Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, explica a SinEmbargo las causas del aparente fracaso de una medida que significa, por sí sola, un avance en la lucha contra la violencia feminicida.

La litigante sostiene que el problema de la falta de justicia en los casos de feminicidio es la discriminación que las autoridades ejercen sobre las víctimas además de la corrupción que permea al gobierno, sin que los funcionarios omisos o corruptos tengan consecuencias, más allá de las administrativas.

“No es un servidor público, no es un perito el que tomó mal las medidas y concluyó algo distinto a los hallazgos, sino que en todos los casos nos estamos enfrentando a esas irregularidades. Ya no es una omisión, algo accidental. Hablamos de patrones y prácticas estructurales que están impactando en el acceso a la justicia a las mujeres, pero son actos de corrupción en todas las esferas”, sostiene Garrido.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGCM) se declaró en varios estados y, paradójicamente, en casos como el del Estado de México en lugar de disminuir los feminicidios, desapariciones y agresiones en contra de las mujeres a dos años de su implementación aumentaron, por lo que la medida parece ser un fracaso.

El jueves pasado, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) dio un informe cruento sobre la violencia en contra de las mujeres a “propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” que se celebra hoy.

“De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 53.1 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja”, dicen las cifras oficiales.

En 2016, indica el instituto, fueron asesinadas 2 mil 813 mujeres en el país, 430 más que en 2015, ahora el año pasado es el más alto registrado en los últimos 27 años. De siete mujeres asesinadas a diario la cifra subió a ocho.

Entre 2014 y 2016, precisa el Inegi, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), una de las organizaciones que pugnó por la declaratoria en el Estado de México (que finalmente se dio en 2015) y en otras entidades, explica a SinEmbargo las causas del aparente fracaso de una medida que significa por sí sola en un avance en la lucha contra la violencia feminicida.

La litigante destaca que son los funcionarios públicos incapaces de llevar a cabo los protocolos que dicta la Alerta de Género, la inexistencia de sanciones para esas autoridades corruptas que les garantiza impunidad si toman decisiones sin perspectiva de género y que pueden causarle la muerte a una víctima, y también la falta de presupuesto lo que hace que la medida quede como una carta de buenas intenciones.

“En todo el país, la sanción a servidores públicos es un tema pendiente. Es urgente que podamos generar acciones, y hay gente que tiene esa voluntad y ese compromiso de hacer su trabajo con ética; el gran problema del país es la impunidad funcional, en la que ya sea un funcionario de un cargo muy alto o un policía no tiene ninguna sanción. Sus omisiones pueden ser corrupciones millonarias y hasta corrupción mínima, pero que obstaculizan el acceso a la justicia y ninguno tiene sanción. Ese es el gran tema del país y de muchas problemáticas. En los casos de feminicidio ningún servidor público va a entender si no tiene una consecuencia. Es algo que se tiene que fortalecer”, dice la activista.

Para los funcionarios públicos y los gobiernos las mujeres, sostiene, siguen siendo “ciudadanas de segunda”, que cumplen ciertos roles y que no vale la pena defender.

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–¿Qué tan grave es el problema que vivimos en México en feminicidio?

–México es uno de los países con los índices más altos de feminicidios, con las deficiencias que se tiene de recopilación de información, que no se tiene una base de datos certera, que las procuradurías no proporcionan información cuando se les solicita, México tiene los índices más altos a nivel América Latina, y es el que exporta el término feminicidio con un contexto en Ciudad Juárez desde los años 90. El término feminicidio se ha indo construyendo en el marco jurídico. México coloca a nivel internacional la problemática, a nivel nacional se ha avanzado muchísimo en cuanto al marco normativo, la comprensión de la problemática, la elaboración de protocolos especializados, pero lo terrible de la problemática es que la respuesta sigue siendo la misma por parte de las autoridades y del Estado. Tenemos muchos cuestionamientos en política pública y criminal que implementan los estados respecto a las violencias feminicidas. No sólo es el feminicidio, sino otras violencias extremas como la desaparición que es un tema que nos está alarmando mucho.

–En México, dices,se ha avanzando mucho en los protocolos. Pero, ¿qué es realmente lo que lleva al fracaso? Se lanzó la Alerta de Género en el Estado de México y como si no se hubiera hecho nada, siguen habiendo feminicidios tremendos, lo mismo en Morelos. ¿Qué hace que fracase una Alerta de Género?

