Amnistía Internacional presentó el informe “Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara”, que concluye que las medidas de “protección” otorgadas por Gobierno federal a Julián Carrillo Martínez, defensor del territorio de Coloradas la Virgen, no fueron suficientes y que el Estado falló en su obligación de protegerlo.

El documento revela que el activista rarámuri temía por las amenazas y ataques hacía su persona por denunciar el despojo de la tierra, pero que “su relación ancestral con el territorio” era más fuerte y por eso sentía la obligación de quedarse en Coloradas de la Virgen para defender la tierra.

Hoy, un hombre fue arrestado por su presunta implicación en el asesinato a tiros del activista. El Gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, confirmó la captura. 

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).- El asesinato de Julián Carrillo Martínez, líder rarámuri, demuestra que el Estado mexicano incumplió en su deber de proteger al defensor del territorio indígena, asesinado el 24 de octubre de 2018 pese a que estaba a acogido al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, y también ha fallado en combatir la violencia e impunidad de los ataques a la comunidad Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, denunciaron Amnistía Internacional (AI) y organizaciones civiles en Chihuahua.

Amnistía Internacional presentó, a tres meses del homicidio de Julián, el informe “Entre balas y olvido: Ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara”. El documento concluye que las medidas de “protección” otorgadas por Gobierno federal al defensor rarámuri no fueron las adecuadas y suficientes para responder a las causas estructurares de violencia en la comunidad Coloradas de la Virgen, ni para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y del territorio rarámuri.

Erika Guevera Rosas, directora para las Américas de AI, manifestó que “el asesinato de Julian Carrillo es el dramático ejemplo de la violencia que enfrentan las personas defensoras”, pues la ineficiencia de los estados para protegerles genera un contexto permisible para que el crimen organizado se apodere de sus territorios.

Además, el estudio destaca que las autoridades tampoco han atendido el contexto de pobreza, marginación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, presencia del crimen organizado y las dificultades para acceder a la Sierra Tarahumara, en Chihuahua.

Coloradas de la Virgen es una comunidad indígena, enclavada en la Sierra Tarahumara, que se ha caracterizado por su histórico reclamo al reconocimiento de sus tierras ancestrales y por la defensa de su territorio. Esta comuna rarámuri se ubica en Guadalupe y Calvo, un municipio que es parte del denominado “triángulo dorado”, región asociada a una intensa actividad de narcotráfico.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, resaltó el contexto de violencia, ataques, y amenazas que enfrentan los indígenas Rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen debido a su labor en defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral.

“El asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas de cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su labor en defensa de los derechos humanos”, destaca la organización internacional.

Autoridades de Chihuahua aprehendieron hoy al presunto homicida de Julián Carrillo, activista rarámuri que fue asesinado el año pasado en el municipio de Guadalupe y Calvo.

El detenido fue identificado como Pablo. De acuerdo con información oficial, el segundo implicado podría ser capturado pronto.

Los activistas exigieron esclarecer, con una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, el crimen de Julián Carrillo u los demás miembros de su familia. También urgieron a que se tomen medidas para acabar con la impunidad y los ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen, así como “promover una estrategia no militarizada de las tareas de seguridad pública y de lucha contra el crimen organizado” en la Sierra Tarahumara.

Amnistía visitó dos veces la Sierra Tarahumara para documentar el caso, expone en el informe, donde reitera que pudo constatar las condiciones e intimidación que sufren la comunidad Rarámuri por la lucha de su territorio en Las Coloradas de la Virgen, y que las medidas de protección ofrecidas por el Estado no garantizan su labor de defensa colectiva.

“UN RARÁMURI EXTRAORDINARIO”

Julián Carrillo era un defensor “ejemplar”, describe en entrevista con SinEmbargo, Isela González Díaz, directora Alianza Sierra Madre, una organización enfocada en la defensa del territorio, y que da acompañamiento a comunidades rarámuri.

Carrillo Martínez era un firme opositor de la minería y la tala ilegal e indiscriminada que asolado la región. El líder rarámuri también denunciaba, desde 2007, el despojo de tierras por parte de grupos del crimen organizado. Además, era un respetuoso promotor de los valores de su cultura. Un líder indígena que, como la mayoría de los Rarámuri en la Sierra Tarahumara, vivía del auto consumo y defendía su territorio.

