Al menos 14 mil 997 mujeres han sido asesinadas en México desde 2015 al 31 de octubre de este 2019. El promedio es de al menos 10 cada día, de acuerdo con cifras oficiales.

La ONU en México destaca que en el país aún persisten importantes barreras para atender y erradicar la violencia de género y hay grandes retos para el actual Gobierno.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Mala e insuficiente aplicación de las leyes; baja inversión en prevención y servicios de calidad; impunidad a perpetradores de violencia y falta de acceso de justicia; inadecuados sistemas de seguimiento y evaluación son las barreras que aún persisten en México prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, consideró Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México.

“A pesar de los avances, los niveles de violencia siguen siendo altos y alarmantes. Las mujeres y niñas sufren violencia en los diferentes ámbitos de su vida, a lo largo de sus vidas. Los marcos de derechos humanos siguen siendo difíciles de implementar”, dijo Sanz Luque en entrevista con SinEmbargo.

Las mujeres y las niñas mexicanas enfrentan diversos tipos de violencia  física, económica, patrimonial, sexual y psicológica, expresó la representante de ONU Mujeres en el país, y destacó que es necesario que el Estado mexicano fortalezca las capacidades y sensibilizar a todas las personas involucradas en la prevención, atención y sanción, a lo largo de toda la cadena de justicia, incluyendo al sector salud.

Estas violencias, ejemplificó, van desde los comentarios sexuales y silbidos, manoseos, y violaciones, hasta llegar a la forma más extrema: los feminicidios. “Todas estas formas son parte del continuum de violencia que se ejerce contra ellas a lo largo de sus vidas, de manera sistemática y en múltiples formas, tanto en el ámbito privado como en el público”, dijo la funcionaria.

De enero a octubre de 2019, al menos 3 mil 118 mujeres fueron sido asesinadas a lo largo y ancho de la República. Esta cifra representa un alza de 3.10 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, al pasar de 3 mil 024 casos de enero a octubre de 2018 a un total de 3 mil 118 en 2019.

Del total de asesinatos contra mujeres, sólo 809 son clasificados e investigados como feminicidios. El número de feminicidios subió  11.43 por ciento más que en el año anterior, pues de enero a octubre de 2018 se reportaron 726 casos clasificados oficialmente como feminicidios.

En relación a violencia doméstica, las autoridades han recibido al menos 235 mil 702 llamadas de emergencia con relación a incidentes de violencia de pareja de enero a septiembre. Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo son las entidades que mayor reportan este tipo de número de incidentes.

En este mismo periodo, se registraron, a la par, un total de 603 mil 838 llamadas de emergencia que reportaban algún tipo de violencia familiar. De acuerdo a las cifras, el pasado mes de junio ha sido el mes en el que se han registrado el mayor número de reportes de violencia familiar en los últimos cuatro años, con un total de 68 mil 665 llamadas. Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Chihuahua, son los estados donde más llamadas de emergencia por violencia familiar se han registrado.

Belén Sanz, representante de ONU mujeres en México. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.

Los espacios públicos son otro de los escenarios constantes de agresión a la mujeres, principalmente de índole sexual. Al menos 1 de cada 3 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia sexual en espacios públicos, y al menos siete 7 de cada 10 agresiones ocurridas en la calle, son de tipo sexual, tales como: piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de violación, de acuerdo con la representante de la ONU.

Sanz Luque comentó que las principales causas de estas formas de violencia son los estereotipos de género, las culturas machistas, la normalización y la naturalización de la violencia y la minimización de su impacto:  “Todos estos factores estructurales perpetúan y fomentan la violencia contra las mujeres y niñas en el país”, dijo en entrevista en el marco del del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999, en memoria de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal, luchadoras asesinadas por la tiranía de Rafael Trujillo el 25 de noviembre 1960.

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–La violencia de género y la violencia feminicida ha ido en aumento en los últimos años, ¿a qué atribuyen el alza, cuáles son las causas que han detectado que aumentan la violencia hacía las mujeres?

Los datos más recientes de feminicidio son los del Secretariado de Seguridad Pública. En 2018 (enero-diciembre) se cometieron 885 feminicidios en México. En lo que va de 2019 (enero-septiembre) se han cometido 726. Entre 2018 y 2019, los feminicidios ocurridos hasta el mes de septiembre presentan un aumento de 14 por ciento.