–No es un problema sencillo. En su momento se tenían que tomar las acciones que ahora se están intentando tomar, pero de manera seria, como una política de Estado. Eso no ha ocurrido en ninguna de las entidades. En el Estado de México con la Alerta de Violencia de Género se han realizado acciones muy importantes, pero que ahora rebasan la problemática a estas acciones. Cuando nosotras estuvimos litigando la Alerta de Violencia de Género, durante casi cinco años porque en realidad se solicita en 2010 a finales de diciembre y la Alerta se declara hasta junio de 2015, estamos hablando cinco años en los que no se hizo nada en el tema.

–En el Estado de México, ¿qué tan bien o qué tan correcto se han estado implementando las acciones que plantea la misma Alerta de Género?

–En el Estado de México nosotras somos peticionarias y nosotras exigimos estar en el grupo de seguimiento. Estamos en la mesa de negociación con otras instancias federales y el Gobierno local. Hemos priorizado las medidas de justicia y seguridad, sin desestimar las de prevención que son fundamentales, pero algunas de las acciones más relevantes que se han logrado son la actualización del protocolo ALBA para la búsqueda de niñas y mujeres, y la creación con este protocolo de un mecanismo de búsqueda y de seguimiento. El mecanismo de búsqueda se conforma por células de búsqueda en cada municipio donde se les ha obligado a cada municipio, de los 11 que están con declaratoria, a tener un grupo de policías para atender a mujeres y niñas. Se les ha dado capacitación , patrullas, formatos que se establecen en el protocolo y eso puede hacer una gran diferencia. Ese mecanismo de búsqueda se está implementando en otros municipios donde no hay alerta. Es algo positivo. La Unidad de Análisis y Contexto dentro de la Fiscalía especializada, la fiscalía central que investiga casos de violencia, tiene una unidad, yo creo la primera en el país, porque lo que analiza son casos de violencia feminicida en el contexto de estas regiones. Algo importante es una mesa de seguimiento que nosotras pudimos implementar para los casos, ahí son otras batallas que se siguen dando para cada uno de los casos, cada uno tiene sus dificultades; nos enfrentamos a obstáculos, negativas que hemos arrastrado y que permite que las víctimas sean escuchadas y se puedan llegar a acuerdos muy específicos.

–Ya son dos años desde que se implementó la Alerta de Género, pero en concreto ¿de qué ha servido? El caso de de Jessica; por ejemplo, la enfermera que fue desollada, a su mamá le dijeron que tenían que esperar las 72 horas…

–El caso de Valeria, el caso de Jessica. Lamentablemente lo que creo es que, en el Estado de México y en todo el país, la sanción a servidores públicos es un pendiente. Que podamos generar acciones, y hay gente que tiene esa voluntad y ese compromiso de hacer su trabajo con ética; el gran problema del país es la impunidad funcional, en la que ya sea un funcionario de un cargo muy alto o un policía no tiene ninguna sanción. Sus omisiones pueden ser corrupciones millonarias y la corrupción mínima, pero que obstaculiza el acceso a la justicia y ninguno tiene sanción. Ese es el gran tema del país y de muchas problemáticas. En los casos de feminicidio ningún servidor público va a entender si no tiene una consecuencia. Es algo que se tiene que fortalecer.

–En este caso de Jessica en particular, ¿no hubo sanción para estos funcionarios que esperaron las 72 horas?

–No tengo conocimiento de la carpeta, pero te puedo asegurar que no. Además una sanción oficiosa, porque también se le exige a las víctimas que sean ellas las conocedoras de todos los procedimientos y que inicien [una denuncia], y si no inician una denuncia contra un servidor público que no hizo su trabajo, no pasa nada. Esto se traduce en una de las propuestas con la Alerta en el Estado de México que es ese cambio normativo para que las omisiones, negligencias de los servidores públicos que impactan sean de investigación oficiosa. Es decir, si yo soy Ministerio Público y el que me antecedió no inició una investigación fundamental, yo podría iniciarle un procedimiento para que investiguen a ese servidor público que no hizo su trabajo.

–¿Para una Alerta de Género se destina un monto de dinero especial en el presupuesto a nivel federal? ¿Cuánto dinero es?

–No. Hay un monto para las alertas que Secretaría de Gobernación administra, me parece que les ha dado en algunos casos un monto, pero es muy pequeño para lo que se tiene que implementar, porque el mecanismo las acciones que propone son de reingeniería o de una implementación de fiscalías, una Unidad de Análisis y Contexto, contratación de nuevo personal, equipamiento, que eso a lo mejor no está nombrado dentro de las acciones, pero que son necesarias para que un protocolo pueda funcionar; sino es papel nada más. Es un tema de política pública de Estado que las acciones de las alertas sean prioritarias y que las entidades federativas etiqueten en sus presupuestos las acciones que deben implementar.

