Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se ha mantenido el mismo clima de miedo, violencia, agresiones e impunidad contra periodistas que se vivió durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, aseguraron ONGs. “México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas; las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –incluso de las autoridades corruptas– son cosa de todos los días”, concluyó en su capítulo sobre nuestro país, el informe Mundial de Reporteros Sin Fronteras

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Durante el 2013 dos periodistas fueron asesinados. El 3 marzo de 2013 fue ejecutado Jaime Guadalupe González Domínguez, periodista de Ojinaga Noticias en el estado de Chihuahua. En noviembre, el periodista deportivo Alberto Angulo Gerardo fue asesinado cuando viajaba por una carretera de Sinaloa.

Sin embargo, Reporteros Sin Fronteras resaltó en su informe que se mantuvieron presentes la impunidad junto con el clima de miedo fomentado por los grupos del crimen organizado que pretenden ocultar sus actividades delictivas o promover sus ajustes de cuenta en los medios de comunicación.

“La elección de Enrique Peña Nieto a la presidencia de México en 2012 –que marcó el retorno al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y puso fin a la ofensiva federal emprendida bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)– no cambió en nada la situación de la libertad de información en el país”, afirmó Reporteros Sin Fronteras en un boletín de prensa.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional observó con preocupación que durante 2013 se mantuvieron las tendencias de agresiones y violaciones a los derechos humanos de periodistas, que se registraron con mayor intensidad durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Vemos con mucha preocupación que la impunidad continúa estando presente, no hay avances significativos en las investigaciones, ni de los casos nuevos de agresiones, ni de los que se habían producido en años anteriores”, detalló Daniel Zapico, de Amnistía Internacional México, en entrevista para SinEmbargo.

Prácticamente, desde el principio de este año, la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) urgió al Estado mexicano que elaborara un plan de acción básico, con respuestas mínimas pero eficaces, para evitar que la continuara la violencia contra comunicadores.

Consideró que la vida de los periodistas continuaría en riesgo mientras la impunidad siga siendo el principal instrumento para quienes ven amenazados sus intereses particulares o buscan ocultar información.

Su demanda no fue escuchada, a juzgar por los resultados recabados por Reporteros Sin Fronteras al final del año.

CONTINUAN AGRESIONES

Según datos de la Comisión Especial, desde el 2005 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 82 homicidios y 18 desapariciones de periodistas, contabiliza 28 agresiones a edificios sede de estaciones de radio, periódicos o difusoras de televisión y atendió –hasta el 30 de noviembre de 2012– 658 quejas de comunicadores por presuntas violaciones a sus derechos, seguridad jurídica, libertad, integridad y seguridad personal.

Como muestra del complicado escenario para el periodismo en México, tan sólo en este 2013, en Coahuila, los días 26 y 27 de febrero pasado, El Siglo de Torreón sufrió dos ataques contra sus instalaciones que causaron la muerte de una persona y otras dos heridas. Estas agresiones se suman a otros dos ataques que sufrió este diario de la región de La Laguna en 2009 y 2011. Incluso cinco trabajadores del periódico fueron levantados por un grupo armado y regresados sanos y salvos al día siguiente.

En marzo, el grupo de prensa Zócalo anunció que dejaría de publicar información relacionada con el crimen organizado en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, todas ciudades de Coahuila, porque “no existen garantías ni seguridad para el ejercicio pleno del periodismo”, escribió en un editorial.

En Chihuahua, el 6 de marzo varios sujetos armados dispararon contra el Diario de Ciudad Juárez y la sede del Canal 44 de televisión sin causar heridos.

CRIMINALIZAN REPOTEROS EN MARCHAS

Daniel Zapico, de Amnistía Internacional México señaló que durante 2013 se presentó un fenómeno relativamente novedoso, las agresión a periodistas que se encontraban cubriendo marchas en la Ciudad de México.

Incluso, recordó, se iniciaron procedimientos penales contra algunos de ellos, pertenecientes principalmente a medios independientes o colectivos independientes.

“Y eso resulta muy preocupante, porque pareciera un intento de acallar la cobertura periodística, especialmente la que tiene que ver con medios independientes”, apuntó.

Tras los hechos violentos ocurridos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, denunció que varios activistas y periodistas fueron golpeados y pateados por elementos policiacos, cuando realizaban su labor de observación, durante la megamarcha.

Darío Ramírez, Director General de Artículo 19 México, informó que se registraron agresiones contra 25 comunicadores y periodistas que cubrían la marcha del 2 de octubre. Y calificó como “técnicas porriles” varias de las acciones cometidas por elementos policiacos.

“No hay justificación  alguna para que todas las técnicas porriles que vivimos ayer por parte de la policía sean justificadas. Parecería que el Estado mexicano está sometido ante actos de violencia y la única salida es reparar en la mano dura. Los hechos de violencia debieron de haber sido contenidos de manera eficaz y los violentos debieron de haber sido procesados”, expresó Darío Ramírez.

