Tlatlaya, donde los militares ejecutaron a civiles. Foto: Archivo

Tlatlaya, Estado de México, las huellas de sangre en la bodega donde militares ejecutaron a civiles. Foto: Archivo

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) se resiste a entregar a la Cámara de Diputados la información completa sobre los primeros tres meses en que tuvo a su cargo la investigación de la presunta masacre de 22 jóvenes, ejecutados por elementos del Ejército en el municipio mexiquense de Tlatlaya, en junio del año pasado.

En entrevista para SinEmbargo, la presidenta del grupo plural para coadyuvar en las investigaciones del caso Tlatlaya, la Diputada Elena Tapia Fonllem, consideró que hay un evidente interés de las autoridades por retrasar las conclusiones de la investigación de esta ejecución en el Estado de México, al no proporcionar información oficial, dar largas a las solicitudes e incluso evitar las entrevistas con altos mandos del Ejército.

“En los hechos se retrasa [la entrega de expedientes] para que no podamos tener una opinión definitiva o algún tipo de conclusión sobre la indagatoria”, explicó la presidenta del grupo plural de la Cámara de Diputados.

La legisladora agregó que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han brindado a los legisladores sólo testimonio verbal, sin entregar los expedientes solicitados.

Estas negativas, destacó, hacen imposible que el grupo plural conformado por ocho legisladores de todos los grupos parlamentarios hayan podido avanzar en su propia indagatoria de los hechos ocurridos el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, integrado en el informe preliminar del pasado 17 de diciembre.

“Estamos trabajando a marchas forzadas y sin elementos pues es más difícil”, se quejó la legisladora perredista.

La Diputada Tapia Fonllem explicó que, debido a los escasos datos brindados por las autoridades, el informe preliminar que presentó el grupo plural está basado en entrevistas y en información proporcionada de manera verbal con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con un grupo de elementos del Ejército involucrados en derechos humanos y conocedores del tema, aunque aclaró que no con altos mandos del Ejército.

QUIEREN DILUIR EL TEMA

Por otra parte, Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, expuso que existe una estrategia del Gobierno federal por retrasar la información y asegurar que se diluya el interés de la ciudadanía sobre el caso.

“Se puede ir perdiendo la indignación social, que es donde yo pienso que está realmente la gravedad del tema. Cuando la ciudadanía ya no participa en los asuntos que le preocupan es cuando hay impunidad absoluta”, afirmó en entrevista para Sin Embargo.

Mencionó que si la información se le niega a los legisladores que forman parte de uno de los Poderes de la Unión qué pueden esperar los ciudadanos que exigen saber qué pasa realmente en el país.

“Aquellos que no tenemos un rol de autoridad seguimos sin la posibilidad de tener acceso a los datos verdaderos, no solo en el caso Tlatlaya, tenemos el caso Ayotzinapa –la desaparición de los 43 normalistas–, tenemos el caso ABC, en Sonora –donde murieron 49 niños–, e infinidad de ejemplos de que estamos en un pantano de desinformación y de opacidad absoluto”, explicó el experto en derecho procesal penal.

Respecto al Informe preliminar del Grupo de Trabajo plural de la Cámara de Diputados sobre el caso Tlatlaya, el académico expuso que no hay información nueva ni trascendental en el texto de los legisladores.

“El texto básicamente profundiza en lo que ya sabemos, de forma un tanto más detallada. Y denuncia precisamente algunas cuestiones sobre la opacidad de la investigación. Sin embargo no hay más”, criticó.

El doctor Gilberto Santa Rita Tamés llamó a los medios de comunicación y a la sociedad en general a no permitir que se diluya el interés por conocer qué pasó realmente en Tlatlaya el 30 de junio del 2014, día en que 22 jóvenes fueron ejecutados en una bodega a manos de militares.

Consideró que la época electoral por sí misma fijará la atención de la ciudadanía sobre otros aspectos que también le son preocupantes, como es la economía y la democracia, pero explicó que la efervescencia de las campañas electorales no debería distraer la atención del caso Tlatlaya.

LO QUE DEBE ENTREGAR EDOMEX

Foto: Cuartoscuro

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávilla Villegas, quien reservó la información sobre el caso Tlatlaya. Foto: Cuartoscuro

La Diputada Elena Tapia Fonllem detalló que requieren del Gobierno del Estado de México los expedientes de las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría estatal, porque son vitales para determinar qué pasó realmente en Tlatlaya.

