Informes coinciden, desde hace tiempo, en que la percepción de que los actos corruptos va a la alza en México. Uno de los últimos es del Centro de Estudios Ernst & Young que reveló que el 82 por ciento de los empresarios consideraron los pagos ilegales como una práctica necesaria para hacer negocios aquí.
Pero esa práctica no sólo los afecta a ellos, también al ciudadano de a pie: las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus recursos para actos de corrupción, porcentaje que se eleva en las que perciben un sólo salario mínimo al 33 por ciento, de acuerdo con el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- “Con dinero baila el perro”, dice el refrán usado, entre otros, para ilustrar la cultura de corrupción y soborno, prácticas que se han vuelto normales y “habituales” en México, según refleja la encuesta del Centro de Estudios Ernst & Young, que en su ranking global “Sobornos para hacer negocios” ubica a México en el sexto lugar, pues el 82 por ciento de los empresarios entrevistados considera que el soborno es parte de las negociaciones mexicanas.
E&Y no es el único indicador que muestra el arraigo y gravedad de la corrupción en el país, de acuerdo al último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus recursos para actos de corrupción, porcentaje que se eleva en las que perciben un sólo salario mínimo: 33 por ciento.
Ayer, la organización Ethos, laboratorio de Políticas Públicas, presentó el informe “Descifrando la Corrupción” en donde retomó la encuesta Global Fraud Survey de EY, el INCBG, así como otros indicadores y realiza un análisis a partir de ellos.
El sondeo que recoge la percepción de directivos y ejecutivos sobre conductas fraudulentas se realizó a más de 2 mil 800 empresarios en 62 países. México se posicionó en el número seis del ranking, sólo por debajo de Brasil, Ucrania, Nigeria, Tailandia,y Kenia, y por encima de naciones como Colombia, Indonesia, y otras 50 naciones.
“El estudio identifica que en los mercados emergentes se ha extendido la percepción de que los responsables de la corrupción no rinden cuentas ante las autoridades, y el 51 por ciento de los encuestados de estos países cree que los gobiernos están dispuestos a perseguir y sancionar las malas conductas, pero no son eficaces en la obtención de condenas firmes y procesos penales”, destacó el resumen de la encuesta Ernst & Young (EY) del Banco Mundial.
En este mismo estudio señaló que el 46 por ciento de los empresarios informó que ha sido testigo o ha incurrido en algún acto de corrupción. “Estas prácticas toman distintas formas: transferencias monetarias, favorecimiento de algún proveedor, contratación de algún empleado poco calificado, entre otros”, destacó Ethos en su informe.
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“Transamos y no avanzamos, 2015”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) documentó que las empresas mexicanas que reportaron haber incurrido en pagos de sobornos como práctica común, ocultaron el 7.2 por ciento de sus ingresos extras ante las autoridades fiscales, respecto a las empresas que no reportaron pago de sobornos.
“La situación presentada anteriormente es grave, ya que México hoy depende, en gran medida, de las Pymes pues generan el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72 por ciento del empleo en el país. Sin embargo, la corrupción ha provocado un estancamiento en el nivel de emprendimiento de nuevos negocios en México”, evidenció IMCO.
La percepción de la corrupción entre los empresarios va en aumento: de acuerdo a la encuesta Enterprise Surveys, 2010 del Banco Mundial, en ese año el 63 por ciento de mil 480 empresarios entrevistados consideraba que la corrupción era parte de la cultura de negocios; en comparación con Global Fraud Survey 2016, donde el 82 por ciento afirmó que los sobornos son parte de las negociaciones, la percepción creció 19 puntos porcentuales de 2010 a 2016.
En México los actos de corrupción se han perpetuado a lo largo del tiempo en todos los niveles de gobierno, y uno de los principales motivos es la impunidad. Los esfuerzos por combatir la corrupción se frustran ante la falta de imparcialidad de las instituciones, de castigo, es decir, la escasez de sanciones, recalcó Ethos en su reporte.
“La baja probabilidad de detención y penalización para quienes comenten los actos corrupción, es decir, la impunidad, la mermado los esfuerzo para combatir la corrupción. […] La falta de transparencia es otro de los aspectos que genera la corrupción”, explicó el texto.
LA CORRUPCIÓN EN CIFRAS
El 12.6 por ciento de los trámites realizados en México hubo un acto de corrupción, según dio a conocer la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG) exhibe la percepción de corrupción entre la población en la realización de trámites y en la provisión de servicios gubernamentales.
“A nivel nacional, de cada 100 mil contactos con servidores públicos se producen 12 mil 590 actos de corrupción”, señaló el sondeo realizado en 2015.
