Las instituciones electorales atraviesan por un mal momento de cara a los comicios de 2018 y ya inmersas en el proceso electora, coincidieron analistas políticos. Ésta, afirmaron, es una situación preocupante cuando faltan poco más seis meses para las elecciones donde estarán en juego 3 mil 326 puestos de elección popular y, en especial, se votará por el nuevo Presidente de la República.

La imagen de los llamado árbitros electorales, dijeron los consultados, está marcada por las elecciones de este año en el Estado de México y Coahuila: en ambas los partidos de oposición alegaron fraude y también, en esas dos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las anomalías presentadas por el Instituto Nacional Electoral, a partir de las denuncias de los partidos políticos de oposición.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– El actuar de las instituciones electorales ha pasado factura a su imagen de cara a los comicios del próximo año y, pero aún, ha generado más dudas sobre su imparcialidad, coincidieron analistas políticos. Las elecciones de 2017 y las diferencias de criterios entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) son dos de los factores de mayor preocupación, destacaron.

El 24 de noviembre pasado, los magistrados del Trife terminaron por avalar la elección de Miguel Ángel Riquelme Solís como Gobernador de Coahuila, después de considerar que el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no había excedido los topes de gasto de campaña.

Dicha resolución llegó casi seis meses después del voto en las urnas y, además, contaba con un antecedente inmediato: las impugnaciones por la elección del Estado de México desechadas por el Trife, que el 14 de septiembre también terminó por validar la elección del priista Alfredo del Mazo Maza como el nuevo Gobernador mexiquense.

“En el Trife es donde se están reportando los expedientes más regresivos. No sólo son Coahuila y Edomex, sino el tema de la cancha pareja y una serie de sentencias donde se ve que están a favor del PRI de forma directa”, consideró José Antonio Crespo Mendoza, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La diferencia de criterios a la hora de resolver las anomalías presentadas durante los comicios 2017 entre el INE y el Trife terminó por generar un desgaste para ambas instituciones.

La tensión subió a tal punto que el 11 de noviembre pasado el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el Magistrado del Trife, José Luis Vargas Valdez, rechazaron de forma conjunta que hubiera un enfrentamiento entre ambas instituciones durante un evento oficial en Guanajuato.

“En esta situación, si el INE fue criticado por sus condiciones y el Tribunal por lo errático e imparcial de sus sentencias estamos en un serio problema”, dijo Eduardo Huchim, ex Consejero electoral de la Ciudad de México.

En junio de este año, Lorenzo Córdova reconoció en entrevista con Proceso que el compromiso de la institución de cara al 2018 era revertir el déficit de credibilidad en el que hoy se encuentran.

La última encuesta de GEA-ISA reflejó que un 42 por ciento y 34 por ciento de los ciudadanos consideran que el INE y el Trife no cumplen con su función adecuadamente, respectivamente.

Pese a los objetivos expresados por Córdova, la influencia de los partidos políticos en las decisiones podrían jugar en contra.

“En el INE no tan claramente [se ve esta influencia] porque hay cuatro consejeros de 11 que son la bancada del PRI. Pero acá, en el Tribunal, son cuatro priistas de siete. Entonces, ellos tienen mayoría, y responden a su interés”, expuso Crespo.

“Los consejeros son postulados por los partidos. Entonces se trata de cuotas de partidos. Normalmente se comportan –salvo contadas excepciones– conforme la línea que les marcan los partidos que los pusieron y no la de los ciudadanos. Eso quita toda la confianza”, detalló el académico e investigador del CIDE.

2017: DUDAS Y MENOS CREDIBILIDAD

Los comicios del 4 de junio conllevaron diversas críticas por parte de la oposición debido al despliegue de recursos federales previo a los comicios.

De acuerdo con Eduardo Huchim, este despliegue federal representa el nuevo reto al que se debe de enfrentar el INE, sin que haya tenido éxito hasta el momento.

El 23 de noviembre, Luis Enrique Miranda Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se comprometió a no visitar el Estado de México hasta pasadas las elecciones. Sin embargo, hacia el 13 de enero, este medio documento que dos de sus subsecretarios habían hecho seis visitas oficiales durante seis semanas.

Asimismo, el Presidente Enrique Peña Nieto fue protagonista de las giras previo a las elecciones.

El 10 de abril realizó su visita número 63 al Estado de México, cuando inauguró la planta de refrescos Peñafiel. El Jefe del Ejecutivo federal fue más veces a tierra mexiquense que a cualquier otra entidad del país.

“Un fraude como se caracterizaba hace 20 ó 30 años es ya muy difícil hacerlo a estas alturas. Aunque persisten algunas prácticas, como en el estado de Coahuila. Ahora el fraude tiene otro nombre. Se manifiesta en la compra y coacción del voto. En el uso de programas sociales con fines proselitistas. Y, en la intervención de carretadas de dinero en los procesos electorales, sin que las autoridades electorales sean capaces de frenar este torrente ni castigarlo una vez que ocurre”, detalló Huchim.

Sin embargo, los alegatos de fraude en el país son arrastrados desde décadas atrás. Tras las acusaciones de fraude, en 1988, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE). Y hacia 1994 se generó la figura de Consejero Ciudadano, propuestos y votados por la Cámara de Diputados para ser parte del Consejo General del IFE. En 1996 esa misma figura pasó a llamarse Consejero Electoral y quedaron como los únicos con derecho a voto.

El analista Enrique Toussaint Orendain detalló que el desgaste de las instituciones de continúo pese al cambio de partido en el Gobierno en el año 2000.

“Yo pienso que esa credibilidad se comienza a fermentar desde el 2006. Y aquella muy mala actuación del IFE en la elección de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa”, dijo Toussaint, quien consideró que las resoluciones particulares siguieron causando escándalos en los años que vendrían.

“Si hablábamos del Partido Verde en 2015, lo que pasó con Monex y Soriana, e incluso te diría los casos que ya estamos viendo con esta elección como, por ejemplo, lo de ‘El Bronco’, quien hace campaña abiertamente, utiliza el Gobierno del estado de Nuevo León y los recursos públicos para poder lograr su candidatura presidencial. Y sin embargo, ¿qué pasa? El INE, bien gracias, no toma ninguna medida”, agregó.

UN ÁRBITRO CON DEMASIADAS TAREAS

Hoy, el INE es una institución sobrecargada de tareas, coincidieron los analistas. Una situación que no va ser modificada de aquí a la realización de las elecciones, refirieron.

La institución tiene por tarea organizar los procesos electorales federales, los procesos electorales locales, elevar los niveles de participación y confianza en los comicios, capacitar funcionarios de las mesas directivas de casilla, garantizar la actualización del Registro Federal Electoral, organizar elecciones partidarias si se solicita y organizará consultas populares.

“Es un exceso para cual no dispone de los recursos El INE no es un Ministerio Público ni un Ejército. No dispone de recursos suficientes”, dijo Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La reforma del 2014 transformó al INE y le dio un papel a nivel local. Además, los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) se convirtieron en los responsables de llevar a cabo los comicios en los estados.

“Hay un modelo dual entre el órgano nacional y los OPLES, en donde muchas veces hace falta la armonización de las reglas de coordinación. Una parte la hace el INE y otra los OPLES. Pero, no está claro en donde interviene cada uno”, dijo Alberto Aziz Nassif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

“Se quería evitar que los gobernadores siguieran controlando los organismos locales. Ahora no son los gobernadores directamente, pero sí los partidos los que a través de sus representantes siguen manteniendo las cuotas en una buena cantidad de los que son los consejeros electorales y esto genera también poca confianza”, agregó.