“Era un ser humano extraordinario. Un rarámuri en todo el sentido de la palabra: muy trabajador. Él había logrado tener su ganado vacuno, tenía como 20 reses, que eso para un rarámuri es mucho. Era de los rarámuri que vivía de lo que él cosechaba: la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, la recolección”, comenta la activista chihuahuense a esta redacción.

Carrillo desempeñó diferentes cargos de liderazgo en su comunidad desde 1992, recuerda el documento de AI. Fue comisario de policía y presidente de bienes comunales. Su función era cuidar el territorio, el bosque, el agua y los animales silvestres del territorio de Coloradas de la Virgen.

Julián Carrillo siempre veló y pidió que su territorio no fuera olvidado y relegado “Todo el tiempo estaba enseñándonos los valores culturales y estaba pidiéndonos que no nos hiciéramos a un lado”, dice González Díaz. Fue de los principales representantes comunitarios de la zona; pero su trayectoria en la defensa le valió múltiples amenazadas.

“Él tuvo otra característica: que no lograron desplazarlo. A muchos otros líderes, otros rarámuri de la comunidad, se fueron desplazando ante las agresiones de la delincuencia organizada que esta ahí, y él [Julián] siempre se negó a salir de su comunidad. Él siempre decía que él no podía dejar su comunidad, que qué iba a hacer en la Ciudad, en otra comunidad que no era la suya.

En 2014, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, otorgó medidas de protección a Carrillo, las cuales incluían teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas de policías para acompañarlo en sus traslados. Sin embargo, esas medidas establecidas “no fueron suficientes para impedir su asesinato”, indica Amnistía Internacional.

La directora de Alianza Sierra Madre explica que Julián Carrillo era una pieza fundamental en la comunicación entre personas desplazadas por la violencia, organizaciones civiles y la comunidad”. Su función de enlace lo colocó en un foco rojo, considera la activista.

“Él podía utilizar el teléfono celular, el teléfono satelital y de las grandes amenazas que recibió fue por eso, porque decían [el crimen] que él era el que estaba informando de todo lo que pasaba en la comunidad”, detalla González Díaz.

El defensor fue asesinado a tiros el 24 de octubre de 2018. Su homicidio, calificó entonces Amnistía Internacional, “es el punto culminante de la crónica de muertes de su familia”.

“En septiembre de 2018, Julián Carrillo mencionó a Amnistía Internacional que él creía que las amenazas y asesinatos de sus familiares se relacionaban con su labor en defensa de los derechos humanos y del territorio. También comentó que sus agresores le dijeron que le iban a “trozar el buche” porque denunciaba irregularidades en la comunidad. Finalmente, Julián le hizo notar a Amnistía Internacional que los ataques y amenazas en contra de diversos líderes indígenas le daban miedo, pero que debido a su relación ancestral con el territorio tenía que quedarse en Coloradas de la Virgen”. explica el informe “Entre balas y olvido”.

Dos semanas antes del crimen, Julián Carrillo denunció una concesión minera en la región y se manifestó en contra, debido a los impactos ambientales y sociales, y en particular, por el incremento de la violencia que podría generar esta actividad en la zona, de acuerdo al información del documento presentado hoy.

Al menos 14 líderes de la comunidad Coloradas la Virgen han sido asesinados desde el año 2016 a la fecha. Entre las víctimas están Julián Carrillo y cinco familiares de él: su hijo Víctor Carrillo (5 de febrero de 2016), sus sobrinos Alberto Quiñones (31 de marzo de 2017) y Guadalupe Carrillo (30 de julio de 2017) y su yerno Francisco Chaparro (1 de julio de 2018).

Gabino Gómez, coordinador del área de personas desaparecidas, personas desplazadas y personas defensoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) detalló que, a nivel estatal, al menos 36 personas activistas han sido asesinadas en Chihuahua, desde 1973 a la fecha. “La mayoría entre 2008 y 2016, y sus casos se encuentran en total impunidad”, dijo el defensor.

