“Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección, y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”, dice el documento.

México, 26 ago (EFE).- Los recursos humanos, económicos y materiales del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son insuficientes, y la mayoría de los ataques a estos colectivos en México son perpetrados por servidores públicos, reveló este lunes un informe de la ONU.

Al presentar el diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre el Mecanismo, el representante del organismo en México, Jan Jarab, indicó que varios de los 62 beneficiarios entrevistados para la elaboración del documento destacaron que la protección brindada es el motivo por el cual siguen vivos.

No obstante, advirtió que “los avances no deben impedir ver que el Mecanismo continúa siendo una respuesta insuficiente por distintas razones, algunas de las cuales persisten desde su creación” a raíz de una ley que entró en vigor en 2012.

“Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos, son insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección, y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”, dice el documento.

Al respecto, Jarab destacó que el total de 36 funcionarios que operan el Mecanismo se ha mantenido estable desde 2014, lo que ha llevado a que la proporción de beneficiarios que correspondería a cada funcionario haya aumentado 235 por ciento en ese periodo, lo que impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.

Precisó que al inicio de su operación en 2012 había 48 beneficiarios y que actualmente la cifra es de 903.

Otra deficiencia que señala el diagnóstico, elaborado por la ONU-DH por solicitud de la Secretaría de Gobernación, es la insuficiencia de recursos económicos y materiales.

Para los 1.131 beneficiarios que esa Secretaria prevé atender para fin de este año se calcula un gasto de 325 millones de pesos (16.3 millones de dólares).

Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos (10.4 millones de dólares), correspondiente a 64 por ciento del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2017 y 2018.

El documento, refiere que ante la evidente insuficiencia, la Secretaría de Gobernación presentó en abril pasado una solicitud adicional de 150 millones de pesos (7.5 millones de dólares) que aún no ha sido respondida.

Además, los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.

Por ejemplo, la información sobre una agresión sufrida por una persona puede demorar varios días en ser procesada porque el personal del Mecanismo no puede acceder desde las computadoras de esa cartera a varias páginas de internet.

Adicionalmente, el enfoque principal del Mecanismo es evitar la consumación del daño, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo, destaca.

Otra de las principales carencias tiene que ver con el seguimiento a los cambios en la situación de riesgo de los beneficiarios, incluidas las emergencias.

La central de monitoreo es operada por una empresa contratada para ese fin. Sin embargo, el personal de la empresa no tiene el mismo grado de preparación para reaccionar a emergencias, ni el mismo conocimiento de los casos, que los funcionarios del Mecanismo.

De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo, en 55 por ciento de los casos en que se identificaron presuntos perpetradores de agresiones, estos eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de derechos humanos.

Durante la presentación del diagnóstico, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Aarón Mastache, dijo que desde el inicio de la actual administración federal, iniciada en diciembre de 2018, hasta la fecha han sido asesinados 15 periodistas y 24 defensores de los derechos humanos.

El último asesinato tuvo lugar este sábado en el céntrico Estado de México. Se trató de Nevith Condes Jaramillo, director del portal informativo El Observatorio del Sur, muerto a puñaladas.

“México carece de reconocimiento suficiente de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, aseveró Jarab.

Por ello, la ONU-DH recomendó al Gobierno mexicano “reforzar de manera decidida” los recursos humanos del Mecanismo, y garantizar los recursos económicos y materiales necesarios para que los funcionarios puedan cumplir con su mandato de protección.

La ONU-DH alienta al Mecanismo a disponer de un monitoreo efectivo de la correcta aplicación de los planes de protección e impulsar las sanciones pertinentes cuando detecte incumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Asimismo, habría que garantizar que todas las personas beneficiarias tengan acceso a una reacción oportuna en caso de emergencia.

Finalmente, la ONU-DH exhorta a promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención combinado con la actuación dirigida a anular las causas del riesgo.