Este es un país que antes de la epidemia viral vivía ya sumido en la epidemia social de la violencia desmedida, sobre la que también se han propagado prejuicios y desprecio por la evidencia a la hora de enfrentarla. El llamado populismo penal ha dominado el enfoque con el que los políticos de todas las filiaciones han tratado de responder a la alarma social por la ola homicida y la inseguridad. Frente a la ola de protestas de las mujeres contra el feminicidio y la violencia de género, por ejemplo, enseguida han proliferado los llamados a aumentar las penas. Al principio de la actual Legislatura se amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, sin comprensión del valor de la presunción de inocencia, para volver de lleno a un arreglo en el que el Ministerio Público determina la culpabilidad de los indiciados con su encarcelamiento automático. De ahí que la población carcelaria de México sea desproporcionadamente alta respecto a la capacidad instalada para atenderla.

Las cárceles mexicanas, como las de todos los países de América Latina, son lugares donde no solo se materializa la exclusión social, sino también la deshumanización de presuntos delincuentes y sentenciados por igual. Lugares hacinados al extremo de que, para poder dormir en una celda atiborrada, los presos se tienen que amarrar a los barrotes, y yacer guindados. De las más de 200 mil personas privadas de la libertad en las cárceles federales y locales, el 46 por ciento comparte celda con más de cinco personas, aunque esta cifra llega a ser mucho mayor en algunos casos, como el del Estado de México, donde el 37 por ciento de los reclusos comparte celda con más de 15. El 30 por ciento de los reclusos no tienen agua corriente en su celda y en las cárceles estatales y municipales sólo algo más del 7 por ciento de los internos recibe productos y artículos de aseo personal por parte de las autoridades, con lo que dependen de sus familiares para acceder al jabón, a la pasta y a los cepillos de dientes o al papel sanitario.

Pero, además, resulta que casi el 40 por ciento de quienes viven en esas condiciones no son reos sentenciados, sino presuntos culpables, a los que no se les reconoce el derecho a defender su inocencia en libertad debido a un sistema de procuración e impartición de justicia ineficiente, discriminatorio con los más pobres y corrupto. Los centros penitenciarios, lo mismo que los reclusorios preventivos en México, son espacios de violación sistemática de los derechos humanos, mientras la mayoría de la sociedad no se da por enterada o considera que quienes viven en esas circunstancias de abuso e insalubridad se lo merecen porque seguro la deben.

Como en otros lugares del mundo, donde las condiciones de encarcelamiento son iguales o peores, las personas en reclusión comienzan a protestar por la amenaza que representa la epidemia actual para su supervivencia. Hace unos días, las mujeres en reclusión del Centro Femenil de Santa Marta Acatitla denunciaban que no tenían agua. En todas las prisiones, el clima de angustia es creciente por lo que puede venir. ¿Qué “sana distancia” puede existir donde se apretujan veinte personas en 25 m²? ¿Cómo se podrán lavar frecuentemente las manos quienes tienen que acarrear agua a su celda y no tendrán jabón porque los familiares que lo preveían ya no podrán visitarlos por la cuarentena?

Frente a la emergencia, la respuesta de las autoridades ha sido que emprenderán tareas de limpieza y desinfección en los centros. Sin embargo, esto es insuficiente. El riesgo de propagación de la epidemia es muy grande entre una población que, además, tendrá mucho menos posibilidades de acceder a una atención médica que salve vidas. El riesgo es que la plaga se cebe con los olvidados, aquellos a los que hemos expulsado de la comunidad, muchas veces con poca razón, como es el caso de las personas encarceladas por pequeños delitos de drogas no violentos, muchas de ellas mujeres.

Le epidemia obliga a tomar medidas humanitarias que, además, pueden servir como punto de partida para que la sociedad mexicana comience a considerar la prisión de una manera distinta, no como un instrumento de venganza, sino como una herramienta para la protección de la sociedad y, de acuerdo con lo mandado por la Constitución, como una vía de readaptación y reinserción social. Las personas sometidas a proceso solo deberían estar en prisión en casos excepcionales, de especial riesgo.

Los gobiernos, tanto el federal como los estatales, deberían aprovechar la circunstancia de urgencia para comenzar a cambiar su enfoque sobre el uso de la prisión. Por ejemplo, echar a andar una política de no detención de personas por delitos no violentos, como son el transporte y posesión de sustancias ilícitas o los arrestos por faltas administrativas y usar medidas cautelares distintas al encarcelamiento, como establece la Constitución. También deberían liberar a las mujeres presas por delitos no graves o sin violencia, con lo que únicamente se adelantarían a la Ley de Amnistía que se está en proceso legislativo. También debería excarcelar a los adultos mayores y a aquellas que están en alto riesgo de contraer el virus de la epidemia, como las embarazadas, quienes padecen diabetes, hipertensión o VIH. Además, deberían usar el momento para impulsar medidas de saneamiento de los penales y para garantizar el derecho a la salud de quienes están encarcelados.

No hago aquí otra cosa que reproducir las medidas solicitadas por un conjunto de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos. Se trata de reconocer como personas a quienes han delinquido, pero que no por ello han dejado de ser humanas. Medidas del mismo tipo deberían adoptarse en los centros de detención de migrantes y en los centros de refugiados, donde las condiciones sanitarias también son precarias y el riesgo de expansión de la epidemia por hacinamiento es alto. En estas circunstancias, los más vulnerables deben ser protegidos con mayor esfuerzo, aunque haya gobernantes estultos, como el de Puebla, que crean que esta es una epidemia de privilegiados.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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