El viernes pasado, ante la emergencia por el huracán “Patricia”, los medios de comunicación pasaron de largo un nuevo y amplio análisis de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre lo que califica como la “epidemia” de tortura en México y los “niveles catastróficos” que ésta ha alcanzados.

El país es hoy, pese a la continuas negaciones de funcionarios del Gobierno federal, considerado a nivel mundial uno de los de mayor incidencia en la práctica de la tortura, con el agravante de que son los propios encargados de la procuración de la justicia –principalmente policías federales y fuerzas armadas– quienes la practican.

La tortura en México, planteó AI en su nuevo reporte, tiene el más del doble de denuncias hoy contra las que se hicieron el año pasado, y éstas se relacionan con asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, choques eléctricos y golpizas.

“Hace un año, hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse empeorado aún más y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado mientras el gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el análisis titulado “Promesas en el papel, impunidad diaria”, Amnistía refiere que “los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos”. La organización afirma que esto socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar estas prácticas.

Además, destacó, a un año de la publicación de su informe “Tortura y otros malos tratos en México”, esa agresión persiste en el país, y el número de denuncias recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento.

El número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del doble entre 2013 y 2014, al pasar de mil 165 a 2 mil 403, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al respecto, el Presidente Enrique Peña Nieto prometió presentar al Congreso una iniciativa de Ley General Sobre la Tortura, como un primer paso para enfrentar este abuso y también contribuir a la reducción de la profunda crisis de violaciones a los derechos humanos en la que está inmerso el país.

Sin embargo, los hechos concretos no han llegado, y aquí estamos nuevamente hablando de informes desfavorables para el Gobierno federal, así no les guste, pues ellos mismos no han hecho nada y, por ejemplo, las autoridades no han hecho un seguimiento de la información sobre la incidencia de la tortura y otros malos tratos, lo cual es un serio obstáculo para su propia capacidad de responder adecuadamente.

En este sentido, AI destacó un ejemplo que pinta por completo la inacción del Gobierno, empeñado en desmentir una realidad que sobrepasa a su endeble discurso:

“Aparte de carecer de datos fiables sobre la tortura y los malos tratos, la PGR no ha podido proporcionar a Amnistía Internacional información desglosada por género, nacionalidad y edad respecto a los 2 mil 403 casos registrados, y se ha limitado a decir que simplemente no mantenía esos registros”, denunció la ONG reconocida a nivel mundial por su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

La falta de datos desglosados, expuso el análisis, socava seriamente el cumplimiento de la obligación de prevenir e investigar adecuadamente las denuncias de tortura y otros malos tratos y, en última instancia, impide a las propias autoridades elaborar políticas específicas para abordar sus causas y el impacto que la tortura y los malos tratos tienen sobre los distintos grupos afectados.

Ante estas respuestas nulas del Gobierno federal es comprensible que no sólo la “epidemia” de tortura pulule en el país. Se entiende, entonces, por qué el Gobierno de México es hoy un mal ejemplo ante el mundo del desinterés por la legalidad y el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos.