La sensación dominante hoy en México es de que algo se atascó en nuestro proceso de inclusión en la esfera del desarrollo. Desde los tiempos de la consolidación del régimen del PRI, la idea compartida fue la de un país que gradualmente iba alcanzando estadios superiores de organización social, con mejor acceso al bienestar gracias al crecimiento económico y a la estabilidad política —lo que no quiere decir otra cosa que la contención de la violencia endémica y la creación de certidumbres para el desempeño económico. La sociedad mexicana compartía, mal que bien, un horizonte de progreso continuo que la llevaría eventualmente a mayores grados de prosperidad y equidad. Si bien desde la década de 1960 se manifestaron múltiples descontentos con las formas concretas de ese progreso, a partir de la reforma política de 1977 la esperanza de construir un orden social cada vez más abierto y participativo brindó a los diversos grupos disidentes una perspectiva que permitió mantener el espejismo del futuro promisorio a pesar de los reveses económicos que marcaron el final del llamado milagro mexicano: la democracia estaba a la vuelta de la esquina y una vez que los votos contaran y se contaran, la competencia entre diversas fuerzas políticas obraría el efecto mágico de desatar los nudos del atraso nacional.

            También desde la perspectiva económica se apostó, sobre todo a partir de la gran crisis de la década de 1980, a que la magia del libre mercado nos abriría las puertas de la Arcadia. Bastaba con eliminar las protecciones y barreras al intercambio de mercancías para que la mano invisible nos transportara al reino de la felicidad idílica. De acuerdo a esa eutopía, comúnmente llamada neoliberal, el problema era un Estado que impedía el libre desarrollo de la iniciativa empresarial y la apertura comercial al mundo. Se emprendió, así, un proceso de reformas económicas que se suponía permitirían que México aprovechara plenamente sus ventajas competitivas en el mundo. Cuando las cosa seguía sin funcionar, ya fuera por un crecimiento mediocre o por evidentes retrocesos, se argüía que faltaban “reformas estructurales”; es decir, faltaba que el Estado le siguiera cediendo espacio a la libre empresa.

            El hecho es que finalmente se alcanzó un nuevo arreglo en la política que permitió la competencia entre diversos partidos y gradualmente se fueron eliminando los espacios de control estatal de la economía y, sin embargo,  las cosas parecen estar peor que antes de que se emprendieran los cambios políticos y económicos que nos conducirían irremediablemente al campo de los países capaces de alcanzar una prosperidad sostenida. La violencia se ha descentralizado de una manera desconocida desde los tiempos de la revolución, el crecimiento económico ha sido cuando mucho mediocre y México no se acerca a los países con mayor producto interno per cápita ni, mucho menos, ha logrado atemperar su ancestral desigualdad económica. ¿Por qué ni la democracia ni el libre mercado lograron cumplir sus pretendidas promesas?

            La respuesta requiere perspectiva histórica. Desde una visión de más largo plazo, el problema es que México no ha completado su transformación de un Estado natural a un orden social de acceso abierto, para usar la terminología desarrollada por Douglass C. North, John Joseph Walls y Barry R. Weingast en un libro, Violence and Social Orders, publicado en 2009. El equipo encabezado por el premio Nobel de economía de 1993 plantea que la diferencia entre los países que han logrado crecimientos relativamente estables en el largo plazo y han aprovechado con ventaja el cambio tecnológico desatado por la segunda revolución económica de la historia humana —en curso desde hace unos dos siglos— y aquellos que siguen atrapados por ciclos de arranque y frenazo radica en el tipo de orden social existente en ellas. Mientras que en las primeras se han desarrollado órdenes sociales abiertos, en las segundas —la inmensa mayoría de los países del mundo— el orden social sigue correspondiendo a la manera tradicional de organizar el poder, la que ha predominado desde la primera revolución económica de la historia de la humanidad —asociada al desarrollo de la producción  de alimentos que comenzó más o menos hace ocho milenios— y que se caracteriza por la existencia de coaliciones de poder estrechas que distribuyen beneficios sólo entres sus integrantes.

            De acuerdo con este marco analítico, el régimen del PRI sería la forma más acabada que alcanzó en México el Estado natural, cuyo rasgo distintivo es que soluciona el problema de la violencia endémica a través de la formación de una coalición dominante cuyos miembros poseen privilegios especiales. En esa forma de Estado, las elites –los integrantes de la coalición dominante— aceptan respetar los privilegios de cada uno, incluidos los derechos de propiedad y el acceso a los recursos y actividades. Al limitar el acceso a esos privilegios sólo a los miembros de la coalición dominante, las elites crean incentivos creíbles para la cooperación, en lugar de luchar entre ellos. El sistema político de un Estado natural manipula el sistema económico para producir rentas que aseguren el orden político.

            Se trata de un arreglo estrecho y excluyente en el que quedan incluidas únicamente las organizaciones económicas, políticas y sociales apoyadas por el Estado, por lo que no existen incentivos para que buena parte de la sociedad despliegue sus posibilidades. Se trata de sociedades de acceso restringido a la distribución tanto de bienes políticos como económicos. Son sociedades de amigos y de cómplices en las que los incluidos pueden sacar enormes ventajas a cambio de la inestabilidad económica y la marginación de buena parte de la sociedad. El rentismo y las protecciones encuentran en ellas el mejor ambiente para su reproducción, mientras la pobreza y la exclusión se mantienen endémicas.

            La ilusión de cambio que se mantuvo en México a lo largo de los últimos 20 años suponía que México transitaría en el corto plazo a un orden social abierto, sin barreras para la entrada a la competencia tanto política como económica. El orden tradicional, sin embargo, ha mostrado ser más resistente de lo esperado. En lo político, se apostó a que la mera existencia de elecciones competitivas produjera la democracia. Empero, el establecimiento de elecciones no produce de manera inherente la democracia. Además de comicios se requiere de instituciones y organizaciones juntos con creencias y normas antes de que se produzca un acceso abierto a la competencia por el poder político, indispensable para modificar las consecuencias distributivas del orden político estrecho. En cuanto a la economía, sin reglas claras y equitativas para el ingreso a la competencia, sólo pueden sacar ventaja aquellos con las protecciones políticas adecuadas —desde luego bien pagadas—, a costa del crecimiento de largo plazo.

            México se encuentra atorado en medio del cambio de un tipo de orden al otro. La ampliación de la coalición política, propiciada por el pacto de 1996 no dio el paso completo hacia un sistema político abierto, pues sólo se pasó del monopolio del PRI al oligopolio de tres partidos y fracción, sin que se modificaran los mecanismos de acceso al empleo burocrático y con un acceso muy restringido a la competencia electoral. Así, las prácticas de reparto de rentas características del Estado natural no se modificaron, sólo se ampliaron los incluidos en el sistema distributivo. En cuanto a la economía, tampoco se ha reducido su alto grado de politización, pues para hacer negocios siguen siendo necesarias las protecciones políticas sólo accesibles para unos cuantos.

            Mientras tanto, para empeorar las cosas, la ruptura del equilibrio de la coalición de poder de la época clásica del PRI ha provocado la descentralización de la violencia y su resurgimiento endémico. Es el momento de impulsar un nuevo proceso de apertura, con restricciones claras a la utilización particularista de la política, si se quiere detener la mortandad y reencauzar el desarrollo.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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