Los defensores de los derechos humanos exigieron a las autoridades sancionar a los responsables de las arbitrariedades cometidas contra activistas y sociedad civil.

Se precisó que los periodistas y activistas estaban plenamente identificados con gafetes y chalecos fluorescentes que acreditaba su participación como observadores y al momento de grabar las presuntas detenciones arbitrarias contra gente civil los granaderos arremetieron contra ellos.

“Lo detienen, juntan a 20, 25 policías, abren un círculo y comienzan a golpearlo en el centro de forma totalmente desproporcionada. Varios defensores que estábamos ahí nos acercamos a documentar y a tratar de pedir que no se excedieran en la fuerza y comienzan a golpearme con escudos me dan un toletazo, incluso un mando policiaco me suelta una bofetada directamente”, detalló Quetzalcóatl Fontanot, defensor de derechos humanos del Centro Agustín Pro.

CREEN QUE LEYES SOLUCIONAN PROBLEMAS: AI

Amnistía Internacional también expresó preocupación por la lentitud en los avances en materia de protección a periodistas. Como ejemplo, Daniel Zapico señaló el mecanismo para ofrecer protección, ubicado en la Secretaría de Gobernación, del cual da cuenta la Ley para Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este mecanismo empezó a funcionar a finales del año pasado, y este año debía de funcionar a plenitud, sin embargo, ha sido escaso el avance para actuar en la prevención y análisis de los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos.

“No se trata de reaccionar hasta que haya un ataque para ofrecer protección, sino también de ofrecer medidas preventivas para evitar que se llegue a situaciones de riesgo”, detalló Zapico.

El representante de Amnistía Internacional México se refirió, a continuación, a que las organizaciones defensoras de derechos humanos no han visto avances significativos en la protección a comunicadores, a pesar del discurso oficial por parte del Gobierno Federal.

Expresó que pareciera que la tendencia es sólo hacer declaraciones o crear leyes sin recursos prácticos, son suficientes para  cambiar la realidad que se vive en el país, y no es así.

“La creación de leyes, la creación de normas, a veces incluso la creación de instituciones, como la Fiscalía Especializada para los Delitos contra Periodistas, donde la norma no termina siendo útil porque no se aplica, porque no hay recursos, porque no es la prioridad, esto es algo que hemos visto en muchas situaciones”, expresó Daniel Zapico.

Reprochó que el Gobierno Federal no haya reaccionado con la misma rapidez para implementar los mecanismos de protección a periodistas, como lo hizo la sociedad civil para impulsar la Ley de Protección para Periodistas.

“Se trabajó mucho para logarla, ¿cómo se hizo? Con un consejo consultivo, compuesto por representantes de la sociedad civil, tanto defensores de derechos humanos como de los propios periodistas; con una dotación específica de recursos que el Congreso dotó mediante un fideicomiso. Entonces hubo un trabajo muy fuerte y ahora resulta que no se ha implementado con la misma rapidez”, apuntó el defensor de derechos humanos.

CONGRESO MÍNIMO APOYO A PERIODISTAS

En octubre de este año, el Senador del Partido del Trabajo, Marco Antonio Blásquez Salinas, Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación en el Senado, apoyó a periodistas de Tijuana, Baja California, y exigió al Consejo de la Judicatura Federal protección para los comunicadores locales, ante la presión que ejercía un juez para que revelaran sus fuentes.

“Los periodistas y medios de comunicación afectados han recibido trato inquisitorial por parte de algunos juzgadores federales en Baja California y estas actitudes no resultan acordes con el compromiso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros han asumido con los derechos humanos, y deben enmendarse a fin de garantizar a los periodistas el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito de la jurisdicción federal”, acotó Blásquez Salinas, en un comunicado de prensa.

El Senador petista afirmó que son muy claros los preceptos nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión, establecidos en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, donde se establecen las nuevas obligaciones de las autoridades para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos.

Ya en marzo de este año, el mismo Senador Marco Antonio Blásquez Salinas había solicitado mayor protección no solo para reporteros, fotógrafos, sino para las sedes, edificios, oficinas y personal que labora en los medios de comunicación.

Propuso instalar puestos de revisión en las inmediaciones, video vigilancia, identificación del modus operandi, diseñar una arquitectura defensiva en función del tipo y calibre de las armas empleadas.

“Así como se protege en la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se busca que el medio, el inmueble sea protegido, porque en éste hay personas”, precisó el petista.

Sin embargo, fuera de estos esfuerzos individuales, ni el Senado, ni la Cámara de Diputados, realizaron acciones definitivas para avanzar en la protección del gremio periodístico.