–¿Qué puede explicar que se perciba como un fracaso la Alerta de Género? ¿Quizás que fue nada más aceptada por la entidad para quedar bien, cumplir, pero sin comprometerse realmente con una política de Estado?

–Esto es diverso en los estados. La respuesta que han dado depende de los gobiernos, pero yo creo que el fracaso se da en parte porque no hay indicadores que te hagan percibir si hay un impacto, que las medidas sean medibles y que esta medición tenga un plan de trabajo. Si voy a crear un protocolo, voy a crear un mecanismo de búsqueda y voy a partir de qué situación tengo ahora, y a qué situación aspiro, cómo voy a contabilizar, incluso saber cuántas mujeres, niñas, son localizadas o cuantas encontré. Todo eso implica una política pública integral, eso no se ha comprendido y esa sensación del fracaso del mecanismo tiene que ver con el que veamos que contrario a que bajen las cifras vamos en aumento, y que parece que no hay esa visión de Estado como una prioridad. Eso tiene que ver con algo muy integral, que no tiene que ver sólo con un gobierno, sino con el Legislativo, Poder Judicial, porque de nada sirve que avancemos, consignemos en el sistema anterior o que vinculemos a proceso si se va a echar para atrás lo avanzado. Yo creo que es un tema de discriminación: no se visualiza la problemática de violencia feminicida como un problema de derechos humanos, de Estado de derecho; si no se ve de esa manera y lo que implica en cuanto a recursos, capacidades de servidores públicos o de sensibilización, no habrá un cambio y serán intentos aislados. Debe haber un compromiso de los tres poderes.

–Esta falta de compromiso que planteas, ¿tiene que ver que las mujeres seguimos valiéndoles muy poco a los gobernantes?

–Por eso te decía, es un tema de discriminación. Si hablas con cualquier persona tiene claro que una discriminación es no garantizarle un traductor a una persona que tiene una discapacidad auditiva, pero no tiene claro que discriminación es ir pasando por la calle y te griten te lancen un piropo. Tampoco se invierte en la prevención, en la erradicación de la violencia en la escuela, en el hogar, en realidad se fomenta la discriminación. Podemos salir a cualquier lugar, estado y ver en los anuncios, en las revistas que las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda. Tenemos ciertos roles que implica reproducir la discriminación y la violencia. ¿Qué haces frente a estructuras que lucran con el cuerpo de las mujeres y las niñas? En los casos de desaparición hay estructuras criminales que les es rentable desaparecer a las niñas y explotarlas sexualmente, trasladarlas; son redes de trata que tienen los recursos humanos, políticos, económicos y que las fiscalías siguen con sus pesquisas, metodologías de búsqueda obsoletas, que se reducen al esfuerzo mínimo y mientras que una estructura criminal crece con el cuerpo de las mujeres, la autoridad niega la problemática.

–¿Cuáles medidas puntuales deben tomarse en México para de verdad atacar este problema?

–En teoría ya están las políticas públicas transversales, pero no están tan especializadas en temas de violencia. Hace falta que el tema de la perspectiva de género se comprenda y que vaya más allá. ¿Qué voy hacer desde el sistema de salud, de procuración de justicia, educativo, para contribuir en la disminución de la violencia feminicida y la discriminación contra las mujeres? No es tan cierta la transversalidad de la perspectiva de género.

–De las cifras que traes, ¿cuáles estados son los punteros en feminicidio?

– Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, son de los más preocupantes. Claro también Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca.

–¿Y Puebla?

–Puebla ha tenido un incremento muy preocupante.

–Ahorita que dices Ciudad de México, hemos estado siguiendo los feminicidios que se han dado en Puebla, ¿quiere decir que el problema en la Ciudad de México está peor que en Puebla y no lo vemos?

