Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– El 2014 no fue un buen año para el país. Economía, inseguridad, desarrollo son algunos temas que no pasaron desapercibidos; sin embargo, los protagonistas de muchos de estos casos son políticos. Reprobados en su aceptación por la sociedad, encarcelados, obligados a dimitir de sus cargos, son algunas de las consecuencias, aunque otros más continúan en sus cargos y aún tomando decisiones que no terminan por solucionar las mayores problemáticas del país como recién los numeró Aurelio Nuño Mayer, jefe de la oficina de la Presidencia de la República. “Los verdaderos enemigos de México son la impunidad, la pobreza, la desigualdad, la violencia y la corrupción”.

A días de concluir el año, hay 10 políticos que pasaron al menos una noche mala, pues estuvieron inmiscuidos en algún escándalo o peor, continúan en él.

1. ÁNGEL AGUIRRE

Ángel Aguirre Rivero no superó la crisis más fuerte en su gobierno. La muerte de seis personas, entre ellas, tres jóvenes normalistas y la desaparición de 43 más, todos  de la Normal Rural de Ayotzinapa. Pidió licencia y el poder quedó en manos de un académico. Apenas salía de diversas crisis del año pasado como el paso de la tormenta tropical Manuel que dejó incomunicadas diversas zonas del estado. Las agresiones a un grupo de turistas españoles donde seis mujeres fueron violadas por al menos cinco hombres, cuando este año, su puerto más importante, el de Acapulco, fue nombrado como la tercer ciudad más peligrosa del mundo, de acuerdo con el Ranking de las 50 ciudades más violentas. Aguirre no sabía lo que le esperaba. El 26 de noviembre, un grupo de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” salieron de su escuela con rumbo a la ciudad de Iguala, donde la esposa del Alcalde José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda, presentaba su informe al frente del DIF. En su camino fueron interceptados. Seis personas fueron acribilladas, dos de ellos estudiantes, tres más, un jugador, el chofer del autobús y una pasajera de un taxi. El tercer estudiante fue encontrado también sin vida, pero con el rostro desollado. Días después los padres de 43 jóvenes  denunciaron la desaparición de sus hijos. Las autoridades estatales iniciaron con la investigación, sin embargo, tras los malos resultados, el gobierno federal adoptó el 4 de octubre el caso. Los padres día con día exigían la renuncia de Ángel Aguirre. El 12 de octubre, el líder del albergue Hermanos en el Camino, el padre Alejandro Solalinde Guerra, también solicitó la renuncia del Gobernador. “El horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades”, dijo. Posteriormente, los partidos Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) se sumaron a la petición por ser responsable del “grave estado de ingobernabilidad” en que se encuentra sumido el estado de Guerrero. Finalmente, el 23 de octubre, Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero, pidió licencia a su cargo 27 días después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas. “El día de hoy, con fundamento en el Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia a mi cargo. Estoy convencido que esta es un decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo que me vio nacer”, dijo en conferencia de prensa. Un día antes de su renuncia, se realizó una jornada mundial de protestas donde exigían, además de la aparición con vida de los 43, las renuncias de Aguirre y del Presidente Peña Nieto.

2. ENRIQUE PEÑA NIETO

El 13 de febrero, Peña Nieto apareció en la portada de la revista Time. Era el protagonista del reportaje principal titulado: “Saving Mexico” (Salvando a México). La publicación planteaba cómo “las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto han cambiado la narrativa en su nación manchada por el narco”. Hablaba sobre las reformas estructurales conseguidas por Peña Nieto en su primer año de gobierno podrían dar un giro a la economía y también a la situación de violencia que vive el país. Sin embargo, en septiembre evidencias de una ejecución de 22 personas, entre ellas, una menor de edad por parte de elementos del Ejército mexicano, comenzó a cambiar la perspectiva del extranjero hacia México. Cuando el caso Tlatlaya comenzaba a resonar en la prensa extranjera, en México ocurría otra desgracia: el asesinato de tres estudiantes y la desaparición de 43 más, todos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, a manos de elementos de la Policía Municipal, coludidos con miembros del crimen organizado. Las protestas en México y en el mundo no se hicieron esperar. Diario se realiza alguna manifestación donde exige la aparición con vida de los jóvenes, y la renuncia de Peña Nieto. El 29 de octubre, Peña Nieto se reunió, por primera vez, con los familiares de los 43 normalistas. Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes le dijo al mandatario: “Si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe estar pensando lo mismo que el Gobernador de Guerrero, porque también tiene responsabilidad”.

