México necesita combatir la impunidad para, a su vez, debilitar a la corrupción que es uno de los principales factores que alimenta los altos niveles de inseguridad que padece el país. Y sólo lo hará un Presidente de la República honesto, que inspire esa honestidad al resto de los actores políticos “por la buena o por la mala”, dice Alfonso Durazo Montaño, quien sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), si el político tabasqueño gana las elecciones federales del próximo 1 de julio.

Durazo Montaño plantea que “por la mala” es “simplemente hacer cumplir la Ley” y entender que “el que la hace, la paga”, en especial cuando los delincuentes actúan bajo el amparo del poder público.

A la propuesta para combatir la corrupción de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato de la alianza que conforman el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), la califica de retórica y carente de un compromiso real. Él, Meade, ya tuvo la oportunidad de actuar cuando estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) y no lo hizo, argumenta.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Para combatir la inseguridad que vive el país y que, de acuerdo con los datos mñas recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con 25 mil 339 homicidios dolosos convirtió a 2017 en el más violento de la última década, se necesita combatir la corrupción a través de la figura de un Presidente de la República honesto, que inspire esa honestidad “por la buena, o por la mala”, dice Alfonso Durazo Montaño, quien será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), si el político tabasqueño triunfara en la elección federal del próximo 1 de julio.

El hombre que tendrá en sus manos la estrategia de seguridad de López Obrador plantea, en entrevista con SinEmbargo, que México debe llevar al frente del Ejecutivo federal a un líder que inspire a los demás políticos y funcionarios públicos a ser honestos para enfrentar una de las principales variables que alimentan la inseguridad a través de la corrupción: la impunidad.

El sonorense y ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial priista asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994, explica que “por la mala” significa que en México se debe hacer cumplir la Ley y aprender que “el que la hace, la paga”.

“La mala, entrecomillas, es simple y sencillamente la aplicación de la Ley. En nuestro país tenemos que aprender que el que la hace, la paga, y eso significa simple y sencillamente aplicar la Ley en contra de aquellos que delinquen, que roban, que defraudan, particularmente si lo hacen desde el poder”, explica Durazo Montaño.

Esta semana, la organización civil Semáforo Delictivo Nacional confirmó que 2017 fue el año más violento de la última década, y a su vez el peor en materia de inseguridad en los cinco años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, con 23 por ciento más de homicidios dolosos que en 2016.

El año pasado, el 75 por ciento de los homicidios dolosos fueron ejecuciones del crimen organizado; es decir, 18 mil 989 ejecuciones superaron en 55 por ciento a las que se cometieron el año anterior.

La organización también reveló que el Estado de México, que gobierna el priista Alfredo del Mazo Maza, es la única entidad que aparece en los primeros lugares en secuestros, extorsiones y homicidio. Además, Semáforo Delictivo informó que el año pasado se sumaron entidades como Aguascalientes y Quintana Roo a la lista de las 26 entidades que vieron incrementar sus cifras de inseguridad, lo que confirma que la violencia se extendió a todo el territorio nacional.

“Es lamentable esta tendencia creciente de la inseguridad en el país, en una región o en otra. Tenemos que entender que hay una vinculación orgánica entre esta política económica neoliberal, excluyente y generadora de desigualdad, marginación y pobreza y la inseguridad que vive México. La solución no puede basarse exclusivamente en el uso de la fuerza, no podemos seguir operando como esos representantes de una derecha esquemática y superada que creen que la fuerza lo resuelve todo y que si hay una manifestación social, es porque no hay suficiente mano dura”, argumenta Durazo Montaño.

Quien llevará las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública que plantea López Obrador –si el líder de Morena es elegido Presidente de México– también se refirió al feminicidio, una de las principales expresiones de la inseguridad producto de la corrupción política que se vive en México, afirma.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los asesinatos de mujeres y la desaparición de niñas creció durante 2017. Sólo en cinco estados desaparecieron –durante el primer semestre del año pasado– 3 mil 174 niñas entre 10 y 17 años.

“Los feminicidios son una de las expresiones más graves de la violencia que vivimos, y una buena parte de esos feminicidios, según información de las fuentes oficiales, están vinculados al crimen organizado. Pero el crimen organizado avanza con la protección política, jurídica y administrativa de los gobiernos federal y locales; es decir, si no resolvemos entre otros factores el de la corrupción será muy difícil que enfrentemos exitosamente el problema de la inseguridad”, dice Alfonso Durazo.

El sonorense califica a la propuesta de combate a la corrupción de José Antonio Meade Kuribreña, precandidato de la alianza que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), como mera retórica para ganar “algunas simpatías” proponiendo algo que no hizo cuando estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).

En esta charla, Durazo explica el significado del Mando Único que plantea López Obrador y la integración de las policías, el Ejército y la Marina.

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–El Secretariado acaba de revelar sus cifras de 2017 y éstas plantean que el año pasado fue el más violento en la última década. También el Semáforo Delictivo Nacional dio a conocer el incremento de la violencia y los homicidios en el país, incluso destacó que hay nuevos estados que se sumaron a la lista. ¿Qué hará Morena para reconstruir al país en materia de seguridad?

–Es lamentable esta tendencia creciente de la inseguridad en el país, en una región o en otra. Tenemos que entender que hay una vinculación orgánica entre esta política económica neoliberal, excluyente y generadora de desigualdad, marginación y pobreza y la inseguridad que vive México. La solución no puede basarse exclusivamente en el uso de la fuerza, no podemos seguir operando como esos representantes de una derecha esquemática y superada que creen que la fuerza lo resuelve todo y que si hay una manifestación social, es porque no hay suficiente mano dura. No se les ocurre pensar que atrás de esas expresiones hay necesidades sociales insatisfechas, marginación, pobreza, hambre, falta de oportunidades, particularmente para los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar atrás el paradigma del uso exclusivo de la fuerza como vía para resolver el problema de la inseguridad en el país, y dar paso a una visión más amplia que incluya la atención de las causas que generan la inseguridad. Causas de carácter político, social… de todo tipo, que en la medida que continúen desatendidas seguirán siendo generadores de violencia en el país.

–¿Cómo poner fin a los feminicidios que crecen año con año. El año pasado fue muy cruento para niñas de entre 13 y 15 años que fueron asesinadas y secuestradas. ¿Cómo poner fin a estos delitos?

–Los feminicidios son una de las expresiones más graves de la violencia que vivimos, y una buena parte de esos feminicidios, según información de las fuentes oficiales, están vinculados al crimen organizado. Pero el crimen organizado avanza con la protección política, jurídica, y administrativa de los gobiernos federal y locales; es decir, si no resolvemos entre otros factores el de la corrupción, será muy difícil que enfrentemos exitosamente el problema de la inseguridad. Para resolver el problema de la corrupción tenemos que llevar a la Presidencia de la República a un hombre honesto, porque el principal problema de la corrupción en el país se llama corrupción presidencial. Consecuentemente, si no llevamos a la Presidencia a un hombre honesto, o incluso a una mujer honesta, no habrá capacidad para desmantelar las redes de corrupción y complicidades que se administran desde las más altas esferas de Gobierno federal. Necesitamos entonces combatir la corrupción responsable de la impunidad y, a su vez, la impunidad responsable de la violencia. Tenemos que asumir con un sentido integral el diseño de las políticas públicas para resolver la inseguridad con un sentido intersectorial, integral, transversal, porque no será sólo con la acción de una dependencia que se resolverá el problema de la inseguridad, sino con la acción de un gobierno en su conjunto.

–Habla de llevar a una persona honesta a la Presidencia pero, ¿cómo hacerle con los estados? Por ejemplo, el Estado de México es uno de los más violentos para las mueres, ahí las asesinan y desaparecen todos los días, pero ahí gobernará el PRI todo un sexenio. ¿Cómo bajar esta lucha en contra de la corrupción en esas entidades?

–Mira, dicen en  mi pueblo que de ver dan ganas. Si hay corrupción en el centro, hay en el periferia; si hay corrupción arriba, hay corrupción abajo. En el momento que tengamos un Presidente con la autoridad moral para combatir la corrupción se van alinear por la buena o por la mala el resto de los actores políticos del país. Ese solo hecho va a tener una incidencia muy importante en la seguridad. Acaban de salir las últimas cifras del Secretariado y en ellas se establecen lo altísimos porcentajes de delitos que no se denuncian en el país; los altísimos porcentajes de impunidad. Por otro lado tenemos mediciones internacionales que indican que nuestro país se encuentra en el lugar 108 de impunidad, en un lugar similar en Estado de Derecho de 175 países evaluados. Todos estos factores se convierten en un  coctel destructor que genera estos índices de violencia desbordada que hoy conocemos en el país y que incluye el tema de los feminicidios.

–¿Cuál sería el camino “por la mala”? Porque “por la buena”, muchos gobiernos han demostrado que no cooperan. Tenemos ejemplos en Coahuila, en Chihuahua –donde anda prófugo el ex Gobernador priista–, el de Quintana Roo o Veracruz. Tenemos muchos ejemplos donde “por la buena” no les interesa.