Las cifras nos demuestran que hay un aumento de casos, hasta el momento, en comparación del año pasado, no podemos dar una única respuesta ya que violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, es multifactorial y tiene que ver con un contexto social, mejoras en el registro de estos delitos, y, por supuesto, con el aumento de violencia social. Pero no debemos olvidar que hay un núcleo duro en las estadísticas que no cambia, y que se debe a la violencia de género y el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

Por esta razón es importante, tal y como lo ha establecido el Comité CEDAW en sus observaciones al Estado mexicano, reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores. Esto permitirá contar con más información homologada que permita elaborar un diagnóstico sobre los feminicidios en todo el país para realizar las acciones necesarias.

Una estrategia para poder contribuir a la solución de esta problemática puede ser, como lo señaló el Comité, la elaboración de un Plan de Acción Nacional, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la participación de las mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país.

–Estamos por cumplir el primer año de Gobierno ¿Cómo perciben el nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador?

El Gobierno mexicano ha hecho esfuerzos por fortalecer el marco normativo, así como las capacidades de sus servidores y servidoras públicas. No obstante, aún enfrenta serios retos que se ven agravados por los estereotipos de género que limitan el ejercicio de los derechos de las personas y de la impunidad en los diferentes niveles de gobierno.

–¿Consideran que están destinando los recursos (humanos y económicos) necesarios para atender los conflicto que enfrenta las mujeres en México?

El Estado mexicano ha buscado dar respuesta a las recomendaciones internacionales; cuenta con sólido marco normativo (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus respectivas leyes estatales); así como con un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que establece cinco grandes objetivos, encaminados a fomentar la armonización de contenidos legislativos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no violencia contra las mujeres; garantizar la prevención integral, así como el acceso a los servicios de atención a las víctimas mediante la investigación efectiva, reparación del daño y la sanción; e impulsar la coordinación institucional para fortalecer la política nacional con un carácter integral.

Desde ONU Mujeres México resaltamos la importancia de contar con políticas para la prevención, servicios especializados apropiados para la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres. De igual forma, reconocemos que los países que han avanzado en los derechos de las mujeres lo han hecho también gracias al acompañamiento de las organizaciones civiles y de personas especializadas.

–¿Ven acciones y una estrategia concreta en el tema de mujeres? Hay una política real en el tema? ¿Qué acciones urgen en México para atender la violencia de género?

El Comité CEDAW reconoció los avances de México en materia legislativa y los esfuerzos programáticos y de política pública que se han emprendido para garantizar la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país. También expresó su preocupación en torno a varios aspectos de su vida, especialmente en un contexto con altos niveles de violencia, y formuló recomendaciones específicas para garantizar sus derechos.

Estas observaciones constituyen un marco y hoja de ruta de gran relevancia para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres y las niñas en México.

En sus Observaciones finales del Comité de la CEDAW sobre el noveno informe periódico de México en materia de violencia sexual, los principales motivos de preocupación y recomendaciones son la persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia organizada en el Estado parte, así como los problemas asociados a las estrategias de seguridad pública, estén afectando negativamente al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

El Gobierno mexicano ha hecho esfuerzos por fortalecer el marco normativo, así como las capacidades de sus servidores y servidoras públicas. Sin embargo, la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas; incluidas la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, especialmente los feminicidios, se vincula directamente a la existencia de estereotipos de género que limitan el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas y que perpetúan la impunidad en los diferentes niveles de gobierno.

Es necesario fortalecer las capacidades y sensibilizar a todas las personas involucradas en la prevención, atención y sanción, a lo largo de toda la cadena de justicia, incluyendo al sector salud como a los médico legistas. Además, se necesita mejorar el registro de la información en el nivel local, así como el seguimiento en la procuración de justicia, por ejemplo, en la reclasificación de expedientes y acceso a la justicia en el ámbito de la impartición, con indicadores que nos permitan dimensionar la impunidad.