Finalmente, el pasado 1 de diciembre, tras cumplir dos años en el gobierno, el diario Reforma publicó su encuesta de popularidad. Peña Nieto bajó 11 puntos en el último cuatrimestre, situándose en 39 por ciento. La encuesta reveló que el 92 por ciento de los líderes de opinión consultados y el 72 por ciento de la ciudadanía consideró como mal o muy mal la manera como el Presidente Peña Nieto está tratando el asunto de la corrupción. Con respecto a la violencia en el país el 88 por ciento de los líderes y el 81 por ciento de los ciudadanos dio una calificación negativa al mandatario.

3. JOSÉ LUIS ABARCA 

En 2013, José Luis Abarca Velázquez fue acusado por el asesinato del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, sin embargo, nunca se le investigó. Hoy, enfrenta cargos por ser presunto responsable de delincuencia organizada, secuestro y homicidio, esto como consecuencia del asesinato de seis personas la madrugada del 26 de septiembre, así como la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes. Luego de darse a conocer los hechos del 26 de septiembre, José Luis Abarca Velázquez, ex Alcalde de Iguala, Guerrero, pidió licencia por la presión política y social el 30 de septiembre. El cabildo de Iguala se la otorgó y ese mismo día desapareció. Dos semanas después, diputados locales del Congreso de Guerrero aprobaron el juicio de revocación de mandato al Alcalde con licencia. “Las pruebas aportadas se ponen de manifiesto que el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez en su carácter de máxima autoridad municipal y jefe de la administración pública tiene a su mando al personal de seguridad pública y la obligación de mantener la paz y la tranquilidad pública, situación que no aconteció los días 26 y 27 de septiembre en Iguala”. Abarca duró prófugo 35 días. El 5 de noviembre, el ex Edil junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa fueron detenidos en una colonia de la delegación Iztapalapa. Él no opuso resistencia e incluso reconoció que “ya estaba cansado de estarse escondiendo […] ya no aguantaba”. El 13 de noviembre, la Fiscalía General de Guerrero (PGE) obtuvo el auto de formal prisión contra José Luis Abarca por los delitos de homicidio calificado en agravio de seis personas, en relación a los hechos del 26 y el 27 de septiembre. Dos días después, el Juzgado Quinto de Procesos Penales federales dictó auto de formal prisión como presunto responsable de delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número “Uno” Altiplano en el Estado de México. Apenas el pasado 16 de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el aseguramiento de las cuentas bancarias del ex Alcalde de Iguala y de su esposa.

4. MIGUEL ÁNGEL MANCERA

El Jefe de Gobierno inició el año con una serie de protestas en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por el aumento de la tarifa al boleto de 3 a 5 pesos. Bajo la campaña #PosMeSalto, miles de usuarios brincaban los torniquetes apoyados por jóvenes que tomaron en diversas ocasiones las entradas a las estaciones. El 12 de junio el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, fue obligado a salir con escolta del informe de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, luego de que un grupo de jóvenes lo rodeara y le lanzara reclamos por las agresiones sufridas durante distintas manifestaciones públicas desde que asumió la administración de la Ciudad. Los jóvenes le reclamaron al mandatario capitalino el uso de la fuerza pública para disolver manifestaciones, así como los excesos cometidos por la policía no sólo contra manifestantes, sino también contra defensores de derechos humanos y periodistas. Las protestas no cesaron y por el contrario, tras el anuncio de las modificaciones al Programa Hoy No Circula que dejaron fuera de circulación todos los sábados del mes a los vehículos más viejos de la Ciudad, cientos de automovilistas le exigieron con marchas y pintas en vehículos para detener este plan. También, la Ciudad de México ha sido sede constante de las marchas por los 43 jóvenes de Ayotzinapa. El 8 de noviembre, la manifestación se llevó en calma, sin embargo, al finalizar un grupo incendió la puerta de Palacio Nacional y un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, minutos después de los hechos, detuvo a personas arbitrariamente. Desde entonces, ciudadanos y organizaciones civiles han denunciado que la Policía del DF ha agredido y detenido arbitrariamente a manifestantes pacíficos. Incluso Jesús Rodríguez Almeida, entonces Secretario de Seguridad Pública de la capital tuvo que pedir su renuncia. En la encuesta de aprobación del diario Reforma, Mancera tuvo un nivel de desaprobación de la ciudadanía del 60 por ciento, además, respecto a calificación, recibió un 5 entre los ciudadanos y de 4.7 entre los líderes.