Además, el 50.9 por ciento de los encuestados afirmó que la corrupción en este ámbito es uno de los problemas más acuciantes del país.
Las instituciones donde se cometen el mayor número de actos de corrupción son: la policía, 89.8 por ciento; los partidos políticos 88.6 por ciento; el gobierno federal con 81.8 por ciento; gobiernos estatales con 81.6 por ciento; diputados y senadores con 80.8 por ciento; ministerio público con 79 por ciento; institutos electorales, 69.6 por ciento.
Más abajo, según la percepción ciudadana, están los jueces y magistrados con 68.7 por ciento, seguidos de los medios de comunicación con 68.3 por ciento.
El Ejército y Marina, de acuerdo a el ENCIG tienen mejor percepción, pues con un 40.3 por ciento están por de bajo de empresarios, sindicatos, hospitales públicos, universidades e incluso escuelas.
La familia, la comunidad vecinal y los lugares de trabajo se perciben como espacios con poca frecuencia de actos de corrupción.
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Los datos de la ENCIG 2015 mostraron que Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán y la Ciudad de México son las cinco entidades que tienen un mayor número de usuarios de servicios públicos que experimentaron algún acto corrupto. En contraparte, Zacatecas, Veracruz y Nayarit son las entidades con una menor tasa de prevalencia de la corrupción en la realización de trámites o provisión de servicios públicos, aunque la tasa sigue siendo comparativamente elevada.
Ethos resumió que un Estado débil, corrupto, en el que sus funcionarios no son capaces de hacer valer las disposiciones conforme a derecho, es un incentivo negativo para que las empresas cumplan voluntariamente la ley.
“En cuanto a la percepción de los mexicanos sobre el uso de los recursos públicos es desalentadora: tan solo 24 por ciento de la población piensa que el gobierno administra bien el dinero que recauda; “67 por ciento está algo o totalmente de acuerdo con la afirmación de que los políticos utilizan el dinero de los contribuyentes para beneficio propio y 55 por ciento considera que pagar más impuestos no sirve porque el gobierno no daría mejores servicios””, destacó el informe los datos del IMCO de 2015.
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
La corrupción merma la inversión, y el crecimiento económico, no sólo desde el punto de vista empresarial sino que, además, “empobrece más a la población más necesitada”, agregó “Descifrando la Corrupción”.
De acuerdo al último Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) publicado por Transparencia Mexicana, en general los hogares pagan 14 por ciento de su ingreso en corrupción en trámites y servicios; sin embargo, “aquellos hogares que reciben hasta un salario mínimo pagan el 33 por ciento, lo que deteriora su capacidad de consumo”, destacó.
La vulnerabilidad y grado de marginación, los pone en desventaja para pagar sobornos y por ello, “la corrupción limita sus oportunidades, haciendo que la desigualdad se incremente”, añadió el reporte.
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Aunado a ello, está el uso de programadas sociales para coaccionar o manipular a la población vulnerable. “En México, las prácticas clientelares que extienden los programas sociales a grupos no prioritarios son recurrentes. Ello hace que el impacto de los programas sociales contra la pobreza se vea reducido”, sostuvo el informe.
De acuerdo con la organización Gestión Social, 8 de cada 10 programas sociales impulsados en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no cumplen con su propósito, o los recursos asignados son poco transparentes.
La opacidad en los programas sociales permite que se utilicen para un manejo político y clientelar.
“A pesar de que se ha hecho evidente la corrupción que existe en diversos programas sociales, en la mayoría de los casos, no ha habido consecuencias, no hay responsables y, en general, estas prácticas quedan en el olvido”, advirtió el organismo.
Aunque para éste año se aprobaron 7 mil 382 millones de pesos para el combate a la corrupción, la organización Ethos, también advirtió que los esfuerzo para combatirla son insuficientes y exhortó a generar reformas, así como cambios verdaderos de fondo, además recalca la necesidad de monitorear la implementación de los sistemas locales anticorrupción y de vigilar la correcta asignación y ejecución de los recursos destinados a esta causa, así como también expone la necesidad que la ciudadanía se involucre en el combate a la corrupción a través de las denuncias y más apego a la cultura de la legalidad.
“El diagnóstico sobre el estado de la corrupción en México muestra que, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, todavía hay muchas tareas pendientes para lograr disminuir este problema. Los actos corruptos han perjudicado significativamente al país, ocasionando estragos en su desarrollo económico y social. Ante esta situación, es indispensable generar reformas y cambios estructurales de fondo que incluyan todas las actividades necesarias para combatir la corrupción”, recomendó.
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