Los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa aprovecharon que este martes se cumplen 19 meses del crimen para convocar una manifestación con el fin de mostrar su indignación por la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y exigir al Gobierno federal que siga buscando a sus hijos y que investigue las obstrucciones denunciadas y la posible fabricación de pruebas que sugiere un video divulgado por el grupo.
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Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo/El Sur/EFE/AP).- Unos mil 500 normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas Unificados de México (FECSUM) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que dirige Ramos Reyes, encabezados por padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos marchan por la Autopista del Sol, en Guerrero, para exigir justicia por los ataques ocurridos el 26 y 27 de septiembres del 2014 en Iguala.
A 19 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, los manifestantes se concentraron en el monumento Nicolás Bravo al norte de Chilpancingo para dirigirse al Parador del Marqués. Los familiares portan retratos de los normalistas, algunos llevan banderas rojas, y gritan consignas “Vivos se los llevaron vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue”.
En la marcha los manifestantes exigen la permanencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que la Procuraduría General de la República (PGR) siga la líneas de investigación que marcó el grupo.
A esta protesta se unió un grupo de 20 personas concentradas en Montevideo, frente a la Embajada de México en Uruguay, para pedir justicia al Gobierno mexicano que, en su opinión, está “entorpeciendo” la investigación del caso Iguala.
El pasado domingo, el Grupo de Expertos Independientes de la CIDH presentó su segundo y último informe sobre el caso Ayotzinapa.
En el documento se sugirieron nuevas líneas de investigación, denunciaron serias inconsistencias en las pesquisas y documentaron torturas a inculpados que parecerían encaminadas a crear una nueva versión oficial del caso.
“La teoría de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero en Cocula es imposible […] y además [el GIEI] plantea nueva líneas de investigación que involucran al Ejército y a otros funcionarios policiales que no estaban en las primeras pesquisas”, opinó en declaraciones a la agencia Efe Ana de León, portavoz de la concentración de hoy en Montevideo.
La versión del GIEI difiere de la llamada “verdad histórica” defendida por la PGR, pues en lugar de 43 estudiantes quemados en el vertedero de Cocula sería un número menor el que habría sido asesinado e incinerado en este lugar por miembros del cártel Guerreros Unidos en la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014.
“El Gobierno […] ha obstruido las investigaciones, ha amenazado al grupo de expertos independientes […], que es de la confianza de los padres y […] ha demostrado que la versión oficial […] es falsa”, dijo De León.
En ese sentido, explicó que el acto de hoy frente a la Embajada de México responde a una petición de “apoyo internacional” de los padres de los 43 desaparecidos ante la actitud del Gobierno del país norteamericano.
“La única forma de saber la verdad es que el grupo pueda seguir con sus investigaciones”, apuntó.
“Estamos intentando hacer presión, ayudando a los padres para que el Gobierno de Enrique Peña Nieto rectifique en su actitud, porque podemos decir, con todas las letras, que es una actitud criminal y cómplice”, añadió la portavoz.
Durante la concentración se desplegaron frente a la Embajada de México en Uruguay fotografías de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se recordaron todos sus nombres y se leyó una proclama.
Tras ello, se entregó en el edificio oficial mexicano una carta en la que se recogen todas las peticiones al Gobierno de ese país y firmada por, según De León, “cientos de personas” y apoyada por varias organizaciones sociales uruguayas.
El gobierno mexicano ha insistido desde el domingo que este caso es el más “abierto”, “transparente” y “auditado”, según el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien subrayó que “corresponde por ley a las autoridades mexicanas conducir esta investigación”.
La PGR informó el lunes por la noche de la detención de Nicolás Nájera Salgado, presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, el grupo involucrado en la desaparición de los 43 junto a autoridades locales y diversos cuerpos de policía.
Nájera Salgado fue ubicado en las inmediaciones de la localidad de Coajomulco, estado de Morelos, vecino de Guerrero, y fue detenido por miembros del ejército y de la policía federal.
Según indicó la Procuraduría en un comunicado,” se encuentra presuntamente relacionado con la producción y tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado” y se le presume “vinculado a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”.