–No han prosperado. La mala, entrecomillas, es simple y sencillamente la aplicación de la Ley. En nuestro país tenemos que aprender que el que la hace, la paga, y eso significa simple y sencillamente aplicar la Ley en contra de aquellos que delinquen, que roban, defraudan, particularmente si lo hacen desde el poder. Una de las variables fundamentales en la inseguridad es la corrupción, y en la medida que no acotemos esa variable, no podremos acomodar el resto de las variables, no podremos acotar la impunidad. Al mismo tiempo, no podremos combatir la marginación, desigualdad, falta de oportunidades, salud, educación, empleo para los jóvenes, particularmente porque por el caño de la corrupción se van cientos de miles de millones de pesos cada año. Hay indicadores escandalosos como el del Banco Mundial que hablan, según cifras de 2016, que la corrupción nos cuesta al año 906 mil millones de pesos. Otras cifras más audaces nos hablan de que la corrupción nos cuesta el 9 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto], millones e dólares al año. No hay posibilidades que los presupuestos alcancen para apoyar la solución de las más elementales demandas sociales, que sin su atención será a su vez imposible destrabar el nudo de la inseguridad en el país.

–Como usted sabe José Antonio Meade presentó una propuesta para combatir la corrupción que se basa en una iniciativa que tiene tres elementos: una, recuperar el dinero y las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un fondo para niños y mujeres. Dos, aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos y tres, volver obligatoria la certificación patrimonial para los funcionarios y legisladores. ¿Qué opina de esta propuesta?

–Es una propuesta retórica. José Antonio Meade ya tuvo la oportunidad en muy distintas responsabilidades de combatir la corrupción desde la Secretaría de Hacienda; la posibilidad de acotar y evitar la desviación de recursos federales que se destina  a los estados para el combate a la corrupción, a la pobreza y, particularmente, para el combate para la inseguridad. Recursos que terminaron en los bolsillos de los más diversos funcionarios. Le agrega ahora a la propuesta aumentar las penas; le tengo una mala noticia a José Antonio Meade: no asustará a nadie en un país donde tenemos el 99 por ciento de impunidad. Esto quiere decir que un criminal tiene el 99 por ciento de posibilidades de salir ileso de su acto criminal, pues la apuesta seguirá siendo por la corrupción. Se necesita un Presidente honesto que tenga autoridad moral, que no haya sido tapadera de los actos de corrupción generalizada que ubican hoy por hoy al país en el lugar 123 del ranking de corrupción mundial.

Es el colmo de la demagogia que pretenda hacernos creer que el dinero quitado al crimen organizado se irá a la noble tarea de apoyar con becas a los estudiantes. Él ya tuvo dos ocasiones la responsabilidad de combatir el lavado de dinero e impulsar acciones de extinción de dominio contra los bienes de los narcotraficantes y, en ninguna de las dos ocasiones de su paso por la Secretaría de Hacienda donde está adscrita la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo absolutamente nada. Entonces me parece francamente retórica su propuesta que busca encontrar algún eco, simpatía por la vía de la demagógica y no por la vía del compromiso real. ¿Cuántos años de cárcel giran alrededor de José Antonio Meade en los mítines que realiza? Me refiero a aquellos que pululan a su alrededor, como vimos en su última visita a Quintana Roo.

–¿En qué fracasó la estrategia de seguridad de Enrique Peña con las fuerzas armadas en las calles y los cuerpos de élite que surgieron, como es el caso de la Gendarmería?

–El fracaso fundamental no es del Ejército, es de la estrategia que está basada en el uso exclusivo de la fuerza, de la capacidad coercitiva del Estado, eso es lo que ha sido un fracaso. Se lo señalaron las voces más autorizadas a [Felipe] Calderón cuando se le ocurrió dar de palos al avispero sin tener estrategia para avanzar en el combate a la inseguridad y para contener las consecuencias de esa estrategia basada en el uso exclusivo de la fuerza. Mientras no entendamos que hay que cambiar esa estrategia por una de visión amplia, que como decía incluya la atención de otros factores, cualquier otra estrategia seguirá siendo un fracaso.

–¿Qué diferencia hay en el Mando Único que propone AMLO y lo que propone la Ley de Seguridad Interior? Hay expertos en seguridad que argumentan no entender muy bien qué quiere decir cuando se habla de que se integrarán las policías con la Marina y el Ejército.

–Son muchas cosas que se están mezclando en tu pregunta. Primero, hay un par de iniciativas en el Congreso con diferente propuesta al respecto al Mando Único y Mando Mixto; por otro lado está la Ley de Seguridad Interior que otorga facultades amplias al Presidente y al Ejército en el desempeño de sus funciones. Nosotros lo que planteamos es que si el Presidente es el Comandante Supremo –por atribución de la Constitución– de las fuerzas armadas, y es el Jefe de los órganos de seguridad del Estado mexicano, si el Presidente se aplica a coordinar y atender personalmente esa tarea, por la vía de los hechos podemos actuar, llevar a todas las instancias federales de seguridad y actuar en virtud de esa coordinación y ese mando del Presidente, bajo la coordinación de una Mando Único, que sería el mando Presidencial.