“Si bien el Procurador Jesús Murillo Karam accedió a tener una entrevista con nosotros, pues todavía no recibimos respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, ni del Gobernador [Eruviel Ávila Villegas] ni de la Procuraduría”, recalcó.

Durante varios meses, el gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas sostuvo que todas las personas fueron legítimamente asesinadas en un enfrentamiento con elementos del Ejército.

El grupo plural de la Cámara de Diputados solicitó de forma institucional a las autoridades mexiquenses una copia de los expedientes abiertos sobre los delitos, así como una reunión con funcionarios para detallar la información.

Tanto la Diputada Elena Tapia Fonllem como el grupo parlamentario del PRD adelantaron que el gobierno del Estado de México debe aclarar por qué asegura que sus peritajes fueron “apresurados” si tuvo 85 días para integrar la averiguación previa, hasta que la PGR atrajo el caso el 23 de septiembre de 2014.

Otro asunto que se requiere a la procuraduría estatal es conocer si turnó la investigación a la PGR contra las dos mujeres Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos, como un medio de intimidación, para evitar que se revelara la verdad complementario a la tortura, o porque no tenía conocimiento de los actos ilegales de sus agentes, peritos y ministerios públicos.

Otra duda de los legisladores es: ¿Por qué la CNDH declaró públicamente que la PGJEM le entregó mil 600 fotografías sin que se encontraran fotos detalladas de los cadáveres? Es decir, las fotos de las personas ejecutadas, conocidas nacional e internacionalmente gracias a los medios de comunicación.

Por lo que se supone que esas fotografías fueron omitidas o sustraídas por la PGJEM del expediente original.

También se solicita al Gobierno del Estado de México conocer qué funcionarios están bajo procesos administrativos o penales, y si actuaron bajo instrucción o en acuerdo con autoridades militares o con responsables de alto nivel del propio gobierno estatal.

Finalmente, los legisladores solicitan saber cómo efectuará la reparación integral del daño a las tres mujeres víctimas: “Julia”, Cynthia Estefani Nava López y Patricia Morales Campos; qué acciones tomará para restituir sus derechos y para garantizar investigaciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos.

INFORMACIÓN PENDIENTE DE PGR Y SEDENA

Por su parte, los legisladores demandan a la Sedena esclarecer la cadena de mando alrededor de los elementos militares que participaron en los hechos.

Consideraron que a más de 6 meses de los hechos no puedan tener conclusiones preliminares basándose en pruebas, testimonios, documentos oficiales y reconstrucción de los hechos.

Desean saber si además de los siete elementos procesados penalmente, intervinieron otros elementos militares con posterioridad, ya sea con su presencia física o mediante comunicaciones.

Asimismo, conocer el nombre del oficial que autorizó un patrullaje con 8 elementos si el mínimo es de 12, y fue omiso para cumplir el protocolo de hacer videograbación del operativo.

El grupo parlamentario del PRD pidió investigar el contexto y las relaciones del 102 Batallón de Infantería.

“Esa es una pregunta que nos hacemos todos, cualquier ciudadano, ¿Qué estaba haciendo allí el Ejército? ¿Quién los mandó? ¿Tras quien iban, a quién andaban persiguiendo o qué iban a hacer? ¿Quién dio la orden?”, explicó la legisladora Tapia Fonllem.

Señaló que inclinarse por la hipótesis de que “personas civiles antagónicas a las víctimas pudieron dar instrucciones a los soldados para realizar la matanza significa desplazar la atención de la cadena de mando, lo que la PGR no puede descartar por el momento”.

Finalmente se le solicitó hacer públicos los peritajes de balística y medicina forense para explicar, por ejemplo, por qué se encontraron 107 heridas de bala en las 22 personas fallecidas, y sólo 48 impactos en los muros.

O por qué hay sólo un impacto de bala en una de las tres camionetas estacionadas, mientras que la camioneta militar recibió 12 impactos según los peritos del Estado de México, todo en un enfrentamiento que no duró más de 10 minutos, así como explicar por qué 10 armas ubicadas junto a fallecidos no correspondían con el calibre de los cartuchos que llevaban.