5. FAUSTO VALLEJO

Michoacán inició el año ya con el levantamiento de los grupos de autodefensa encabezados por el doctor Manuel Mireles Valverde, con el fin de combatir la inseguridad en el estado. El 4 de enero, tomaron el municipio de Parácuaro, bastión de los Caballeros Templarios y el 9 de febrero tomaron Apatzingán. Días después se designó a Alfredo Castillo Cervantes como Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, para restablecer el orden en el estado y formalizó a los autodefensas como integrantes de la Fuerza Rural. Su puesto, criticaron líderes de opinión e incluso políticos, relegó totalmente las labores de Fausto Vallejo, pues el ex Procurador del Estado de México llegó a imponer su poder en la entidad. Fausto Vallejo pidió licencia en abril del año pasado por 90 días para atender un problema de salud. Su Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García fue nombrado Gobernador interino. Finalmente el 23 de octubre de 2013 el Congreso estatal oficializó la reincorporación de Vallejo como Gobernador. Este año, en abril, Reyna García fue detenido por la Procuraduría General de la República, y en mayo el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó auto de formal prisión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, en su modalidad de cometer delitos contra la salud, por posibles nexos con la organización delictiva Los Caballeros Templarios. Finalmente, en medio de escándalos de corrupción y acusaciones por nexos con el crimen organizado de Michoacán, el priista Fausto Vallejo Figueroa renunció a la gubernatura de Michoacán el  18 de junio para poder “atender su salud”. Días antes de hacer el anuncio, su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fue exhibido como uno de los que se reunían con  Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios, posteriormente fue detenido y el pasado 8 de agosto se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de encubrimiento.

6. RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

Raúl Plascencia Villanueva, ex presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no fue reelegido para su cargo por diversas acusaciones e incluso organizaciones y defensores de derechos humanos lo denunciaron por servir a sus intereses personales y no a atender a víctimas. El 23 de septiembre, un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda de Juicio Político contra Plascencia por las “graves omisiones” frente a inumerables casos y por utilizar a la institución a “modo” a fines distintos a la defensa de derechos humanos. También lanzaron la campaña #NoMasComPlascencia para evitar que Villanueva fuera reelecto como titular de la CNDH “ya que ha dañado gravemente la institución por utilizarla facciosamente para golpear a sus adversarios políticos”. En octubre, el diario Reforma publicó un reportaje donde revela que Plascencia estrenaría una casa en jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad, valuada en 20 millones de pesos. En respuesta, el ex Ombudsman nacional dijo que era el producto del trabajo de 15 años como funcionario y 15 años previos como profesor, además del apoyo de su esposa. En el proceso para elegir al próximo ombudsman nacional, en el Senado comparecieron todos los participantes, entre ellos Raúl Plascencia. Durante su intervención la Senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores, criticó su gestión ante la CNDH. Le recordó que se le ha ido aumentando el presupuesto desde que tomó posesión como presidente, y este año, con más de mil 400 millones de pesos, este año, sólo ha emitido 41 recomendaciones. “Por lo tanto, las recomendaciones que se emitieron en 2014 costaron 54 millones y medio de pesos”, además de que se han emitido con mucha lentitud, pues de las 41, sólo 13 pertenecen al año en curso. Antes de concluir el proceso, las distintas fracciones legislativas dieron a conocer sus ternas para elegir al próximo presidente de la CNDH. Todas descartaron la reelección de Plascencia. Finalmente el 13 de noviembre, el Pleno del Senado eligió a Luis Raúl González Pérez como el nuevo presidente de la dependencia para el periodo 2014-2019.

7. SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA

El General Salvador Cienfuegos encabeza al Ejército de México, la institución de gobierno que más confianza tiene entre los ciudadanos, sin embargo, recientemente la Universidad del Valle de México realizó un estudio en el que demuestra que comienza a perder su credibilidad ante los ciudadanos, quienes lo calificaron un 7.23 en una escala del 1 al 10 donde 10 significa que hay mucha corrupción. El 30 de junio elementos del Ejército mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero. La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), señaló que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos. Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”. Por los sucesos ocurridos en Tlatlaya, el pasado 2 de noviembre siete militares fueron consignados acusados por el delito de abuso de autoridad, a tres de ellos por homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo por el caso Tlatlaya. En el momento se detuvieron a Cinthia Stephanie Nava López y Patricia Campos Morales que se encontraban en la bodega donde se registró el enfrentamiento, sin embargo, el pasado 15 de diciembre, el Juzgado IV de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó la libertad de ellas porque no encontró elementos para acusarlas por los delitos de acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo de las fuerzas armadas. Días después, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número, el grado, la unidad y el batallón o la compañía a la que pertenecen cada uno de los militares involucrados en la ejecución extrajudicial de 22 personas ocurrida el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México. Por otra parte, la noche del 26 de septiembre, el Ejército tardó casi seis horas en informar al Ministerio Público que dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos habían sido asesinados por múltiples disparos en la esquina del periférico de Iguala y la calle Juan N. Álvarez. La entrada del campo militar del 27 Batallón de Infantería del Ejército en Iguala se ubica en la avenida Periférico Oriente, a unas ocho cuadras del centro de la ciudad, dentro de la zona. El sitio donde ocurrió la emboscada de policías municipales contra los estudiantes que viajaban en tres autobuses se ubica en la esquina de Periférico Norte y la calle Juan N. Álvarez, que atraviesa el centro de la ciudad. El 18 de diciembre, alguna padres de los normalistas bloquearon la entrada del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. Bajo el grito de “¡asesinos, asesinos!”, los padres reclamaron que los militares no hicieron nada para evitar los ataques de la Policía de Iguala en contra de sus hijos. El 11 de noviembre, el General Salvador Cienfuegos Zepeda aseguró que el el Ejército Mexicano aportará sus mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos “sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece”. Dijo que a diferencia del criminal ‘‘que se esconde y comete sus acciones ilícitas para arrebatarle la tranquilidad y el patrimonio a los mexicanos [los militares] hemos cumplido, cumplimos y cumpliremos nuestras tareas de manera abierta, sin ocultarnos, con plena identidad de nuestras acciones’’.

8. JESÚS MURILLO KARAM

El 7 de noviembre, Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), dio a conocer la versión sobre la presunta muerte de los 43 normalistas desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero. Al concluir la conferencia, en la ronda de preguntas, expresó: “Muchas gracias… ya me cansé”. Desde entonces, usuarios de las redes sociales adoptaron la frase como consigna para demostrar su inconformidad con las autoridades. Baho el hashtag #YaMeCansé, miles alrededor del mundo expresaron su cansancio pero de la inseguridad que hay en el país. El 20 de noviembre se realizaron decenas de marchas en todo el mundo dentro de una Acción Globla por Ayotzinapa. En el Distrito Federal detuvieron a 11 personas arbitrariamente y días después, la PGR presentó como prueba central de la causa en contra de los 11 detenidos del Zócalo eltestimonio de los mismos policías que los arrestaron y añadió un elemento “clave” para sostener que pertenecen a un “grupo colectivo subversivo”: entre ellos “se decían compas”. La fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa y los trasladó a penales de máxima seguridad. Finalmente el 29 de noviembre fueron libertados por falta de pruebas. Al salir de los penales, los familiares de los jóvenes  exigieron la renuncia del Procurador General, Jesús Murillo Karam, y pidieron la reparación del daño para sus familiares. Edgar Garduño, hermano de Liliana, una de las detenidas, indicó que en algún momento el Procurador Jesús Murillo Karam dijo que “si nuestros familiares no eran procesados él renunciaba, pues ahora le pedimos su renuncia”, exigió. Finalmente, el pasado 10 de diciembre, un estudio realizado por cinco científicos que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) asegura que la hipótesis de la PGR es imposible de probar científicamente, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios, destaca. “Es imposible que hayan sido quemados en Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Montemayor, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM. “Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesitado 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, dijo Montemayor  en una conferencia de prensa.

9. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

El 30 de septiembre miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) marcharon desde el Casco de Santo Tomás con rumbo a la Secretaría de Gobernación para exigir que el gobierno federal intervenga en el conflicto del cambio al Reglamento Interno, además de sus diferencias con la entonces directora general del IPN, Yoloxóchitl Bustamante Díez. Al rededor de las 15:00 horas, en un hecho inédito, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la dependencia salió a la calle para recibir el pliego petitorio de los jóvenes. En un templete improvisado y con micrófono en mano, el Secretario prometió encontrar solución a sus demandas y les dijo: “me pongo a su disposición”. Reconoció el movimiento #TodosSomosPolitécnico y fue obligado a leer, frente a todos, el pliego petitorio. Al finalizar el evento, los estudiantes junto con Osorio Chong acordaron verse al siguiente viernes, en el mismo lugar, con el mismo formato donde esperaban las respuestas a sus demandas. Sobre el caso de Tlatlaya, el Secretario de Gobernación dijo ante Diputados que fue una acción aislada y en caso de comprobarse la responsabilidad de algún militar, “sería la excepción porque tenemos un gran Ejército que no está desgastado y este hecho tampoco lo podrá desgastar”. El 16 de noviembre acudió al estado de Veracruz para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, misma en la que fue abucheado cuando mencionó al Presidente de México, Enrique Peña Nieto. “Les doy la bienvenida a las 31 naciones. Los mexicanos y las mexicanas nos sentimos con un gran honor por estos juegos, los mejores juegos”, dijo Osorio Chong, provocando los abucheo.

10. LUIS VIDEGARAY CASO

Luis Videgaray Caso, ex coordinador de las campañas de Eruviel Ávila Villegas al Edomex y de Enrique Peña Nieto a la Presidencia no tuvo su mejor año en este 2014. Le economía del país parece no alcanzar siquiera el 2 por ciento de crecimiento que se tenía estimado. No sólo eso, recientemente se vio inmiscuido en un posible conflicto de interés tras la compra de una casa al Grupo Higa, caso revelado por prensa extranjera. El 11 de diciembre, una investigación de The Wall Street Journal reveló que  el Secretario de Hacienda y Crédito Público, compró en Malinalco una casa al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa. “El Secretario de Hacienda de México compró una casa al grupo contratista del gobierno que está en el centro de las acusaciones turbulentas de tráfico de influencias con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto”,  se podía leer en el reportaje firmado por Juan Montes. De acuerdo al WSJ, los registros comerciales muestran que el grupo de Juan Armando Hinojosa ganó cientos de millones de dólares en proyectos de obras públicas durante el mandato de Peña Nieto como Gobernador del Estado de México y en su actual administración. A Videgaray no se le acusó de un acto ilegal. “Pero la operación se suma a la aparición de conflictos de intereses que han dañado la credibilidad y la popularidad de Peña Nieto, que llegó al poder prometiendo un cambio en las prácticas del Partido Revolucionario Institucional”. También, según el diario, “es una muestra viva de los amplios vínculos comerciales y personales entre el contratista y los altos funcionarios del gobierno”. Videgaray, en respuesta a las preguntas de WSJ, dijo que compró la casa a Hinojosa en octubre de 2012,  menos de dos meses antes de que la administración de Peña Nieto asumió el cargo el diciembre. “No hubo ningún conflicto de intereses. Hice el trato cuando yo no tenía cargos públicos”, dijo Videgaray. “La transacción fue inusual”, matizó WSJ, ya que Videgaray se hipotecó con el grupo del señor Hinojosa con 532 mil dólares, de acuerdo con los documentos. “Pero por alguna razón, Videgaray dijo que que después pagó la hipoteca en su totalidad”. Al día siguiente Videgaray apareció en diversos programas de noticias. En entrevista para el programa Primero Noticias, que conduce Carlos Loret de Mola, el encargado de las finanzas públicas del país dijo: “Definitivamente no [venderá la casa], es propiedad mía, de mi familia. En referencia a su separación de la Secretaría de Hacienda precisó: “Yo soy Secretario por decisión del Presidente y lo seguiré siendo mientras él así lo decida”.