A nivel nacional, de acuerdo con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, de enero a octubre de 2018, al menos 17 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México.

Los grupos del crimen, y que atentan contra la defensa del territorio, aunque no han logrado cumplir su objetivo de la desarticulación comunitaria en Coloradas de la Virgen, sí transtocaron e impactaron dicha articulación con el asesinato de Julián, plática González Díaz.

DESPLAZAMIENTO

Coloradas de la Virgen tiene una población estimada de 850 indígenas Rarámuri, pero ese número va en descenso cada año a causa de las muertes y desplazamientos originados por los índices de violencia en la región, explica AI.

“Sus miembros consideran que el territorio de Coloradas es un espacio étnico donado originalmente por sus ancestros y que la comunidad tiene “en lo particular un orden para el uso y la explotación del bosque, mismo que desde luego se lleva a cabo protegiendo el desarrollo ecológico y cultural, de acuerdo con los usos y costumbres que rigen (…) la vida”, detalla el informe.

Los pobladores de Las Coloradas han recurrido a distintas instancias judiciales, desde 1992, en busca del reconocimiento que les permita garantizar la propiedad efectiva del pueblo rarámuri sobre sus tierras ancestrales, acechadas constantemente por el crimen.

“Los cacicazgos, con ayuda de la delincuencia organizada, buscar ocupar territorios de manera fáctica, desplazando a las comunidades, sembrado el terror, hostigamiento, amenazas y asesinatos”, agrega la defensora. De acuerdo con datos de Alianza Sierra Madre, al menos 60 rarámuri han sido desplazadas de Coloradas en los últimos dos años.

El crimen organizado no ha logrado el despojo total en Coloradas de la Virgen, expone González Díaz, porque la articulación comunitaria, a través de sus sistemas normativos internos, aún están vigentes y en defensa de la tierra; sin embargo, la activista, reconoce que el asesinato de Julián Carrillo sí trastocó su enlace.

El reto ahora “es mucho trabajo para reorganizar el avance que se tenía con la presencia de Julián Carrillo, allá en la Comunidad”, detalla.

Por su parte, Amnistía Internacional pone énfasis en que el Estado mexicano también ha incumplido su responsabilidad con los Pueblos Originarios al no establecer las condiciones que le permitan a Coloradas de la Virgen ejercer el control efectivo de su territorio y no ser despojados de sus tierras.

La falta de esas garantías ha generado, detalla el informe, “que terceros vulneren la existencia, el valor, el uso y el goce del territorio por parte de los indígenas”. Por ejemplo, personas asociadas al crimen organizado han quemado plantíos de rarámuri o han matado las chivas y animales, que son de gran importancia para ellos, pues viven del auto-consumo. Otro aspecto, es que la comunidad ha suspendido algunas de las fiestas tradicionales debido a los ataques en su contra.

JUSTICIA PARA JULIÁN Y TODA LA COMUNIDAD

Organizaciones civiles en Chihuahua esperan que la publicación del informe sirva para sensibilizar sobre la defensa del territorio de los indígenas en la Sierra Tarahumara.

“También queremos mantener la imagen de Julián Carrillo y visibilizar su caso, para que sean castigados los responsables, materiales e intelectuales: que no se abandone por ningún motivo la línea de investigación, tomando como primer punto la actividad de Julián como defensor de derechos humanos”, destaca Isela González.

El Fiscal de Derechos Humanos, a cargo de la investigación del asesinato de Julián Carrillo, dijo que se realizaban todas las diligencias posibles para la identificación de los autores materiales, detalla Amnistía Internacional en el informe. De acuerdo a la Fiscalía, el homicidio de Julián se relaciona con al menos otros cuatro defensores de derechos humanos y el medio ambiente, igualmente asesinados en Coloradas de la Virgen.

Amnistía Internacional y las organizaciones civiles exigieron de justicia y la reparación del daño, no sólo para la familia de Julián sino para la comunidad que ha tenido muchas pérdidas materiales y culturales. “Sobre todo lo que perseguimos es la garantía de no petición del daño”, destacó González.