Al menos seis organizaciones civiles denunciaron que los Senadores del PRI y del PVEM sacaron partido de la tragedia del sismo, pues aprovecharon que la atención está volcada en las víctimas, “para aprobar leyes en contra de pueblos indígenas y medio ambiente”.

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo). Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista (PVEM) aprobaron dos Leyes que, de acuerdo con activistas, permitirán el saqueo y la privatización de recursos naturales.

Seis organizaciones civiles denunciaron que las iniciativas de la Ley General de Biodiversidad y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable son “legislaciones entreguistas, violatorias de derechos de las comunidades indígenas y atentan contra el medio ambiente”, afirmaron las organizaciones Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO), Conservación de Mamíferos Marinos de México – COMARINNO, Greenpeace, Grupo GEMA, Producciones Serengueti – Marianela Hoyo y Vía orgánica.

De acuerdo con la información proporcionada de las ONG, hoy la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado, encabezada por Ninfa Salinas (PVEM), avaló ambas iniciativas ante la ausencia de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Cuando la población mexicana está demostrando la unión para ayudar, con solidaridad y generosidad, trabajando en la atención y reconstrucción de los sitios afectados, los legisladores se alían para dar un golpe bajo a la ciudadanía y el medio ambiente, haciendo evidente una vez más su insensibilidad hacia el pueblo mexicano”, señalaron las organizaciones en un comunicado de prensa.

Explicaron que con la iniciativa de Ley General de Biodiversidad se abroga la Ley General de Vida Silvestre, incluyendo la asimilación del Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana sin ningún tipo de candados que puedan evitar la erosión genética de los recursos naturales mexicanos ni la protección para el conocimiento tradicional para la conservación y uso de la biodiversidad.

“Otras organizaciones y grupos académicos han señalado que este proyecto de ley permite la realización de actividades mineras en las Áreas Naturales Protegidas, incluso en las zonas núcleo. Este proyecto pone en bandeja de plata la privatización de los recursos genéticos del país”, expusieron.

La misma Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa) se ha manifestado en contra de este proyecto al señalar que la iniciativa está encaminada a flexibilizar los marcos regulatorios en materia ambiental, como la inexistencia de un Sistema Nacional de Recursos Genéticos, entre otros señalamientos.

Además explicaron que avalar ambas legislaciones viola el artículo segundo de la Constitución mexicana, puesto que, -afirmaron- no hubo una consulta con los pueblos indígenas, ni el más mínimo esfuerzo por tratar de incluirlos en el proceso de la elaboración de ambas leyes.

“Es indignante que los ciudadanos tengan que enterarse de las aprobaciones de estas leyes tan importantes para la sociedad mexicana, en medio de una tragedia que enluta al país y que muestra lo bajo del actuar del poder legislativo cuando las prioridades deberían ser otras y no la privatización de sus recursos naturales”, recriminaron.

Previamente, en entrevista para SinEmbargo, Miguel Rivas, campañista de Océanos de Greenpeace México, ha señalado que el partido del tucán no sólo perdió la brújula con el fomento de ambas legislaciones. Las cuales, alertó, se convierten en la “peor amenaza” para la conservación de los ecosistemas del país. Pese a que México es considerado unos de los tres megadiversos a nivel mundial.

“Nosotros hemos resaltado que el Partido Verde perdió el rumbo […], que al parecer sus intereses son empresariales, que tienen que ver con el lucro sobre la biodiversidad, más que por promoverla y proteger el capital natural de la nación”, acusó.

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) la gran diversidad natural ofrece oportunidades de desarrollo para el país y a la vez atribuye una gran responsabilidad en el cuidado de la naturaleza.

Por otro lado, distintas organizaciones han acusado que la iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es un retroceso en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal comunitario. “Reduce los requisitos necesarios para la autorización de explotación” de los bosques, acusó Miguel Rivas.

En semanas pasadas, productores, organizaciones y académicos ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde acusaron que dicha Ley deja abierta la posibilidad de que los bosques sean impactados, debido a un manejo inadecuado al ser arrebatados de las comunidades indígenas.

Raúl Benet, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), aseguró, durante el mensaje a medio, que con la Ley Forestal, las autoridades exhiben una “necesidad de control con las políticas forestales. Muestra un proyecto de Gobierno autoritario que no quiere dejar ningún resquicio de participación ciudadana”.

Benet criticó que la “avaricia y codicia” representan al PVEM y no “un Verde relacionado con el medio ambiente”. Criticó que el partido no haya atendido la solicitud de más de 100 organizaciones de todo México ni del Congreso del Estado de Oaxaca, quienes demandaron la apertura de la discusión del documento de la iniciativa.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF); Silvícola Ocote Real; Silvicultores y Productores Agropecuarios Quetzalpapalot; la Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y la Unión de Ejidos Sierra Norte de Puebla, subrayaron que la Ley:

-Deja en la discrecionalidad y la incertidumbre la integración de las manifestaciones de impacto ambiental a los planes de manejo y sus correspondientes autorizaciones ni señala cuál es la autoridad que dictamina sobre este asunto, dejando la interpretación de un doble trámite ante diferentes autoridades.

-No define la disposición de integrar un padrón de dueños y técnicos con desempeño superior, que reciban incentivos de agilización de trámites y autorizaciones automáticas.

-No incorpora las propuestas para el fortalecimiento de unidades regionales con enfoque integral y concurrente con otros sectores, habilitado para recibir las funciones de dictamen y capacitado para la atención inmediata de contingencias sanitarias.

Miguel Rivas, de Greenpeace, pidió que no ocurra lo mismo con la Ley de Biodiversidad que aún está por discutirse. “La Ley Forestal pasó como tememos que pase la de Biodiversidad, en fast track, sin ninguna discusión ni mayor consulta”, dijo.

El activista alertó que la legislación “deja al 97 por ciento de la flora fuera de la Ley, se dejan fuera para darle la potestad a la Forestal. Así esta Ley es el instrumento con el cual se manejarían todas las especies, excepto las que estén en peligro, éstas le corresponderían a la de Biodiversidad”.

“Es una muy mala combinación: Ley de Biodiversidad que desprotege las plantas, más una Ley Forestal que baja los requisitos a la explotación, es la receta perfecta para perder la biodiversidad”, lamentó.
Con la falta de protección, acusó, lo que el PVEM pretende hacer es permitir la explotación de los recursos, “es el primer fin que estas dos leyes tienen”, aseguró.

“Te quedas con que es una legislación muy laxa, que no protege y que además facilita la explotación de recursos, como saqueo, es una explotación desproporcional a los recursos”, agregó.