–Son contextos parecidos porque en los dos estados lo que estamos viendo son los vínculos con la desaparición. Los feminicidios que se han dado en Puebla preocupan, ahí digamos hay posturas que hablan de la prevalencia, el número de asesinatos de mujeres con el número de población, que en si mismo es delicado hablar así. No se trata de cifras, se trata de qué es lo que está pasando y qué prácticas estás identificando. No es un caso aislado en que un policía se le ocurrió vender al periódico la imagen de la víctima, esto ocurre en casi todos los casos. No es un servidor público, no es un perito el que tomó mal las medidas y concluyó algo distinto a los hallazgos, sino que en todos los casos nos estamos enfrentando a esas irregularidades. Ya no es una omisión, algo accidental. Hablamos de patrones y prácticas estructurales que están impactando en el acceso a la justicia a las mujeres, pero son actos de corrupción en todas las esferas como las posturas que sacó la Procuraduría General de la Ciudad de México en el caso de Lesvy, donde Comunicación Social saca las versiones del imputado, respecto de la víctima, esto no es algo aislado, es algo que se repite. Los peritajes son terribles.

–¿Cuántos feminicidios llevamos?

–El último reporte de la Ciudad de México, de este año es que hasta junio de 2017 eran 87 feminicidios. Hemos visto un incremento y con preocupación con los casos que acompañamos, es que en nosotros solicitamos información sobre feminicidio y homicidios dolosos, sobre eso muchos de los homicidios dolosos deberían ser catalogados como feminicidios y al contrario un porcentaje del 40 por ciento son los que son catalogados así, el otro porcentaje es homicidio doloso para la autoridad.

Incluso inician casos donde es evidente que es un feminicidio y lo determinan como homicidio culposo, y eso seguramente baja las estadísticas. No tenemos cifras confiables. Si nos damos cuenta los patrones de la autoridad ante la víctimas, son de revictimización.

–¿A nivel nacional cuántos van?

–El último de enero de 2015 a diciembre de 2016 documentamos en 15 estados, 2 mil 83 asesinatos de mujeres, y solo el 25 por ciento eran investigados como feminicidio. Eso implica que no hacen investigaciones con perspectiva de género, pierden evidencia relevante, como sucede en casos donde son personas de confianza los responsables.

–Este caso de Lesvy, que conmocionó a la Ciudad de México, me comentabas que se logró que se siga por feminicidio, ¿cómo lograron esto y qué tan importante es para que se reconozca el feminicidio como tal?

–El caso de Lesvy es un feminicidio de este año paradigmático por la respuesta que dio la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México en cuanto a la atención e investigación.

Por mucho tiempo las autoridades negaron el acceso al expediente de las víctimas y a sus representantes, una hora antes de la vinculación a proceso entregaron el video, esto implica que se dificulte la defensa de las víctimas como un principio de la debida diligencia.

En la audiencia el Ministerio Público vincula a proceso por homicidio doloso por omisión, que para la teoría de la Fiscalía es que ella se suicidó con el cable del teléfono y que esta persona estaba cerca de ella y no hizo nada por evitarlo. Es una figura jurídica que sí impacta, pues estamos en una etapa de investigación complementaria en la que si el MP no realiza las diligencias con perspectiva de feminicidio, no se va acreditar. Nosotras apelamos el auto de vinculación a proceso porque el juez de control confirmó la teoría del MP y vinculó a proceso por este delito. Finalmente el mes pasado la sala penal otorgó la se reclasificación el delito.

–¿Qué implica la reclasificación?

– Implica que ahora el MP tiene la obligación de investigar como un feminicidio. Hay elementos suficientes para presumir el feminicidio. Estamos en la etapa de investigación. Se solicitó al juez que justamente por esta reclasificación jurídica y por otros argumentos se tenía que ampliar el término de la investigación.

–¿Qué prueba tenían para decir que era un suicidio? ¿Por qué decían que se había suicidado con el cable del teléfono?

–La verdad es absurda la respuesta: por la posición que ella estaba colgada de un cable y eso hizo suponer a la autoridad digo suponer porque nosotros consideramos que es un acto doloso para encuadrar una conducta en un tipo penal. Se valieron de interpretar los hallazgos de manera forense y criminalística, las interpretaron a su modo incorporando algo para ellos fundamental: una necropsia psicológica, es como decir ‘ya muerta te voy hacer un dictamen de cómo era tu actuar y tu participación en el delito’, en esta necropsia la perito hacía un análisis del video, donde ella esta con el esta persona en Ciudad Universitaria, el testimonio de una amiga y declaraciones del imputado. Con esto ella determina que Lesvy era depresiva y que no tenía redes, era súper revictimizante, horroroso ese peritaje, se logró impugnar.

–¿Para esta perito hay impunidad?

– A menos que nosotras denunciemos, que [es lo que vamos a] va hacer.