Por Carlos Samayoa

Ha pasado un año desde que Greenpeace ganó un juicio de amparo al Estado de México respecto a la mala calidad del aire en la entidad. Lejos de cumplir la sentencia respectiva, parecería que el gobierno en cuestión hace todo lo posible por evadir su responsabilidad, sea ésta jurídica, política, social o de cualquier otra índole.

La decisión de demandar a ese gobierno no fue arbitraria o tomada al aire, pues bajo su gestión se encuentran dos de las zonas metropolitanas más grandes y contaminadas del país, una de ellas es la zona conurbada del Valle de México, y la otra es la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, y en donde la mayoría de los problemas de salud pública son enfermedades respiratorias que se ven agravadas por este problema.

Aunado a ello existe una falta de información para que las personas conozcan la verdad sobre la alta toxicidad del aire que respiran todos los días. A pesar de que existen protocolos para declarar contingencias ambientales por mala calidad del aire, los límites establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México son altísimos. Eso quiere decir que en realidad la salud de las personas está en riesgo con mucho más frecuencia de lo que se da a conocer.

Con la finalidad de proteger la salud humana, los niveles máximos de contaminantes en el aire en las ciudades está determinado en las respectivas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) emitidas por la Secretaría de Salud federal. Las contingencias ambientales también deberían ser declaradas conforme a esos parámetros que de por sí son insuficientes si se comparan con las directrices sobre la calidad del aire que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales fueron actualizadas hace unas semanas para tener estándares de mayor protección.

De acuerdo con las NOM, las contingencias deberían declararse una vez que se superen los 100 puntos de ozono o material particulado PM10 y PM2.5, pero en el caso del Programa de Contingencias Ambientales para Toluca y Santiago Tianguistenco esos protocolos se activan cuando la contaminación supera los 150 o hasta 200 puntos de dichos contaminantes. Esto es muy preocupante, pues se ha demostrado que las partículas pueden llegar a la profundidad de los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo, aumentando así la posibilidad de infartos de miocardio, asma agravada, reducción de la función pulmonar, entre otros efectos, más aún si se observa que de acuerdo a su propia red de monitoreo atmosférico, no ha habido un solo día de buena calidad del aire en esa zona en lo que va del año.

Las insuficiencias del programa mencionado fueron finalmente reconocidas por el tribunal federal que emitió la sentencia definitiva del juicio de amparo, ordenando a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México hacer las respectivas modificaciones, lo cual contribuiría a garantizar los derechos humanos de la población a un medio ambiente sano y a la salud.

Desafortunadamente, la falta de acción de parte de ese gobierno ha sido motivo para que en días recientes se haya acudido de nuevo ante la autoridad judicial, esta vez solicitando que declare el incumplimiento de la sentencia y se proceda a deslindar responsabilidades jurídicas de parte de los servidores públicos que no han acatado el mandato judicial.

La exigencia de cambiar esta situación no es nueva. Desde años anteriores se hizo un esfuerzo por trabajar con el gobierno de Alfredo del Mazo desde la raíz de este problema, ya que de acuerdo al inventario de emisiones que se desglosa en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire en el Estado de México 2018-2030, una de las principales causas de la contaminación atmosférica ha sido la creciente motorización y la intensidad del uso del automóvil particular, cuyo parque ya asciende a más de 4 millones de vehículos.

Fue ignorada la petición de poner en marcha un programa de movilidad sustentable lo suficientemente ambicioso para modernizar y ampliar los servicios de transporte público en la entidad, una demanda básica para mejorar no solo la calidad del aire sino también las condiciones de vida y de seguridad de la gran mayoría de la población que encuentra en el precario servicio de transporte público su única posibilidad de movilidad. Lejos de ello, se sigue priorizando la inversión pública en infraestructura vial para el automóvil particular en una latente injusticia que pareciera ser en realidad una dolosa vejación de parte de ese gobierno a su propia población.

*Carlos Samayoa es Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México

Greenpeace

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