Es importante reforzar las capacitaciones especializadas, así como las unidades especiales de atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, con personal y equipo apropiado. Es necesario que se fortalezca su conocimiento del marco legal vinculado a los derechos de las mujeres y las niñas, así como sus capacidades en cuanto a la valoración del riesgo para casos de violencia hacia las mujeres y las niñas y la intervención en crisis; ya que siguen ocurriendo casos en los que la vida e integridad de las mujeres y las niñas se ven vulneradas debido a la falta de capacitación en estas temáticas.

–¿Cuáles son las acciones o puntos que debería de implementar el Gobierno de manera inmediata, es decir, a corto plazo?

A pesar de los avances, los niveles de violencia siguen siendo altas y alarmantes. Las mujeres y niñas sufren violencia en los diferentes ámbitos de su vida, a lo largo de sus vidas.

A pesar de los avances, los niveles de violencia siguen siendo altas y alarmantes.. Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo.

Los marcos de derechos humanos siguen siendo difíciles de implementar y aún persisten múltiples barreras para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres tales como: La mala e insuficiente aplicación de las leyes; la baja inversión en la prevención y en servicios esenciales de calidad; la impunidad de los perpetradores y las barreras en el acceso a la justicia; los inadecuados sistemas de seguimiento y evaluación o la falta de información y estadísticas sobre algunas formas de violencia

Uno de los principales retos en la lucha para eliminar y prevenir la violencia son las normas sociales, valores, actitudes y prácticas de los hombres y las mujeres, las prestadoras de servicios, los servidores públicos, los operadores/as del sistema de justicia y de la sociedad en su conjunto.

Entre las medidas para prevenir, disminuir y eliminar la violencia contra las mujeres es importante mayor inversión en una prevención más efectiva de la violencia. Es decir, invertir en iniciativas de prevención primaria, educación y transformación socio cultural.

También homologar, a nivel local, todos los tipos penales de violencia contra las mujeres incluidos el feminicidio y la violencia feminicida y estandarizar los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia para reducir la impunidad.

LOS RETOS DEL GOBIERNO

–¿Cuáles serían las recomendaciones de la ofician ONU México para el actual Gobierno?

Con base en los estándares internacionales, las recomendaciones del Comité de la CEDAW y las experiencias basadas en evidencia que hemos articulado, las acciones generales que podrían catalizar los esfuerzos existentes, son los siguientes:

–Adoptar e implementar leyes integrales dirigidas a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Garantizar que las leyes relativas a la violencia contra las mujeres y las niñas se implementen, se hagan cumplir y se ejecuten de forma independiente.

–Prestar servicios de calidad y coordinados a las mujeres y las niñas que experimenten violencia, especialmente a las que se encuentren más marginadas.

–Poner en marcha medidas de prevención que hagan frente a las desigualdades en las relaciones de poder entre los géneros que se encuentran en la raíz de la violencia contra las mujeres y las niñas.

–Invertir en datos sobre la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas y las políticas implementadas en este ámbito.

–Articular los esfuerzos, de manera coordinada, con otros sectores como la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

–Intensificar la inversión en la prevención efectiva.

–Desarrollar estrategias de prevención que incluyan entre otras medidas, programas educativos sobre la igualdad de género, los derechos humanos y las relaciones respetuosas y no violentas.

–Implementar campañas de comunicación que promuevan cambios en normas, actitudes, comportamientos sociales y una masculinidad no nociva; empoderar las mujeres mediante información sobre su derecho a una vida libre de violencia, con énfasis en grupos de mujeres marginalizados; generar datos y evidencia para contar con información sobre todas las formas de violencia contra las mujeres; recopilar estadísticas, datos cuantitativos y cualitativos sobre las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres; fortalecer los registros administrativos estableciendo definiciones claras y homologadas a fin de contar con datos comparables; garantizar el acceso a la justicia efectiva y poner fin a la impunidad ante la violencia contra las mujeres.

–Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios para mujeres y niñas sobrevivientes de violencia tomando en cuenta las diferentes necesidades de las mujeres incluyendo entre otras las mujeres indígenas o migrantes, las mujeres jóvenes, las defensoras de derechos humanos, las mujeres en el ámbito político, las mujeres víctimas de desastres, las mujeres con discapacidad.