ley de Seguridad Interior es riesgosa por la falta de acotamiento de los conceptos.

“La realidad es que todo puede ser seguridad interior […], es especialmente riesgoso porque en su fraseo habilitaría, prácticamente una sustitución del Poder civil por el Poder militar”, dijo Patrón.

Y señaló que esa propuesta le da al Ejercito facultades de intervención de comunicaciones y de reservar la información de sus actos bajo el argumento de la seguridad nacional.