Ayer, el Gobierno de México dijo que ha emprendido medidas para reducir los casos de maltrato a detenidos, aunque “queda mucho por hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean erradicados”, admitió en Ginebra la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.

Por su parte, la CNDH alertó que las instituciones con más señalamientos ante el organismo por este delito son: la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), la Comisión Nacional de Seguridad, y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó, ante el Comité contra Tortura de la ONU, que en Méxicoes persistente y extendida” la práctica y que ésta se da en un contexto de impunidad. La Fiscalía General de la República, la Marina y el Ejército, los que más son señalados ante el organismo, dijo.

En un comunicado, el organismo autónomo explicó que participó en el 66 Período de Sesiones del Comité contra la Tortura de la ONU que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza. Ahí, la CNDH detalló que la tortura ocurre mayormente entre la detención de personas y su puesta a disposición ante las autoridades.

Y alertó que las instituciones con más señalamientos ante el organismo por este delito son: la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General), la Comisión Nacional de Seguridad, y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

De la CNDH participaron la Tercera
Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja; la Secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera Treviño, y la
Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Ninfa Delia Domínguez. Foto: CNDH

“La CNDH manifestó ante el Comité contra la Tortura de la ONU la persistente y extendida práctica de la tortura en todo el país en un contexto de preocupante impunidad, lo que, de acuerdo con las quejas recibidas y las recomendaciones emitidas, ocurre mayormente entre la detención y puesta a disposición ante la autoridad ministerial, siendo las instancias más señaladas de cometer esa práctica las entonces Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Seguridad, así como las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional”, informó la CNDH.

En este panorama, el organismo también informó que observará y analizará la normativa secundaria de la Guardia Nacional, y anunció que al Estado Mexicano lo ha urgido a contar a la brevedad con un Programa Nacional contra la Tortura y con un Registro Nación de Detención de Personas, que tenga metodología homologada para lograr datos estadísticos confiables, así como la adecuada implementación de la Ley General contra la Tortura.

Detalló que durante la sesión entregó a los integrantes de ese cuerpo colegiado información relacionada con las Recomendaciones por Violaciones Graves a Derechos Humanos que ha emitido y en las cuales la tortura es una constante, como son, entre otros, los casos de Nochixtlán y la Recomendación del Caso Iguala sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”.

Ayotzinapa, indicó CNDH, “representa uno de los asuntos más ominosos de violación a los derechos fundamentales en nuestro país”.

“Este Organismo Autónomo también compartió con el Comité contra la Tortura de la ONU que las personas internas en instituciones de salud mental y psiquiátricos sufren malos tratos, lo que también ocurre a las personas con discapacidad o retenidas en estaciones migratorias”, anunció el organismo.

La CNDH también informó de la violencia obstétrica en México y señaló solo 15 entidades federativas cuentan con centro penitenciario para mujeres y destacó la necesidad de que cada estado cuente con uno.

Indicó que durante su participación abordó la urgencia de que el Gobierno de México atienda temas de reparación del daño a las víctimas y garantías de no repetición en casos de tortura.

“La insistencia al Estado mexicano del respeto a las cuatro garantías al momento de la detención: los derechos a ser asistido por un abogado, a tener un examen médico, darle a conocer sus derechos y acceso a ellos, y a comunicarse con una persona de su confianza para darle a conocer dónde se encuentra, el motivo de su detención”, explicó la CNDH.

También reiteró que es de suma importancia que los servicios periciales en el país sean independientes y autónomos.

“La CNDH coincidió con los miembros del Comité de que la capacitación a los servidores públicos, sea evaluada y se mida el impacto de la eficacia de los mismos. Toda vez que, la adecuada capacitación debe llevar a la modificación de conductas violatorias de los derechos humanos”, finalizó el organismo.

En la reunión con la ONU participaron la Tercera Visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja; la Secretaria Ejecutiva, Consuelo Olvera Treviño, y la Directora Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Ninfa Delia Domínguez.

Ayer, el Gobierno de México dijo que ha emprendido medidas para reducir los casos de maltrato a detenidos, aunque “queda mucho por hacer para que la tortura y otros tratos crueles sean erradicados”, admitió en Ginebra la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Martha Delgado.

En el primer día del examen periódico de México ante el Comité contra la Tortura de la ONU, Delgado aseguró que el nuevo Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador no es ajeno a “las condiciones que enfrentan las personas privadas de su libertad en México y la falta de sanciones efectivas para quienes cometen tortura”.

Además, “escuchamos inquietudes manifestadas por la conformación de la Guardia Nacional”, nuevo cuerpo de elite propuesto por López Obrador que algunos grupos de derechos humanos ven con temor, ya que consideran que puede militarizar aún más las fuerzas de seguridad y con ello aumentar los abusos a los detenidos.

En la jornada de ayer, el presidente del Comité contra la Tortura, Jens Modvig, recordó que estudios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informaron de 7 mil 869 denuncias por tortura y que en ellas el perpetrador más frecuente era la misma Procuraduría General.

También aludió a los casos de desapariciones forzadas -un drama que con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 generó una amplia condena internacional- y señaló que según el Ministerio del Interior de México todavía se desconoce el paradero de 37 mil 400 personas desaparecidas desde 2006.

Destacó que incidentes similares continúan produciéndose, como la desaparición el pasado año de una treintena de personas en Nuevo Laredo (noreste), por lo que “preocupa que el Estado (mexicano) no haya logrado investigarlo, y sobre todo los limitados esfuerzos de búsqueda”.